La causa por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) avanza sobre uno de los aspectos más sensibles del expediente: el circuito financiero que habría permitido mover, ocultar y canalizar fondos provenientes de presuntas coimas y de sobreprecios en contrataciones públicas. Con el secreto de sumario ya levantado y una agenda de indagatorias prevista hasta los primeros días de diciembre, la Justicia federal profundiza la trazabilidad del dinero y apunta a intermediarios, financieras y empresas presuntamente utilizadas para blanquear operaciones. El seguimiento de este esquema tiene impacto en todo el país, incluidas provincias como Catamarca, donde dependen de la ANDIS diversas prestaciones.

Según el dictamen del fiscal Franco Picardi, una de las líneas centrales involucra al lobista Miguel Ángel Calvete, señalado por haber intervenido para que un grupo reducido de droguerías accediera a contratos millonarios. De acuerdo con la fiscalía, Calvete entregaba "sumas importantes" a Alan Pocoví, considerado una figura clave en el supuesto circuito de lavado.

El dictamen sostiene que Calvete y Pocoví movilizaban regularmente importantes montos en pesos y dólares, y que parte de esos fondos habrían sido invertidos en criptomonedas mediante la aplicación "NEBLOCKSHAIN". La investigación también ubica a Guadalupe Muñoz —pareja de Calvete— como pieza operativa: recibía cheques de las empresas y los remitía a Pocoví para que continuara el movimiento del dinero.

Este circuito llevó a los investigadores a la empresa Neblockchain S.A., que habría funcionado como pantalla de Finanzas Sur, vinculada al empresario Ariel Vallejo. La firma fue allanada en busca de documentación, aunque —según fuentes judiciales— por ahora se trata solo de líneas de investigación sin conclusiones definitivas. Dentro de esa operatoria, Pocoví habría colocado parte del dinero proveniente de coimas y sobreprecios, según consta en un incidente reservado del expediente.

Otro nombre bajo análisis es el de Sergio Mastropietro, también señalado como posible engranaje del presunto lavado. El expediente indica que Mastropietro visitó, junto a Calvete y Muñoz, el country donde residía Diego Spagnuolo, entonces director de ANDIS y uno de los principales implicados. El 27 de agosto, Mastropietro le envió a Spagnuolo información sobre una cuenta bancaria de la firma Baires Fly S.A., vinculada a él. Paralelamente, las droguerías Prolite Orthopedics S.R.L., Probock S.R.L. y Droguería Profarma S.A. transfirieron casi $100 millones a esa empresa. Luego, Mastropietro remitió a Calvete tres facturas que mencionaban "compras de kilómetros nacionales para aeronaves", una maniobra bajo sospecha de lavado.

Mientras tanto, la causa avanza en su fase de declaraciones. Esta semana comparecieron —sin responder preguntas— Spagnuolo y Daniel María Garbellini, ex número dos del organismo. El 28 de noviembre será el turno de Lorena Di Giorno, antes de una agenda intensa de citaciones en diciembre que incluye a Roger Edgar Grant, Luciana Ferrari, Federico Maximiliano Santich, Guadalupe Ariana Muñoz, Patricio Gustavo Rama, Ruth Noemí Lozano y Andrés Horacio Arnaudo. La etapa concluirá con Silvana Vanina Escudero y Alejandro Gastón Fuentes Acosta, citados entre el 1 y el 5 de diciembre.

La causa tiene dos ejes centrales: el presunto direccionamiento de contrataciones por unos $40.000 millones en favor de Profarma, Génesis, New Pharma y Floresta; y un esquema de coimas que habría operado dentro y fuera de la estructura formal de la ANDIS. La Justicia detectó incluso accesos irregulares al sistema de contrataciones por parte de personas ajenas al organismo.

Ese es el caso de Luciana Ferrari, exempleada del laboratorio Roche, quien —según el dictamen— actuó como operadora externa durante la gestión de Pablo Atchabahian (2018-2019). Sin estar designada en la ANDIS, cumplía órdenes de Atchabahian y de Garbellini, agrupaba tickets en el sistema SIIPFIS, recibía información anticipada sobre compulsas de compras PACBI y compartía datos sobre acuerdos entre droguerías.

Otro tramo de la investigación involucra a los lobistas Calvete y Pablo Achavajian, quienes habrían dado indicaciones sobre proveedores, sanciones y montos a liberar. En paralelo, cámaras de seguridad y registros de visitas muestran a Spagnuolo ingresando con una mochila a la casa de Calvete, en un intercambio que, para la fiscalía, incluyó al menos $5 millones en efectivo.

La causa comenzó tras la viralización de audios en agosto pasado, donde una voz atribuida a Spagnuolo mencionaba un presunto sistema de retenciones del 8% en compras públicas y aludía a Eduardo "Lule" Menem y a la droguería Suizo Argentina. En esos audios afirmaba que "estaban defalcando la agencia" y aseguraba tener "los WhatsApps de Karina (Milei)" como respaldo.