La consideración pertenece al abogado defensor del imputado Montivero, Dr. Pedro Vélez, al solicitarle al presidente del tribunal que se obvie, al momento de dar lectura de las partes intervinientes en el debate, la mención del organismo de acceso a la justicia, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, a cargo de la Dra. Gabriela Carpineti, como así también al organismo del poder ejecutivo de la provincia, quienes, a través de un Amichi curia, pretendían ser veedores en el juicio.
“… Entre las partes se obvie la mención a los subalternos del poder político, tanto del poder ejecutivo nacional, como poder ejecutivo provincial. El artículo 8 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos establece que todo ciudadano tiene derecho a ser juzgado por un juez imparcial. Es pues una garantía que, derivada de ahí, es que no pueden percibir señores jueces “presiones de índole políticas”, acá ya en carácter de Amichi curia -amigo del tribunal- el poder ejecutivo nacional gravemente ha pretendido tomar parte de este proceso, con una suerte de órgano acusador o tratando de incidir en el resultado. De hecho, lo dice lisa y llanamente en la presentación que fue rechazada por parte del tribunal, en cuanto a que pretendía participar en el proceso, solicitando un resultado concreto. Esto es, que los imputados fueran condenados por el delito de homicidio o tortura, seguido de muerte o algo por el estilo”.
Agregando: “Esto es un dato bastante grave. Prácticamente es dar un carácter que no existe en la norma argentina. No está previsto un observador por encima del resto del público. Esto es darle validez o convalidar esa presión política, si se quiere, en este juicio, señor juez. No hay, salvo en el juicio por jurado, sistema más democrático que el juicio oral y público, donde la publicidad y la oralidad le permite a cualquier ciudadano estar presente en la audiencia. Si quiere el Dr. Alberto Fernández -en clara referencia al presidente de la Nación- venga a esta sala y se siente y escuche el juicio, pero no podemos aceptar bajo ninguna medida esta “presión política” que se intenta ejecutar en este juicio”.
