Con una inflación que habría vuelto a superar el 7,5% mensual en abril y que apunta hacia el 126,4% punta a punta en 2023, según las expectativas de bancos, consultoras y economistas, el Gobierno define la poítica de ingresos para los próximos meses, vital para un "alivio" que le permita al Frente de Todos mejorar sus chances en las elecciones.
Este miércoles, tras la difusión del índice de Salarios que confecciona el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el Gobierno tendrá listo el cálculo de la fórmula de movilidad jubilatoria y podría anunciar un aumento para los jubilados, pensionados y quienes perciben asignaciones que estará en torno al 21% trimestral y se aplicará a partir de los haberes de junio. Además, cabe esperar un incremento en los bonos para subir el poder adquisitivo de quienes cobran la mínima.
El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) estima que un 21,04% de actualización en la fórmula de movilidad le ganaría por unas 8 décimas a la inflación del período, pero teniendo en cuenta precios que corrieron al 7% mensual en abril.
De esta forma, los jubilados que cobran la mínima pasarán de $ 58.665 mensuales a $ 71.009 en junio, más el bono de $ 15.000 que también sería actualizado hasta entre $ 18.000 y $ 20.000.
Piso del impuesto a las Ganancias, deducciones y suma fija
Para los trabajadores activos, este fin de semana Sergio Massa oficializó la suba del piso para el pago del impuesto a las Ganancias a las remuneraciones brutas por encima de $ 506.230 por mes, lo que según el ministro de Economía es un incremento anual del 125% y beneficia a unos 250.000 empleados en relación de dependencia.
El "alivio fiscal" también llegará retroactivo a todo el período fiscal 2023 a unos 600.000 trabajadores (entre ellos docentes, médicos, policías y otros del sector de la Salud, la Educación, la Seguridad, el Comercio y la Industria) por el lado de las deducciones de Ganancias en conceptos como las horas extras, los viáticos y los bonos por productividad.
Mientras tanto, resurgen las presiones desde un sector del sindicalismo más ligado al kirchnerismo para que se imponga otorgar una suma fija a los empleados registrados, que podría rondar los $ 60.000.
La discusión se inició el año pasado con un monto que entonces se reclamaba de $ 30.000, valor que le otorgó la vicepresidenta Cristina Kirchner a los empleados legislativos pero que luego el presidente Alberto Fernández no convalidó generalizar, mientras la CGT no quería que la suma fija reemplazara a las paritarias.
Con todo, el Gobierno busca recuperar el consumo privado para sostener una economía que podría caer un 4% este año. Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas cayeron 0,1% en abril y suman una baja del 0,7% en el primer cuatrimestre.
