El Gobierno argentino avanza en un acuerdo con Estados Unidos para reemplazar progresivamente tecnología de origen chino utilizada en redes estatales y crear un centro nacional de operaciones de ciberseguridad. La iniciativa apunta a revisar la infraestructura informática del sector público, identificar equipos que deban ser sustituidos y ampliar la capacidad de detección y respuesta ante ataques digitales.
Entre los objetivos figura el reemplazo de equipamiento de Huawei instalado en el núcleo de redes gubernamentales, además de la puesta en marcha de una estructura de monitoreo con mayor alcance. El futuro centro funcionaría bajo la órbita del Centro Nacional de Ciberseguridad y no de ARSAT.
Estados Unidos prevé aportar hasta US$13,9 millones
La iniciativa coincide con una convocatoria de financiamiento del Departamento de Estado estadounidense por hasta US$13.912.185, destinada específicamente a la Argentina. El programa contempla un plazo de hasta 36 meses para diseñar, establecer y poner en funcionamiento un centro civil y centralizado, orientado a proteger redes gubernamentales e infraestructura crítica.
El documento estadounidense que circula entre las áreas vinculadas con la negociación señala que el Gobierno argentino solicitó asistencia para fortalecer su ciberseguridad mediante una transición ordenada hacia tecnologías que Washington considera confiables. Entre los propósitos también menciona reducir la dependencia de proveedores externos al hemisferio occidental.
El texto plantea avanzar en el desplazamiento de equipamiento de origen chino y realizar una evaluación integral de las redes públicas para detectar dispositivos considerados sensibles y determinar qué sistemas deberán quedar bajo supervisión del futuro centro.
Un relevamiento de las redes estatales
La primera etapa del programa prevé un diagnóstico de las redes, los sistemas informáticos y los centros de datos del Gobierno nacional. El objetivo será elaborar inventarios actualizados, identificar equipos considerados no confiables y establecer prioridades para retirarlos, aislarlos o neutralizarlos sin afectar los servicios esenciales.
El segundo eje consiste en desarrollar una capacidad de vigilancia permanente sobre esas infraestructuras. Para ello, el proyecto contempla herramientas destinadas a centralizar registros de seguridad, instalar sensores, detectar comportamientos anómalos, cruzar información sobre amenazas y coordinar la respuesta ante incidentes entre los distintos organismos públicos.
La asistencia también incluye una revisión del marco normativo argentino. Entre los aspectos que se analizarán figuran las atribuciones del centro, los criterios para compartir información entre organismos, las condiciones de almacenamiento de datos y las responsabilidades de cada área ante un ataque o una intrusión.
El financiamiento no cubrirá todo el recambio tecnológico
El plan reserva cerca de US$5 millones para el diseño de la arquitectura tecnológica, además de partidas destinadas a evaluar las redes, organizar la estructura institucional y capacitar al personal.
Estados Unidos prevé formar analistas e ingenieros argentinos para que, una vez concluido el período de asistencia, el sistema pueda operar sin la presencia permanente de especialistas estadounidenses.
Sin embargo, el aporte no implica que Washington financie la totalidad del reemplazo de los equipos. Según el documento, la Argentina deberá asumir principalmente los costos de adquisición de hardware, programas informáticos y funcionamiento del centro. El Departamento de Estado podrá cubrir componentes específicos cuando sean indispensables para ejecutar el proyecto.
La disputa por la tecnología china
La iniciativa profundiza las conversaciones que la Casa Rosada mantiene con Washington sobre los proveedores de tecnología utilizados en infraestructuras críticas. El Gobierno analiza establecer requisitos nacionales de seguridad para redes, centros de datos y otros activos estratégicos, mientras Estados Unidos promueve una reducción del uso de empresas como Huawei en sistemas sensibles.
La administración estadounidense intensificó sus advertencias durante los últimos meses. El embajador Peter Lamelas volvió a señalar esta semana los riesgos que Washington atribuye a la tecnología china y reclamó que la Argentina tenga en cuenta criterios de seguridad, además del precio, al seleccionar proveedores.
China, por su parte, rechaza esas acusaciones. La Embajada de ese país en Buenos Aires difundió una declaración en la que cuestionó los supuestos riesgos asociados a su tecnología, acusó a funcionarios estadounidenses de mantener una "mentalidad de Guerra Fría" y advirtió sobre intentos de trasladar la competencia entre Washington y Beijing a terceros países.
Cooperación en ciberseguridad y modernización de ARSAT
La cooperación bilateral en materia de ciberseguridad también alcanzó al ámbito militar. Equipos argentinos participaron recientemente en Estados Unidos de actividades de capacitación y ejercicios vinculados con la protección de infraestructura crítica y la respuesta ante ataques informáticos, en paralelo con el fortalecimiento de los lazos entre ambos países en defensa y seguridad.
Por otra parte, ARSAT prepara una licitación pública internacional por US$49 millones para modernizar parte de su red. El proceso cuenta con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo y forma parte de la agenda de infraestructura asociada al Corredor Andes-Atlántico.
La licitación contempla la renovación de equipamiento de las redes ópticas y de transmisión de datos, con el objetivo de triplicar la capacidad.
