Autora: Mariana Turati, periodista
Como periodista especializada en investigaciones de casos internacionales que involucran a emigrantes, llevo mucho tiempo estudiando el caso de la llamada "secta rusa de Bariloche" — una historia que revela problemas profundos dentro del sistema judicial argentino. No se trata solo del escándalo alrededor de Konstantin Rudnev, detenido en abril de 2025 bajo cargos de trata de personas. Es un ejemplo de cómo los fiscales, cuya misión es proteger la ley, en realidad la manipulan en su propio interés, ignorando los principios fundamentales de la justicia.
¿Qué está pasando?
El 28 de marzo de 2025, Konstantin Rudnev y otras 20 personas — en su mayoría mujeres rusas — fueron detenidos en el aeropuerto de Bariloche, acusados de trata de personas. Desde entonces han pasado casi 8 meses.
La mujer a la que los fiscales llamaron "víctima secuestrada" renunció públicamente a ese estatus y presentó una denuncia contra los fiscales y el personal médico por haber causado un daño grave a ella y a su recién nacido. Ella escribe cartas al presidente Javier Milei y coopera con Amnesty International y GHRD, exigiendo el cierre del caso.
Dos peritajes demostraron la ausencia de drogas tanto en Konstantin como en los demás detenidos.
Las mujeres detenidas, que habían llegado a la Argentina con fines turísticos, denunciaron torturas y desmayos por hambre en dependencias policiales.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresa seria preocupación por la legalidad del proceso de investigación, mientras los detenidos siguen en condiciones de extrema vulnerabilidad.
Analicemos algunos hechos llamativos del caso, en el que, según la fiscalía, "nada ha cambiado durante la investigación".
Ignorar a las víctimas
En octubre de 2025 tuvo lugar una audiencia donde Elena Makarova, presentada como "víctima" en el expediente, declaró.
Ella negó ser víctima y acusó a las autoridades de llevar a cabo una "caza de rusos" y de haber causado un daño grave a su hijo recién nacido, exigiendo una investigación sobre los fiscales.
Pero esta audiencia — en la que la principal supuesta "afectada" habló durante más de 4 horas con su bebé en brazos — fue ignorada por quienes deberían proteger la ley: los fiscales Tomás Labal, Gustavo Revora, Rodrigo Treviranus y Oscar Fernando Arrigo, así como el juez. Simplemente no se presentaron.
Las declaraciones de Elena fueron ignoradas y ni siquiera incluidas en el expediente.
Y sin embargo, la base de toda justicia es recopilar información y escuchar a todas las partes, especialmente a quienes supuestamente se protege.
Sin eso, el proceso se convierte en una farsa.
Si no escuchan a la "víctima" que dicen defender, ¿a quién escuchan? ¿A quién representan realmente y a quién están protegiendo?
"El sistema es imperfecto"
Otro ejemplo revelador es la situación con la Corte Suprema de Argentina.
Elena Makarova presentó una denuncia contra los fiscales y el personal médico, acusándolos de violar gravemente sus derechos y los de su hijo durante el parto y los eventos posteriores de marzo de 2025.
Afirmó que ella y su bebé fueron mantenidos en condiciones de tortura, que su voluntad fue ignorada y que se la usó como pretexto para inflar el caso contra Rudnev.
Pero la Corte Suprema se negó a admitir la denuncia.
Cuando quieren, admiten las quejas; cuando no quieren, no.
Eso es aplicación selectiva en estado puro: la ley se aplica solo cuando conviene a las autoridades.
Violaciones en el caso de la "secta rusa de Bariloche"
Volvamos al caso de Bariloche.
El artículo 210 del Código Procesal Penal de Argentina establece claramente que la prisión preventiva es una medida extrema, aplicable solo cuando no existen alternativas y debe seguir un orden gradual.
Pero a Konstantin Rudnev lo arrestaron inmediatamente al intentar salir de Bariloche, sin medidas previas, y lo enviaron directamente a una prisión de máxima seguridad.
¿Dónde está la gradualidad?
La Corte Suprema ha dictaminado repetidamente que no se puede detener a alguien sin pruebas contundentes, pero esto es ignorado.
Manipulaciones similares en otros casos en Argentina
Ejemplo 1: Persecución de pueblos originarios en la provincia de Jujuy (2023-2024)
En 2023 estallaron protestas de pueblos originarios contra una reforma constitucional que facilitaba la extracción de litio y debilitaba los derechos territoriales sin consulta previa.
El gobierno aplicó persecución selectiva:
— uso excesivo de la fuerza (balas de goma, gas lacrimógeno),
— más de 100 detenciones arbitrarias,
— causas penales por "instigación" o "extremismo",
— violencia de género y agresiones racistas contra mujeres indígenas.
La ley (incluyendo el Convenio 169 de la OIT) exige proteger a los pueblos originarios, pero aquí se ignoró en beneficio de intereses extractivistas.
Un caso clásico de ley aplicada solo contra los marginados.
Ejemplo 2: Decisiones contrastantes en causas de corrupción de exlíderes (2024-2025)
En 2024 avanzaron causas contra figuras peronistas como:
— ex presidente Alberto Fernández (acusado de fraude y violencia de género),
— Cristina Kirchner (ratificación de condena en el caso Vialidad).
Pero, al mismo tiempo, escándalos relacionados con figuras afines al gobierno actual —como el senador Edgardo Kueider (detenido con USD 200.000 no declarados) o el dirigente social Eduardo Belliboni (extorsión) — muestran dobles estándares.
La Corte Suprema anuló la destitución del fiscal que investigaba al exgobernador Urribarri, pero los patrones generales indican lawfare: tribunales usados con fines políticos.
La ilusión de justicia en Argentina
Cuando el poder y la ley están en manos de personas que operan con doble vara, la justicia seguirá siendo solo una ilusión.
El caso de la "secta rusa de Bariloche" refleja de forma clara las fallas sistémicas del sistema judicial argentino, donde los fiscales — supuestos guardianes de la ley — violan sistemáticamente sus principios para favorecer sus propios intereses.
Mientras estas manipulaciones queden impunes y quienes las cometen mantengan su influencia, la verdadera justicia en Argentina seguirá siendo un ideal inalcanzable.
Cada vez suena más fuerte una pregunta en la sociedad:
¿Cuándo habrá justicia para quienes se creen por encima de la ley?
