"Un miembro de la Corte de Justicia no puede ganar casi tres veces más que un Gobernador" , así comenzó el cruce entre el Gobernador catamarqueño, Raúl Jalil, por los dichos  de la presidenta de la Corte, Dra. Fernanda Rosales, sobre la baja en los sueldos a la justicia.
El mandatario dijo que el Poder Judicial se otorgó un incremento salarial del 30% por fuera de la ley de presupuesto y agregó que un miembro de la Corte cobra tres veces más de lo que gana el propio gobernador. En este contexto, la Junta de Gobierno de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial lanzaron una declaración que responde a los dichos del Gobernador:

"El sistema republicano de gobierno tiene como presupuesto la división de poderes. Ello implica un sistema de pesos y contrapesos de los tres poderes en pie de igualdad y sin sujeción de ninguno de ellos a cualquiera de los otros." comienza la declaración, y continúa “Es fundamental preservar la autarquía de los Poderes Judiciales y permitir que estos formulen sus propias planificaciones estratégicas y la libre ejecución de sus presupuestos para evitar que mediante el ajuste económico de los otros dos poderes se condicione su actuación.”

“Recordamos que los integrantes de los poderes judiciales y de los ministerios públicos tenemos un régimen de incompatibilidad absoluta con cualquier otra actividad económica rentable. Sólo percibimos nuestros haberes. Por ello no puede asimilarse nuestra situación salarial a la de los integrantes de los otros poderes, que como sabemos -e informan periódicamente- mantienen sus emprendimientos económicos y comerciales vigentes mientras prestan servicios en el Poder Ejecutivo y Legislativo.” aseveran en la declaración, en esta línea, continúa: "La dedicación exclusiva al servicio de justicia no es opcional, se impone a todo magistrado/a y funcionario/o dentro del sistema de principios que sostiene la principal garantía de los ciudadanos, la independencia y transparencia económica de quienes brindan el cometido esencial del Estado como es la prestación de justicia. Por ello, nos expresamos en contra de herramientas presupuestarias que restrinjan la intangibilidad de las remuneraciones sin tener en cuenta la diferencia sustancial con las remuneraciones de los funcionarios de los otros poderes. La equidad no es dar a todos lo mismo, sino por definición es lo contrario, reconocer las diferentes situaciones y no tomar como igual lo distinto y particular de cada caso."

“(…) La intervención de los poderes judiciales, un remedio extremo previsto por la Constitución Nacional, se ha utilizado en la historia argentina como instrumento para afectar la democracia, el principio de división de poderes y, principalmente, como un modo de injerencia política y afectación de la tutela judicial efectiva de ciudadanos y ciudadanas. Por ello, desde FAM acompañamos también al Colegio de la Magistratura y la Función Judicial de la provincia de Formosa en su preocupación ante las declaraciones mediáticas que expresan la voluntad de gestionar la intervención al Poder Judicial de esa provincia. La independencia judicial no es un privilegio, es una garantía de la ciudadanía. Por ello, instamos a que no se socave la misma mediante intromisiones arbitrarias de los estamentos políticos.”