Tras la aprobación, en trámite exprés, por parte de la Legislatura de un paquete de leyes relacionadas a la Justicia, que incluyó la eliminación del Consejo de la Magistratura y la ampliación de la Corte de Justicia de 5 a 7 miembros, la oposición cuestionó duramente al oficialismo y le pidió al gobernador Raúl Jalil que vete las flamantes leyes.  
El pedido de la oposición surgió, incluso, antes de que el lunes ingresara a la Cámara de Diputados un nuevo proyecto de reforma constitucional, impulsado por el oficialismo, esta vez a través de la diputada Cecilia Guerrero. En ese marco, el exgobernador Oscar Castillo consideró que una medida que debería realizar el Gobierno para que se recupere la confianza con las fuerzas políticas de la oposición, sería la marcha atrás y el veto de las normas cuestionadas por ese sector. A partir de esa posibilidad, indicó que se podría avanzar en la enmienda de la Carta Magna provincial. 
Sin embargo, esta posibilidad fue totalmente descartada por el ministro de Gobierno, Jorge Moreno, quien consideró que la sanción de las normas cuestionadas fue “un acto de pura legalidad y mucha legitimidad”. 
“El tema de la Corte y el Consejo de la Magistratura son dos temas que se han venido hablando de distintas formas y debatiéndose desde hace mucho tiempo. El trámite podrá cuestionarse en el tiempo y demás, pero se iba a dar porque el oficialismo tenía el número suficiente para aprobarlo y eso es una realidad. Discutir lo demás es innecesario y me parece que no se puede cuestionar la legalidad y legitimidad con que han sido sancionados estos proyectos”, señaló Moreno.  
Respecto del Consejo Consultivo que tendrá la función de reemplazar al derogado Consejo de la Magistratura, el ministro Moreno señaló que se establecerá a través de un decreto. Esto obedece a que es solo el Poder Ejecutivo el que puede autolimitarse en su facultad de designar jueces. En tanto, que si se estableciera por ley, se convertiría en inconstitucional como el derogado Consejo de la Magistratura, ya que el Poder Legislativo no puede restringir las facultades que la Constitución le concede al Ejecutivo. 
Además, aclaró que el Consejo Consultivo estará conformado por representantes del Colegio de Abogados, la Facultad de Derecho, la Asociación de Magistrados y el Poder Ejecutivo, a través de Asesoría de Gobierno y Fiscalía de Estado. “Me parece que esos representantes sintetizan los intereses por los que hay que trabajar en el marco de la designación de los jueces”, consideró.