El radicalismo se apartó de la idea de darle superpoderes al Gobernador

A partir de la media sanción a la Ley de Emergencia Económica aprobada sólo por el oficialismo de la Cámara de Diputados, desde el Bloque de la UCR presidido por la diputada Silvana Carrizo se enfatizó en que en Catamarca no hay una situación financiera grave. 

Desde la principal bancada opositora en la Cámara Baja, las y los diputados radicales manifestaron su negativa a dicha ley advirtiendo que
“La Provincia no está enfrentando una situación de emergencia económica. No hay ningún hecho que la Ministra de Hacienda y el Gobernador no hayan podido prever, el esquema ahorro, inversión y las ejecuciones presupuestarias dan cuenta de esto” explicó Carrizo tras señalar en otro párrafo que “para que una legislación de emergencia sea constitucional, debe existir una situación grave y extraordinaria, los remedios deben ser proporcionales y razonables”.

En este sentido, se trajo también a colación el dictamen de minoría del Bloque, el cual ofrece una visión alternativa a la declaración de emergencia, un reordenamiento, optimización y priorización de los recursos públicos, poniendo énfasis en la responsabilidad y la eficiencia. 
“Nuestra propuesta fija una vigencia hasta el 31 de diciembre, no otorga facultades extraordinarias al gobernador, no es de orden público, respeta la división de poderes, invitándolos a adherirse, como así también a los Municipios ”destacaron al tiempo de sostener que “el compromiso para reordenar los recursos debe ser de todos, no impuesto por el poder ejecutivo, fundado en una situación de emergencia inexistente, para manejar como quiera los recursos de los catamarqueños”.

Como miembro informante del dictamen de minoría, el diputado Mamerto Acuña dio un pormenorizado detalle y explicaciones respecto de por qué no están dadas las condiciones  para declarar la emergencia económica asegurando que el “Estado provincial tiene los fondos necesarios”. “Hoy podemos decir que sólo hay una emergencia administrativa” remarcó Acuña mientras subrayó que con dicha Ley se estará invadiendo no sólo a los otros poderes, sino también  a los Municipios. Ante esto apuntó que “no podemos permitirnos como representantes del pueblo tamaña gravedad” y dejar al Gobierno con “superpoderes financieros” mientras se crea un “estrés social”. 

A su turno el diputado Tiago Puente comparó al Gobierno de Raúl Jalil como el Reino del revés parafraseando a Maria Elena Walsh. “Sin dudas esta “emergencia” esconde otros intereses, como por ejemplo la urgencia de Raúl Jalil de frenar la catarata de demandas de miles de empleados públicos a quienes Jalil en complicidad con Soria -su Ministra de Trabajo- les metió la mano en el bolsillo “pisoteando” sus sueldos durante años.

Con la emergencia patea el problema hacia adelante, porque además va a suspender la ejecución de sentencias contra el Estado Provincial durante año y medio” destacó entre otros puntos Puente considerando la super estructura del Gobierno además las nuevas designaciones y nombramientos millonarios, “privilegios que seguirán intactos” aún con la nueva Ley. 

“La Democracia y la ética en la política implica diálogos y consensos y ese es el camino y no entendemos porqué no se aceptaron nuestras sugerencias en la comisión y nos llevó a elaborar un proyecto superior y alternativo, aun sin saber el por qué de esta ley” dijo por su parte el diputado Luis Fadel haciendo hincapié en que se está aprobando una ley con vicios de inconstitucionalidad.

Fue la diputada Natalia Herrera quien preguntó si el Gobernador de la provincia quiere concentrar aún más poder. “¿Le incomoda el sistema republicano y federal que rige nuestras instituciones?” planteó mientras subrayó que Catamarca goza de un cómodo superávit fiscal y lanzó si es necesaria esta Ley para establecer las prioridades que debiera tener un Gobierno. 

A su turno de la palabra la diputada Alicia Paz señaló entre otros puntos que todo lo que le faltaría a la Ley está contemplado en el despacho de minoría respecto a salud, educación y otros derechos indispensables para el bienestar de cada familia catamarqueña.  Para el diputado Carlos Marsilli entre otros aspectos “en los últimos años han convivido dos prácticas en la administración de recursos del estado: hacer proliferar fondos permanentes abstrayendo los mismos de los controles mínimos de la ley de administración financiera y elevar lo módulos exigibles para las distintas formas de contratación. El resultado de todo esto es mas discrecionalidad y arbitrariedad”. 

De igual manera el diputado Alfredo Marchioli esta normativa está muy lejos de las verdaderas emergencias que atraviesa la sociedad catamarqueña.  “Está Ley es una estafa, una farsa, es para ajustar el bolsillo de los catamarqueños y engordar los bolsillos de algunos pocos, principalmente de quien nos gobierna, es para librarse de empleados públicos con regímenes de retiro engañosos destinados a la pobreza, es para hacerse de super poderes y para someter al resto d los Poderes del Estado” dijo entre otras consideraciones.