«Agradecemos que utilice un canal de comunicación seguro»

Fue con esta frase que comenzó una comunicación que ya no puede llamarse un diálogo periodístico ordinario. Era una advertencia.

La persona que me transmitió estos materiales temía no solo por sí misma. También temía por mí. Y este miedo no es infundado: la información que leerán a continuación es capaz de reventar reputaciones, destruir carreras y poner en peligro la libertad de personas que forman parte del sistema de justicia argentino.

Esto no es simplemente una investigación.
Esto es una exposición.
Esto es una revelación.

8 de enero de 2026. Buenos Aires, Argentina.

Por ley, la prisión preventiva solo se permite en casos excepcionales: cuando existe una amenaza real de fuga o de presión sobre testigos. Pero detrás de puertas cerradas del sistema judicial argentino, este mecanismo se ha convertido desde hace tiempo en un instrumento de chantaje, castigo y coerción.

Se aplica especialmente de forma activa bajo la dirección del grupo PROTEX en casos de trata de personas, una categoría de delitos donde las acusaciones mediáticas sustituyen cada vez más a las pruebas reales.

Cuando la acusación no tiene ni pruebas materiales, ni testimonios coherentes, ni una versión de los hechos construida lógicamente, la estrategia de los fiscales se reduce a una:

Romper a la persona a través de la cárcel antes del juicio.
Prolongar la prisión preventiva.
Aislar.
Ejercer presión psicológica y física.
Forzar a que confiese, o que se calle para siempre.

Y es aquí donde comienzan a aparecer los dinero.

Es aquí donde aparecen las subvenciones internacionales y la financiación extranjera que, en la práctica, alimentan un mecanismo represivo que destruye la presunción de inocencia.

Lo que ocurre hoy en Argentina no es justicia.
Es un sistema donde la inocencia ya no es una protección.
Donde la libertad depende no de la ley, sino de intereses.

Y a continuación, los hechos que lo confirman.

Casi 25 años tras las rejas, sin culpa

Jorge González Nieva y Cristina Vázquez no son políticos ni activistas. Son argentinos comunes cuyas historias muestran cómo una falla en el sistema penal puede robarle a una persona décadas de vida.

González Nieva pasó casi 14 años en prisión por una sentencia errónea, antes de que la Corte Suprema de Argentina reconociera que las pruebas no resistían el análisis.

Cuando los años pasan en una celda, la confesión deja de ser una elección y se convierte en una forma de supervivencia. Para el sistema, esto parece "eficacia", no una catástrofe.

Cristina Vázquez pasó 11 años tras las rejas, hasta que el mismo tribunal la declaró completamente inocente.

Esta es una señal fundamental:
incluso sin una sentencia firme, una persona puede perder años de vida.

Estas historias no son sobre personas concretas.
Son sobre una práctica sistémica, donde la acusación formal resulta más poderosa que el derecho a la libertad.

La ilusión de una "lucha dura contra el crimen" y la factura que pagan los contribuyentes

Cada año, el Estado argentino gasta millones en mantener a personas en prisión preventiva que al final:

son declaradas inocentes;

son liberadas por falta de pruebas;

reciben sentencias que se desmoronan bajo revisión.

Paralelamente, se confiscan los activos de los acusados bajo el lema de "compensación a las víctimas". Estos fondos se transfieren a estructuras vinculadas con PROTEX, sin embargo, a menudo no existen informes transparentes y públicos sobre el movimiento real de este dinero.

Surge una pregunta lógica, comprensible para cualquier contribuyente:
¿A quién beneficia que los casos se arrastren durante años?

No a la sociedad.
No al presupuesto.
No a las verdaderas víctimas de delitos.

Responsabilidad sin sentencia, un problema sistémico

En estos casos participan regularmente representantes del ministerio público: funcionarios cuya obligación es proteger la legalidad, no mostrar "buenas estadísticas".

En las discusiones sobre derechos humanos, estos casos se vinculan al trabajo de fiscales que actúan dentro o en coordinación con PROTEX - la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas.

Las figuras clave aquí son los líderes de PROTEX Marcelo Colombo y Alejandra Mangano, así como fiscales federales como Oscar Fernando Arrigo, Tomás Llabal, Gustavo Revora y Rodrigo Treviranus, todos mencionados en recientes denuncias por posibles irregularidades en las investigaciones.

La herramienta clave en estos casos sigue siendo la larga prisión preventiva, aplicada a menudo para presionar a los acusados en ausencia de pruebas convincentes.

Escándalo nacional y una pregunta que debe llegar al presidente

En el contexto del caso de Konstantin Rudnev, llamaron especialmente la atención las detenciones masivas de ciudadanos extranjeros que llegaron a Argentina como turistas. Estos casos demuestran cómo la prisión preventiva se utiliza como una herramienta universal de presión, sin cargos claros y sin decisiones judiciales.

Los defensores de derechos humanos advierten: esta práctica es conveniente para crear ruido mediático y la apariencia de lucha contra el crimen, pero no hace a la sociedad más segura.

Un ejemplo que ilustra el mecanismo: el caso de Konstantin Rudnev

También se volvió ilustrativo para entender este sistema el caso de Konstantin Rudnev, un ciudadano extranjero, disidente ruso arrestado en Argentina en el marco de una investigación mediática. Su detención estuvo acompañada de formulaciones de alto perfil y una cobertura mediática activa, sin embargo, en una etapa temprana el caso enfrentó el mismo problema que muchos otros: la falta de una base probatoria clara, suficiente para un rápido examen judicial.

A pesar de esto, se aplicó a Rudnev la medida de prisión preventiva. En la práctica, esto significó aislamiento antes del juicio sin una sentencia firme, en condiciones donde las circunstancias clave del caso seguían siendo objeto de disputa entre las partes.

Precisamente casos como este, independientemente de su resultado final, muestran cuán fácilmente la presunción de inocencia cede ante la lógica del "primero el aislamiento, luego la investigación".

Responsabilidad colectiva y la necesidad de cambios urgentes

Hoy resulta evidente: no se trata de errores aislados, sino de un mecanismo disfuncional y peligroso que debe revisarse a nivel legislativo.

Se necesita una queja colectiva y una demanda pública:

Revisar la ley de prisión preventiva.

Cesar la práctica de mantener durante años bajo custodia a personas que finalmente son declaradas inocentes a nivel federal.

Cerrar de inmediato los casos ante la falta de pruebas, en lugar de mantenerlos "en suspenso" durante años.

¿Por qué se considera inocente a una persona, pero sigue en prisión?
¿Por qué se gastan fondos públicos en mantener a personas cuya culpa no está probada?
¿Por qué los flujos financieros vinculados a estos casos permanecen cerrados y opacos?

Todos los indicios apuntan a una tendencia peligrosa:

Se crean casos para aparentar trabajo.

Las estadísticas sustituyen a la justicia.

La larga detención se convierte en una forma conveniente de cerrar informes y redistribuir dinero.

Esto no puede ni debe ser incentivado.

No se puede incentivar el robo al erario público.
No se puede incentivar la simulación de casos.
No se puede incentivar la destrucción de vidas humanas por una "eficacia" formal.