Tras varias reprogramaciones, el exmandatario Alberto Fernández prestó declaración indagatoria en los tribunales de Comodoro Py. La causa lo investiga por presuntos delitos de violencia de género y coacción contra su expareja, la ex primera dama Fabiola Yáñez.
Detalles de la comparecencia en Comodoro Py
Fernández llegó al tribunal a las 10:10 de la mañana y se retiró a las 11:30 sin realizar declaraciones públicas. Durante la audiencia, presentó un escrito de 200 páginas en el que negó haber ejercido cualquier tipo de violencia física, psicológica o económica contra Yáñez.
Acusaciones y posibles consecuencias legales
El exmandatario enfrenta cargos por "lesiones leves doblemente agravadas por ser cometidas mediante violencia de género y contra su entonces pareja" y "lesión grave por debilitamiento permanente de la salud" de Yáñez, además del delito de coacciones. En conjunto, estos delitos podrían implicar hasta 18 años de prisión.
Defensa de Fernández y estrategia judicial
El expresidente recuso tanto al fiscal como al juez del caso, argumentando que el tribunal no es competente para juzgarlo. Además, en su descargo, acusó a la Justicia de limitar su derecho a la defensa y de inducirlo a declararse culpable. En su escrito, también denunció supuestos favoritismos judiciales y vinculaciones entre el juez Ercolini y el Grupo Clarín.
Respuesta pública a través de redes sociales
Horas después de su comparecencia, Fernández publicó en sus redes sociales el documento completo de su descargo, ampliado a 222 páginas. En su mensaje, calificó el proceso judicial como una "estafa procesal sin precedentes".
Próximos pasos judiciales
El juez Julián Ercolini ahora debe decidir si procesa a Fernández, dicta la falta de mérito o lo sobresee. La fiscalía federal, a cargo de Ramiro González, sostiene la imputación en base a pruebas recopiladas, incluyendo capturas de imágenes y peritajes al celular de una excolaboradora de Yáñez.
Otra investigación en curso: la causa Seguros
Paralelamente, Fernández enfrenta otra investigación por presuntas irregularidades en la contratación de seguros estatales. La fiscalía lo imputa por presunta intervención en un esquema de recaudación y distribución de fondos públicos mediante contratos irregulares con la aseguradora Nación Seguros S.A.
