A mediados del mes de mayo pasado, LA UNIÓN publicó en exclusiva las denuncias de varias jóvenes andalgalences, quienes habían tomado conocimiento a través de familiares y amigos de la existencia de un grupo “privado” en la red social Instagram, en donde se compartían imágenes y videos de ellas desnudas, sin el consentimiento de estas, llegando en algunos casos a identificarlas con nombre y apellido. Entre los integrantes del grupo, las víctimas identificaron a un efectivo de la Policía de la Provincia, al menos a un catequista y a otros vecinos del departamento. 
Las denuncias de las jóvenes desataron un escándalo en toda la provincia, que tuvo repercusiones nacionales, no solo por la gravedad del delito denunciado - “distribución de pornografía infantil”-, sino también por las personas que integraban el grupo en el que se compartían dichas imágenes. 
Si bien la causa se había iniciado en la Fiscalía de Andalgalá, también se denunció en la Fiscalía General de esta Capital, donde un grupo de mujeres víctimas se constituyeron como querellantes en la causa. 
En la jornada de ayer, a poco más de un mes y medio de denunciado el hecho, la causa tuvo un importante avance. Si bien todavía no hay por el hecho ninguna persona detenida o arrestada, la Justicia actuó sobre ocho sindicados. 
LA UNIÓN pudo conocer de voceros judiciales que, por orden del Juzgado de Control de Garantías de la Segunda Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Andalgalá, departamento homónimo, la policía local materializó ocho órdenes de allanamientos en los domicilios de los ocho sindicados. Las medidas se concretaron durante la mañana y la tarde de ayer, dejando como resultado el secuestro de siete teléfonos celulares de distintas marcas y modelos. 
Entre las viviendas allanadas, estaba la de un policía de la provincia y un catequista. 
Solo en uno de los allanamientos no se encontró el teléfono celular del acusado, quien habría manifestado que ya no tenía el móvil, en razón de que por recomendación de su abogado, lo había destruido. 

Investigación 
Concretados los allanamientos, todos los teléfonos celulares fueron remitidos a la Fiscalía de Andalgalá, desde donde se prevé remitirlos a la brevedad a la fiscalía y a la División de la Policía de Delitos Cibernéticos, para ser visualizados y conocer el contenido de los aparatos. 
Lo que se busca, según explicó una fuente consultada, es conocer, no solo la actividad que tenía el grupo, sino también la identidad de otros integrantes y quiénes habrían compartido las imágenes y videos de contenido sexual de niñas, adolescentes y mujeres, vulnerando su intimidad.   

Modus operandi 
Si bien cuando se inició la investigación, las denunciantes habrían detectado al menos unos 20 perfiles de hombres que integrarían el grupo cerrado de Instagram, la Justicia, por el momento, solo actuó en ocho de ellos. 
Cabe recordar, que el grupo era privado y para ingresar, tenía como requisito “intercambiar” fotos de desnudos o íntimas o video de una chica de Andalgalá o de Catamarca y dar sus datos personales. Así, se pasaban las claves e iban publicando. Una vez adentro, entre otras modalidades, el usuario tenía que “subir” la foto de una chica y ponerla a votación con la leyenda “¿Quieren que pase más fotos de?? Siendo allí identificada la damnificada. Luego, todos los miembros votaban y se intercambiaban las imágenes o videos.