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El Gobierno impulsa por ley un examen obligatorio al final de la secundaria

Es una de las medidas de la ley ómnibus que envió al Congreso. Además, quieren que los padres accedan a los resultados de la prueba Aprender y habilitar que las universidades cobren a los extranjeros.

28 Diciembre de 2023 07.11

El Gobierno nacional impulsa que todos los estudiantes secundarios terminen su ciclo con un examen final obligatorio. La propuesta está contenida en el ambicioso proyecto de ley ómnibus que este miércoles enviaron al Congreso y que incluye unas cuantas reformas en el sistema educativo.

El proyecto especifica que al finalizar los estudios de educación secundaria “el Estado Nacional tomará un examen censal obligatorio que mida los aprendizajes adquiridos y las capacidades desarrolladas por los adolescentes que egresan”.

Otros países ya implementan pruebas de este tipo. Los más comentados son los casos de Brasil y Corea, porque allí el puntaje es tendido en cuenta para ingresar a los universidades. Aquí, la implementación sería distinta.

El ambicioso proyecto ómnibus -elaborado por el economista Federico Sturzenegger- tiene otras iniciativas relacionadas a la educación, como abrirles a todos los padres el acceso a los resultados de la prueba Aprender, la evaluación periódica de los docentes, o habilitar a las universidades nacionales a cobrarles a los estudiantes extranjeros, entre otros.

En su artículo 553, el proyecto enviado al Congreso especifica que "los estudios de grado en las instituciones de educación superior de gestión estatal para todo ciudadano argentino nativo o por opción y para todo extranjero que cuente con residencia permanente en el país, son gratuitos".

Pero abre las puertas a que las universidades públicas empiecen a cobrarles a los miles de extranjeros que vienen a la Argentina sólo en busca de un título. Plantea que "las instituciones de educación superior de gestión estatal y las universidades nacionales en ejercicio de su autonomía, podrán establecer aranceles para los servicios de enseñanza de grado o de trayectos educativos para aquellos estudiantes que no reúnan los requisitos" enumerados anteriormente.

"Derecho a conocer"

Según se desprende de la ley, el examen de finalización de la secundaria forma parte de las reformas que apuntan a la transparencia de la información educativa. Establece que “todos los alumnos deberán ser evaluados con periodicidad en términos de matemáticas y lecto-comprensión en adición a otras evaluaciones que determine la autoridad de aplicación”.

Y que “al finalizar los estudios de educación secundaria el Estado Nacional tomará un examen censal obligatorio que mida los aprendizajes adquiridos y las capacidades desarrolladas por los adolescentes que egresan. El alumno tendrá derecho a conocer y recibir una certificación del resultado.”

El artículo es bastante ambiguo y no queda claro aún cómo será y qué finalidad tendrá este examen de finalización de la secundaria. Por lo que pudo saber Clarín, la implementación dependerá de futuros acuerdos en el marco del Consejo Federal de Educación.

En el mundo hay diversos modelos de examen de finalización de la secundaria. En Brasil y Corea la prueba sirve como un puntaje para entrar a la universidad. Hay otros modelos, como en Francia o Italia, donde se usa para acreditar conocimientos.

Por lo que surge de la ley enviada al Congreso, el objetivo aquí es que el alumno tenga “el derecho a conocer y recibir una certificación del resultado”. Eso abriría la puerta a que empresas -o incluso universidades- lo pidan como requisito antes de incluir a un joven.

Desde el gobierno le dijeron a Clarín que el espíritu que se desprende de la ley no es ese. Que los datos van a ser privados y lo que se busca es tener “buena información para tomar decisiones públicas”.

Voces a favor y en contra

Se consultó a especialistas sobre el proyecto presentado en el Congreso este miércoles y las opiniones son variadas con diversos puntos de vista.

Guillermina Tiramonti, por ejemplo, dice que “empezar un cambio con el examen final no parece adecuado porque convalida lo existente que sabemos que debe ser cambiado. Estoy de acuerdo con un examen final pero una vez que hagamos de la escuela secundaria un nivel educativo acorde con las características contemporáneas de la cultura”.

“Estoy de acuerdo con aumentar las exigencias, sólo que no tiene sentido hacerlo si conservamos contenidos y practicas antiguas”, agregó.

Para Jaime Correas, ex ministro de Educación de Mendoza e integrante de la Coalición por la Educación, la medida “es un enorme avance porque tiende a evitar el simulacro de decir que muchos chicos saben lo que no saben porque les ponen 10 o los aprueban sin den pruebas de haber aprendido. El famoso caso de Carlitos Teves, ocho años de escuela sin aprender a leer y pasando todos los años”.

“En Mendoza no alcanzaron las vacantes de todos los colegios que dependen de la UNCuyo para que entraran los promedio diez. Había 1.100 vacantes y había casi 1.300 promedios 10. Imposible, nunca sucedió. Un examen puede ser un puente para una conversación del sistema muy distinta, donde al menos se tenga un verdadera noción de qué aprendió cada uno. Luego, para dar vuelta una inercia de años, los especialistas deben indicar caminos para transformar esa evaluación en políticas públicas que mejoren los aprendizajes. Un cambio de 180 grados con respecto a la fobia evaluadoras de los años kirchneristas”, agregó.

Correas propone que en la escuela primaria también se tome una prueba de diagnóstico, para ver cuánto aprendieron los alumnos.

Para Gustavo Zorzoli, ex rector del Nacional de Buenos Aires, "es una primera iniciativa que intenta recuperar una mirada acerca de la finalidad primera y última de la escuela: la enseñanza y por ende el logro de aprendizajes significativos de toda la ciudadanía. En tal sentido puede ser el puntapié inicial para un cambio crucial sobre el lugar que le cabe a la institución escuela".

"El hecho de que el Estado asuma la responsabilidad de conocer la situación de los egresados con el fin de tener información fiable que permita a las autoridades tomar decisiones de política educativas sectoriales es hoy fundamental y por otra parte es un derecho de cada individuo conocer con qué conocimientos y capacidades egresa de la educación obligatoria", agregó.

Marcelo Rabossi, investigador de la Universidad Di Tella, también está de acuerdo con la medida. Dice que por diversos motivos los alumnos están pasando la secundaria sin los conocimientos mínimos en Matemática y comprensión de textos y esto hace que muchos, casi 40%, termine abandonando en el primer año de la universidad.

Señala que muchas veces la universidad hace el esfuerzo de formarlos con ese conocimiento básico, pero esa no es la función de una universidad. “Estás gastando tiempo y un recurso escaso, como son los docentes -en el caso del CBC un año- en algo que no corresponde”, dice Rabossi.  “Y un último punto es generar incentivos en los alumnos, la cultura del esfuerzo. Que no es lo mismo estudiar que no estudiar, que no es todo lo mismo. Eso también es muy importante”, agrega el experto.

Los cambios

La ley ómnibus enviada ayer por el Gobierno al Congreso tiene un apartado especial sobre educación, con unas cuantas reformas que impactan en el sistema educativo.

La más llamativa es la que habilita a las universidades públicas a cobrarles un arancel a los estudiantes extranjeros, siempre que quisieran claro.

Los que dice la ley es que las universidades estatales deben ser gratuitas para todos los ciudadanos argentinos y para los extranjeros que cuenten con residencia permanente, pero que se “se podrán establecer aranceles” para aquellos estudiantes “que no reúnan los requisitos” anteriores.

Otro cambio importante es que establece que habrá evaluación docente, tanto para la instancia de formación de los maestros como durante el ejercicio de la profesión.

En el caso de los primeros -“los docentes que se incorporan a la docencia”- habrá un examen “que certifique las capacidades y conocimientos adquiridos”. En tanto que, para los docentes en actividad, habrá pruebas para “revalidar las capacidades y conocimientos cada cinco años mediante un proceso de evaluación continua”.

Hay más relacionado con la formación docente. Se suma supervisión por parte de Nación. La ley dice que se fijarán “los criterios para la regulación del sistema de formación docente y la implementación del proceso de acreditación y registro de los institutos superiores de formación docente, así como la homologación y registro nacional de títulos y certificaciones”.

En cuanto al financiamiento de la educación, el proyecto de ley fija que el presupuesto nacional se distribuirá en función del número de estudiantes matriculados en cada institución, similar a como es ahora. Pero, dice, “se establecerán mecanismos de seguimiento y evaluación que permitan determinar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos”.

Además, se habilita a que haya educación híbrida (presencial y a distancia) desde segundo grado de la primaria y que las universidades hagan un examen de ingreso a aquellos estudiantes que quieran saltearse los cursos de nivelación, al estilo del CBC en la UBA. (Fuente Clarín)