Pasaron más de quince días y los papás de Ian, un menor discapacitados, mantienen la toma de la casa ubicada en el B° 32 viviendas de Saujil y en este lapso de tiempo, se mantiene la custodia policial como también la falta de respuesta al pedido de la adjudicación de parte de la comuna. Desde la justicia también hay ausencia, por cuando Julio Aivar indicó a La Unión, que luego de la frustrada visita de la asistencia social, no hubo otra acción desde la Fiscalía de Andalgalá, a cargo del fiscal Martín Camps.
Los padres del niño con síndrome de Down refieren que “vamos a seguir acá en la casa, porque justamente no hay respuesta de ninguna autoridad. Por lo tanto, nuestra lucha va a continuar. Y esto es por los derechos de nuestro hijo que tiene una discapacidad y porque justamente, no se respetó lo que le corresponde por ley”.
Mientras siguen indicando la falta de agua caliente y que, a pesar de todo, la salud del Ian “es buena”.
Y en este contexto es que Juan acusa que “prácticamente estamos como secuestrados”. “Solo dejan que ingresen alimentos y ropa, pero nada más. Nada de productos de limpieza. Ni siquiera cubiertos", comentó. Y seguidamente acotó: “la verdad que no sé quién es el que da las órdenes, porque la Fiscalía no intervino en nada y tampoco sabemos quiénes les dan las órdenes a los policías”.
Aivar y su esposa Micaela Gómez reconocen la toma, pero refieren que la misma es un derecho. “No se cumplió lo que nos había prometido el municipio. Todo es una contradicción y por eso no entendemos quiénes son o quién es el que da las órdenes”, indicó.
En el medio, recordemos que el único esbozo de arreglo fue una propuesta desde la comuna de una casa, que aún no está terminada. Hasta tanto se culminen las obras, que sería dentro de cinco meses, se les daría otro lugar en calidad de alquiler, todo a cargo del Ejecutivo municipal. “Esa es la oferta, pero son solo palabras. Nosotros vamos a seguir aquí en esta lucha por los derechos de nuestro hijo. Es lo que corresponde, porque aquí no respetaron el cupo que debe estar asignado para menores con discapacidad", sentenció el padre del niño.
El reclamo
Aivar comentó cuestionó que las viviendas se hayan entregado a personas que “no les corresponden”. El matrimonio apuntó que en el barrio 32 viviendas en Saujil no hay ninguna familia con personas con discapacidad denunciando que en la confección del listado hubo “acomodos".
“Es una burla, estas son viviendas sociales, para gente con escasos recursos. Queremos una solución tanto para la familia a la que le dieron la casa, como para nosotros.” sostuvo Micaela.
