La Justicia de Comodoro Rivadavia resolvió prorrogar por seis meses la prisión preventiva de Mariela Altamirano, madre de Ángel Nicolás López, y de Michel González, su padrastro, ambos imputados en la causa que investiga la muerte del niño de cuatro años. La medida vencerá el 13 de abril de 2027, salvo que antes se realice una audiencia que modifique su situación procesal, según indicaron fuentes judiciales a Infobae.

La decisión fue adoptada el martes 13 de octubre, durante una audiencia de revisión en la que también se autorizó la ampliación del plazo de investigación por otros seis meses. Tanto la Fiscalía como la querella habían solicitado las prórrogas debido a que todavía está pendiente una nueva evaluación forense que deberá realizarse en el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El inicio de esa pericia está previsto para el 21 de octubre y su resultado será relevante para el avance del expediente, ya que podría aportar elementos para confirmar, modificar o someter a un nuevo análisis la hipótesis acusatoria.

Durante la audiencia, Altamirano también solicitó tratamiento psicológico, más contacto con su hija y autorización para utilizar redes sociales desde la cárcel. La información aportada sobre el desarrollo de la audiencia no detalla una resolución específica respecto de cada uno de esos pedidos. La decisión judicial comunicada se centró en la continuidad de las medidas cautelares y en la ampliación del plazo para completar la investigación.

Los cargos contra la madre y el padrastro de Ángel

La causa busca esclarecer las circunstancias de la muerte de Ángel, ocurrida el 5 de abril. Altamirano está imputada por homicidio agravado por el vínculo y por alevosía, mientras que González enfrenta cargos por homicidio simple agravado por alevosía.

El expediente reúne informes médicos, testimonios y estudios periciales destinados a reconstruir lo sucedido. Según el informe del Cuerpo Interdisciplinario Forense de Chubut, el niño sufrió traumatismos craneoencefálicos múltiples, además de una infección pulmonar.

De acuerdo con la autopsia, la causa de muerte fue un daño cerebral por hipoxia. La Fiscalía sostiene, además, que el fallecimiento se produjo en un contexto de presunto maltrato y abandono, una hipótesis que deberá ser evaluada en el marco del proceso judicial.

La complejidad de la investigación está vinculada con la necesidad de determinar las circunstancias en las que se produjeron las lesiones y establecer las responsabilidades que pudieran corresponder. En ese escenario, las conclusiones de los estudios médicos y las declaraciones testimoniales forman parte de los elementos que las partes consideran necesarios para avanzar hacia una eventual acusación.

La pericia de la Corte Suprema, una prueba pendiente

El fiscal general Facundo Oribones explicó que el Ministerio Público Fiscal solicitó extender el plazo de investigación porque todavía debe realizarse una nueva evaluación forense. El estudio fue requerido por las propias defensas y se llevará a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Oribones señaló que todavía no existe una fecha de finalización para esa evaluación. Sus conclusiones podrían confirmar la hipótesis acusatoria, modificarla o hacer necesario un nuevo análisis, por lo que la Fiscalía considera indispensable contar con tiempo adicional para recibir el dictamen y estudiar sus resultados.

El pedido de prórroga por seis meses tiene como finalidad permitir que el Ministerio Público Fiscal incorpore y evalúe la prueba pendiente, para luego definir si corresponde presentar una acusación formal.

La querella, que representa al padre de Ángel, acompañó la solicitud. Su abogado, Roberto Castillo, sostuvo que la investigación presenta características complejas porque debe reconstruir un hecho ocurrido en un ámbito privado y cuya víctima no puede declarar.

Castillo afirmó que ya se tomaron más de 45 declaraciones testimoniales y remarcó que la prueba científica pendiente puede incidir tanto en la reconstrucción de los hechos como en la estrategia que adopten las partes. Las defensoras de Altamirano y González no objetaron la ampliación del plazo de investigación. Ambas señalaron que la pericia ante la Corte Suprema había sido solicitada por las propias defensas y que sus resultados también podrían aportar elementos para esclarecer el caso.

La aclaración del juez

El juez Martín Cosmandro concedió la prórroga de la investigación por seis meses. Sin embargo, aclaró que la extensión del plazo investigativo no determina automáticamente la continuidad de las medidas de coerción, que deben analizarse de manera independiente.

Esta distinción fue relevante durante la audiencia, ya que la revisión judicial comprendió dos cuestiones diferentes: por un lado, la necesidad de contar con más tiempo para completar las pruebas; por otro, la evaluación de los motivos por los cuales los imputados debían continuar detenidos.

La decisión de mantener la prisión preventiva fue adoptada luego de que la Fiscalía y la querella expusieran sus argumentos sobre los riesgos procesales que, según sostuvieron, persistían en el expediente.

La Fiscalía sostuvo que persiste el riesgo de fuga

Durante el segundo tramo de la audiencia, Oribones solicitó que Altamirano y González continuaran detenidos. El fiscal argumentó que las circunstancias que habían motivado la prisión preventiva en abril no habían cambiado y sostuvo que, a medida que avanzó el expediente, se acentuó el riesgo de fuga.

Entre los fundamentos presentados, mencionó que los imputados no tendrían arraigo en Comodoro Rivadavia y que la hija de un año de la pareja se encuentra al cuidado de familiares en otra provincia. También hizo referencia a la gravedad de las imputaciones y a la expectativa de una pena que, en caso de una condena, no sería de cumplimiento condicional. Según la Fiscalía, estos factores deben considerarse al evaluar la posibilidad de que los acusados permanezcan a disposición de la Justicia durante el proceso.

Otro de los argumentos estuvo relacionado con la necesidad de preservar las declaraciones de personas vinculadas con el entorno de los imputados. El fiscal sostuvo que todavía existen testimonios que deben resguardarse hasta una eventual instancia de juicio y advirtió que la libertad de Altamirano y González podría afectar esas declaraciones.

La querella expuso otros riesgos 

La querella acompañó el pedido de continuidad de la prisión preventiva y desarrolló sus propios argumentos sobre los riesgos procesales. Castillo mencionó la presunta falta de arraigo de los acusados y supuestas conductas orientadas a eliminar información de teléfonos y prender fuego algunos elementos, posiblemente vinculados con pruebas, mientras Ángel permanecía internado.

El abogado también hizo referencia a la existencia de testigos cercanos a la pareja y mencionó antecedentes de violencia que, según expuso, involucrarían a Altamirano en la provincia de Misiones.

La defensa respondió que esos antecedentes no forman parte del legajo de la causa y cuestionó que fueran utilizados durante el debate sobre la continuidad de la prisión preventiva.

Por su parte, la defensora de Altamirano sostuvo que la medida cautelar debe tener como único objetivo garantizar el desarrollo del proceso judicial. En esa línea, cuestionó algunos argumentos de la querella relacionados con posibles hechos futuros y con la situación de otros niños.