Con el reloj parlamentario avanzando y a días de que finalicen las sesiones ordinarias, el Gobierno nacional intensifica sus gestiones políticas para lograr que el nuevo dictamen del Presupuesto Nacional esté listo y acordado con los gobernadores antes del 15 de diciembre. Esa es la fecha que la Casa Rosada fijó como límite para ingresar el texto definitivo y tratarlo durante las sesiones extraordinarias. Para ello, el Poder Ejecutivo despliega una estrategia basada en negociaciones federales y un esquema de acuerdos bilaterales que buscan asegurar los votos necesarios en el Congreso.

El contexto obliga a acelerar los tiempos. Este viernes concluye el período de sesiones ordinarias y todo indica que el dictamen del Presupuesto actualmente en debate quedará caído. Frente a ese escenario, el Gobierno planea presentar un nuevo dictamen con modificaciones que contemplen pedidos, aportes y compromisos pactados con los mandatarios provinciales. La construcción de estos consensos se ha vuelto central para el avance legislativo del proyecto.

En esa línea, el flamante ministro del Interior, Diego Santilli, tuvo en los últimos días una agenda cargada de viajes y reuniones con gobernadores, con el objetivo de formalizar entendimientos en torno a obras públicas, partidas específicas, coparticipación e incluso modificaciones impositivas. Las provincias, por su parte, buscan garantizar que sus reclamos sean incluidos en el texto final y que se traduzcan en beneficios concretos para sus administraciones. De esta manera, la negociación se desarrolla bajo un esquema de intercambios políticos directos: apoyo legislativo a cambio de respuestas presupuestarias.

Este viernes, Santilli mantuvo un encuentro con el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, y el próximo martes hará lo propio con el mandatario de Misiones, Hugo Passalacqua. Esas reuniones se suman a las ya realizadas en los últimos días y a las que aún restan, ya que el Gobierno pretende concluir, antes de fin de mes, la ronda con los 20 gobernadores que tres semanas atrás asistieron a Casa Rosada para abrir el diálogo formal.

Entre los mandatarios con reuniones pendientes se encuentran Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires), Gustavo Valdés (Corrientes), Claudio Poggi (San Luis), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe). El Ejecutivo espera que, una vez completada esta ronda, estén dadas las condiciones políticas para redactar y presentar el dictamen final.

Sin embargo, en el proceso interviene una instancia crucial: toda definición acordada con los gobernadores debe contar con la aprobación del ministro de Economía, Luis Caputo. Su rol es determinante, ya que es quien evalúa la viabilidad financiera de cada compromiso, tanto en términos de partidas como de proyecciones fiscales. Por este motivo, cualquier ítem de la "letra chica" del Presupuesto requiere su aval antes de ser incluido en el texto formal.

En los últimos días, Caputo encabezó una reunión con los principales funcionarios de la mesa política del Gobierno, donde se discutió la hoja de ruta del Presupuesto, las reformas adicionales que el oficialismo planea impulsar y la estrategia para obtener respaldo legislativo. Según pudo saber este medio, allí también se analizó el mecanismo para asegurar los votos necesarios en ambas cámaras y se revisaron los pedidos ingresados por los gobernadores durante las conversaciones preliminares.

La Casa Rosada insiste en que el 15 de diciembre es la fecha clave: para entonces, el acuerdo político con los mandatarios provinciales debe estar cerrado y plasmado por escrito. Solo así —subrayan en el entorno presidencial— será posible avanzar en sesiones extraordinarias con un proyecto que ya cuente con los consensos básicos para evitar un traspié legislativo.

Con la negociación aún abierta, la redacción del dictamen final dependerá del equilibrio entre las demandas provinciales, la capacidad fiscal del Estado nacional y la estrategia política del oficialismo. El Gobierno espera que esta combinación permita encaminar la aprobación del Presupuesto 2025 y dar una señal de orden y previsibilidad en un contexto económico complejo.