Con el objetivo de reflexionar sobre la situación en la que quedan niñxs, y adolescentes después del femicidio de su madre, días pasados la Red de Infancia Robada Foro Catamarca llevó adelante un conversatorio, donde además se analizaron las acciones que el Estado debería prever para reparar el daño a las víctimas colaterales.
Con la presencia de la Hermana Marta Pelloni y de David Checa miembro del Equipo de Investigación sobre Pobreza, Desigualdad Social y Diversidad de la Universidad Nacional de Catamarca. En la oportunidad el primer panel giró en torno a la situación psicológica de los niños que atraviesan por dicho trauma violento y estuvo a cargo de Julieta Monasterio, quien forma parte de la Asociación de Psicólogos Forenses del país y se desempeña en el Equipo Técnico Forense para los Juzgados de Familia de nuestra provincia.
A su vez, las abogadas Silvana Carrizo y Ana Clara Barros abordaron la perspectiva del derecho a la protección integral de víctimas de femicidio e hicieron especial hincapié en la responsabilidad que cabe al Estado en el diseño y aplicación de políticas públicas tendientes a la protección de las mujeres, niñxs y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Finalmente, la diputada Alejandra Pons refirió a las iniciativas legislativas que se encuentran en estudio en ambas Cámaras parlamentarias de nuestra provincia, entre ellas la creación en de la Defensoría de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, instituido mediante la sanción de la ley nacional N° 26.061 y para lo cual ya se designó Comisión para convocar a concurso para la selección del Defensor.
La apertura de la jornada estuvo a cargo de la coordinadora de la Red de Infancia Robada local, Natalia Heredia Oviedo quien remarcó que en nuestro país “casi 4000 Niños, Niñas y Adolescentes quedaron huérfanos por femicidio a lo que se suma también la horfandad del Estado en su capacidad de dar respuestas efectivas”. A su vez Gabriela Nieva Larcher, a cargo de las conclusiones, remarcó las contradicciones entre las falencias del Estado “a pesar de haber transcurrido 30 años de la Declaración de Beiging y 30 años de la Convención Internacional de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, de donde surgieron dos leyes emparentadas como la 26.061 y la 26.485 que aún no alcanzan a producir efectos debido a la carencia de perspectiva de género entre los efectores del Estado”.
Cabe mencionar que el conversatorio contó con la moderación de Luján Fernández abogada del foro local.
Conclusiones
La falta de acciones sistematizadas entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, al igual que un adecuado diseño de políticas públicas que refuercen a la Niñez y a la cuestión de Género como políticas de Estado fueron algunos de los ejes que surgieron como diagnóstico de las escasas respuestas ante los casos de femicidio y sus víctimas colaterales. De igual modo, la ineficiente asignación presupuestaria también formó parte del diagnóstico surgido del encuentro, donde además se planteó la necesidad de generar articulaciones intersectoriales con una mirada integral de Derechos Humanos y perspectiva de Género.
Es importante destacar que según un relevamiento del Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación publicado en agosto, “hubo 168 femicidios en los primeros 7 meses del año, un 15 % más que en 2019”, atribuyendo dicho incremento a la dificultad de protección a las víctimas durante la cuarentena, siendo perpetrados además por la pareja o ex pareja de la víctima. Detalla a su vez que de los 168 casos, 13 fueron femicidios vinculados y como consecuencia de ello, 136 niños, niñas y adolescentes perdieron a sus madres.
