Diputados comenzó el debate para darle media sanción a proyectos de consenso entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio: el fortalecimiento de la Justicia de Santa Fe con eje en el combate a la ola de violencia narco en Rosario, la creación del monotributo para pequeños contribuyentes tecnológicos y un régimen cambiario específico.

Además de estos propuestas se debaten el proyecto de reforma de la Ley de Sangre y la aceptación de la cesión de jurisdicción realizada por la provincia del Chaco al Estado nacional para la creación del Parque Nacional y Reserva Nacional Laguna El Palmar.

La sesión entre el oficialismo y el principal interbloque de la oposición se acordó en negociaciones entre la presidenta de la Cámara, Cecilia Moreau (Frente de Todos), el jefe del bloque del oficialismo, Germán Martínez, y la secretaria parlamentaria, Paula Penacca (FdT), con los principales líderes de Juntos por el Cambio: Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (PRO) y Juan Manuel López (CC).

También se acordó con los llamados “bloques del medio”, que siempre hacen equilibrio entre las dos principales fuerzas políticas: el interbloque de Provincias Unidas y el Federal, liderado por Alejandro “Topo” Rodríguez, integrado por socialistas, Identidad Bonaerense y Córdoba Federal.

El debate en Diputados para fortalecer la justicia en Santa Fe

Pasadas las 14, se inició el debate para tratar el proyecto. El primero en tomar la palabra fue Roberto Mirabella, diputado del Frente de Todos: “A partir de una convocatoria del gobernador Perotti en 2019, nos pusimos a trabajar para poder acordar un texto que implique el fortalecimiento y la modernización del sistema de justicia de Santa Fe. Es inédito que nos hayamos puesto de acuerdo todos los legisladores y legisladores de la provincia”.

“Producen hechos de terror permanente. Balean canales de televisión, periodistas, supermercados como el suegro de Lionel Messi, balean el centro de justicia penal. Estos actos de terror que llevan adelante estas organizaciones mafiosas de narcotraficantes no suceden, de esta naturaleza, en otro lugar. Esto amerita impulsar este proyecto”, remarcó y agregó: “Ante la complejidad y las causas múltiples que tienen este problema, se requieren múltiples respuestas”.

Mientras los legisladores llevan adelante la discusión en el recinto, habló Omar Perotti en conferencia de prensa: “No tenemos la magnitud para enfrentar un delito de estas características. La necesidad de contar con más fuerzas es imprescindible”.

“Hoy estamos con una transición de nuestra institución policial. Necesitamos el aporte general de la justicia federal: más recursos, más tecnología, más efectivos”, remarcó y enfatizó: “Frente a un desarrollo en los últimos 14 años de las bandas narcotraficantes, la pelea es desigual. Es necesario un mayor control en las cárceles federal, la necesidad de trabajar fuerte”.

Pese a celebrar el proyecto, el diputado opositor, Gabriel Chumpitaz, alertó que la modificación no será suficiente: “Es un medida de mediano plazo que no alcanza para nada si no sitiamos a la ciudad de Rosario con fuerzas de seguridad federales, si no reformamos el Código Procesal Penal para terminar con la puerta giratoria, si no se construyen pabellones de alto perfil y, sobre todo, si no se termina con la concepción ideológica corrosiva de este gobierno que transforma a los criminales en víctimas”.

Federico Angelini, del PRO, cuestionó al Gobierno nacional por no haber tratado el proyecto antes: “Quiero remarcar cuando se debaten las cosas que están en la agenda de la sociedad, acá está Juntos por el Cambio. Por una decisión política de Cristina Kirchner, hace tres años que el sistema acusatorio no se implementa beneficiando a los delincuentes por sobre los intereses de los santafesinos”.

“Desde mayo que está este proyecto de fortalecimiento en el Congreso, nunca fue prioridad del gobierno nacional tratarlo. Ahora que pasó lo del supermercado de la familia Messi y que evidentemente se está desbordando la situación, decidieron avanzar”, completó.

“Tuvo que llegar el apellido Messi para tratar este tema en el recinto. Igual sin mucho interés, este recinto está casi vacío”, planteó la legisladora del Frente de Izquierda, Myriam Bregman.

El diputado socialista por Santa Fe, Enrique Estévez, manifestó: “El 17 de diciembre de 2021 trabajamos mancomunadamente entre todos y logramos un acuerdo político y técnico para presentar el proyecto que tratamos ahora. Pero ya vimos la primera avivada criolla de la política, donde el senador Lewandoswki de manera totalmente miserable, presentó un proyecto solo intentado usufructuar políticamente con el drama que vivimos en Santa Fe”.

“Tenemos que esperar que a la Vicepresidenta se le antoje o tome la decisión política de designar los miembros de la Cámara para que se convoque a la comisión bicameral. No es un tema para agarrar para la joda, el narcotráfico es un delito que pone en jaque la democracia. No lo vamos a naturalizar y lo vamos a denunciar todas las veces que sea necesario”, insistió.

Además, expresó duras críticas contra el gobernador santafesino : “En 2019 llegó la paz y el orden de Omar Perotti y la improvisación total. Tuvo un precio, ese precio se pagó con vidas y en 2022 hubo 288 homicidios en el departamento de Rosario. Esto es el abandono a la ciudad, es la desidia de un gobierno nacional y provincial que no se hace cargo de su responsabilidad”.

“Este proyecto de ninguna manera soluciona el problema del narcotráfico. Es un paso más, pero que debe ser acompañado de muchos otros pasos pendientes y que dependen del gobierno federal”, indicó el diputado del PRO, Pablo Tonelli.

En ese sentido, enumeró: “Es difícil que la justicia federal funcione bien cuando la Corte Suprema está sometida a un embate absolutamente arbitrario e infundado mediante el juicio político que se está tramitando en esta Cámara y genera zozobra en los miembros. También hace falta que se concreten las designaciones en la justicia federal, hay muchas vacantes que no se cubren porque el Ejecutivo no hacen lo necesario”.

El kirchnerismo bloqueó el debate de la derogación de la pesificación de la deuda de los organismos públicos

En la previa al debate de los proyectos el Frente de Todos rechazó el debate sobre tablas de la derogación de la pesificación de la deuda de los organismos públicos, para el que se requieren las tres cuartas partes de los votos emitidos.

El reclamo lo hizo el presidente de bloque de la UCR en la Cámara baja, que criticó: “Están rascando el fondo de la olla. La pesificación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) es un manotazo ilegal de activos que pertenecen a los jubilados. No puede ser tolerado, es una medida inédita y defraudatoria”.

Negri planteó: “No sabemos adónde más van a ir. Estamos absortos. ¿A dónde van? ¿Dónde van a terminar? Paren, no se lleven todo por delante, menos el futuro de los jubilados”.

El legislador criticó en Twitter: “Pedimos que se trate sobre tablas la derogación de los DNU que obligan a la Anses a canjear bonos en dólares por bonos en pesos. Se trata de una medida defraudatoria que hay que revertir ya. El kirchnerismo rechazó mi moción. Son los mismos que tiraron 14 toneladas de piedras”.

Las claves del proyecto para fortalecer la Justicia en Santa Fe, en plena escalada de violencia narco en Rosario

El fortalecimiento de la Justicia en Santa Fe, en plena ola de violencia narco en Rosario, impulsa la creación de 50 cargos, 36 en el Ministerio Público y 14 en el Poder Judicial. Según el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso tendría un impacto de $1106 millones anuales, “sin prever el detalle de las estructuras que los contienen”.

• Según el organismo se prevén $1564 millones en gastos de personal, “parcialmente compensados por el ingreso de aportes y contribuciones a la Seguridad Social y el pago de Impuesto a las Ganancias que quedan en la Administración Nacional”.
• Una de las claves de la propuesta es el impulso la implementación del sistema acusatorio, que asegura una división de roles entre jueces y fiscales, con el objetivo de agilizar los procesos.
• Con este régimen la investigación de los delitos queda a cargo del fiscal, que es quien promueve la acción penal contra los autores y partícipes de una causa, que luego deberá ser probada en un juicio oral y público. El juez garantizará que se cumpla la ley durante el procedimiento penal, además de controlar el respeto de las garantías constitucionales.
• El proyecto plantea que “quienes sean titulares de las Fiscalías Federales ante los Juzgados, Cámaras y tribunales orales de la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, podrán desempeñarse simultáneamente ante los jueces con función de garantía, revisión, de juicio y ejecución del Distrito fiscal correspondiente a su asiento”.
• Todavía resta la conformación de la Comisión bicameral de Implementación del Código Procesal Penal Federal, que debe nombrar a los senadores que la integrarán, porque que los diputados ya fueron designados.