Estaba previsto que en la jornada de ayer se llevara a cabo el desalojo de las sesenta familias del asentamiento La Laguna, de la localidad de Santa Rosa, en el departamento de Valle Viejo. Estas habían sido nuevamente intimadas a dejar el lugar, a través de una orden judicial.  Ante esta disposición, los vecinos habían realizado una serie de reclamos tanto en la Justicia como en el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, por cuanto este último había prometido gestionar otro terreno para la definitiva ubicación de las familias. Esta condición había sido la propuesta previa al anterior desalojo y bajo esa condición, la medida se aplazó en septiembre pasado. 

En la jornada del martes, antes del allanamiento se llevó a cabo la notificación de la medida prevista para el día de ayer y fue en ese acto que se realizó un relevamiento en el que intervinieron la Subsecretaría de Familia del Ministerio de Desarrollo Social, efectivos de la Jefatura de zona Norte, la Secretaría de la Mujer Género y Diversidad y hasta el Ministerio de Seguridad de la Provincia. A consecuencia de esta visita es que se advirtió un número importante de niños y niñas en estado de vulnerabilidad. Según informaron a Diario La Unión a Fiscalía esta situación le fue advertida directamente por el Jefe General de Policía, Lic. Ángel Ignacio Agüero quien se hizo eco del reporte formulado por el secretario de Familia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Deportes. En el mismo se solicita la “suspensión de la medida judicial” por cuanto se considera que se debe hacer valer la Ley Provincial N° 5357 de "Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes". 

Suspensión o postergación

“Luego de llevarse a cabo un monitoreo por parte del equipo interdisciplinario, consideramos que la medida dispuesta debe suspenderse, ya que no están dadas las condiciones para garantizar la protección integral de los niños y niñas, no contándose además con medios de contención y asistencia social para las personas que se encuentra usurpando el predio en cuestión, muchas de ellas en situación de extrema vulnerabilidad”, apunta el Dr. Ángel Eduardo Codevilla, secretario de Familia. No obstante lo solicitado por el responsable del organismo que responde a Desarrollo Social, fuentes judiciales indicaron que esa cartera no puede disponer tal medida y en consecuencia lo que se procedió a realizar es una postergación del allanamiento o desalojo. 

Posible solución

En el informe que se remitió a la Justicia se hace referencia a que el Ministerio de Vivienda y Urbanización confirmó que mantuvo un encuentro con las familias en las últimas horas del martes, y fruto de ese encuentro es que se firmó nuevamente un acta compromiso con el fin de solucionar el problema del espacio del asentamiento. Según se manifiesta desde la cartera que dirige Fidel Sáenz, se les prometió a las familias relevadas en el lugar, que se iniciaría la pre adjudicación de lotes para la definitiva reubicación. Esto es parte de lo confirmado por los vecinos, quien había adelantado a este medio que la solución definitiva corría por cuenta del ministerio. Ahora hay que esperar los plazos que se van a abrir para esta adjucación de los lotes, y ver si estos tiempos van de la mano de los que propone la justicia, considerando que lo que se definió en la jornada de ayer es solo una prórroga al desalojo.