Luego del procesamiento del expresidente Alberto Fernández por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública, legisladores de la Ciudad de Buenos Aires solicitaron a la ANSES la suspensión de su jubilación de privilegio. La presentación fue firmada por Graciela Ocaña, María Sol Méndez y Sebastián Nagata, integrantes del interbloque Confianza Pública.
El pedido formal está dirigido al titular de la ANSES, Fernando Bearzi, y solicita suspender de manera inmediata la asignación mensual vitalicia que percibe Fernández, en virtud de su procesamiento en la causa conocida como "Seguros". "A la luz del procesamiento dictado el 10 de julio por el juez federal Sebastián Casanello, la continuidad del beneficio representa un perjuicio al erario público que este gobierno dice defender", sostuvieron los legisladores en su escrito.
La solicitud exige que la suspensión se mantenga hasta que haya una resolución judicial firme sobre su culpabilidad o inocencia.
Una cifra que genera polémica
Según los datos aportados en la presentación, la jubilación de privilegio de Fernández ascendía en febrero de 2025 a $8.877.518,67, lo que representa más de 24 jubilaciones mínimas. "¿Qué mensaje da el Estado si un jubilado común debe elegir entre comer o comprar medicamentos, mientras un expresidente procesado cobra casi $9 millones por mes?", cuestionaron Ocaña, Méndez y Nagata.
Argumento legal y ético
Los firmantes recordaron que la ley 24.018, que otorga jubilaciones de privilegio a expresidentes, contempla un régimen especial, pero advirtieron que no puede sostenerse si el beneficiario usó su cargo para cometer delitos. "Si se sigue abonando este beneficio, se estaría generando una pérdida millonaria para las arcas del Estado", agregaron.
El trasfondo judicial
El juez Casanello procesó a Alberto Fernández por presuntas irregularidades en la contratación de seguros a través del Banco Nación, con intervención de brokers ligados a su entorno personal. La resolución incluyó un embargo por más de $14.600 millones sobre los bienes del exmandatario.
Según el fallo, Fernández habría favorecido negocios privados desde su lugar de máxima autoridad institucional, involucrándose directamente en lo que el magistrado describió como un "plan de expansión de empresas allegadas". "El expresidente impulsó a actores del mundo privado, exhibiendo públicamente que formaban parte de su círculo más íntimo, en un claro mensaje convalidante de sus acciones", sostiene uno de los tramos del fallo.
Casanello también aludió a las fotos publicadas por Fernández con el empresario Martínez Sosa, considerado uno de los beneficiarios del esquema investigado, como una forma de respaldo implícito que habría servido para obtener más contratos con el Estado.
