A dos días de las históricas manifestacionesdesatadas en Cuba en reclamo de un cambio de gobierno, hoy la activista y reportera Yoani Sánchez afirmó que comenzó la persecución de periodistas para evitar que publiquen notas sobre lo que ocurre en la isla, en medio de las denunciasdel presidente Miguel Díaz-Canel, que acusa a los Estados Unidos de estar detrás de las revueltas.
“Las casas de activistas y periodistas independientes bajo operativo policial. Varios reporteros en paradero desconocido y otros en estaciones policiales. La prensa está en la diana, para impedirle reportar lo que ocurre, pero seguiremos. #SOSCuba #11JCuba #CorredorHumanitario”, escribió la cubana en Twitter, pese al bloqueo de Internet que reina en la isla y gracias a conexión móvil, clave en estos días.
Asimismo, Sánchez denunció que “hay muertos, heridos, detenidos y desaparecidos”. “No se sabe con precisión cuántos ni dónde, porque el corte de Internet y de líneas telefónicas es generalizado en Cuba. Pero poco a poco, vía túneles encriptados, mensajería y redes sociales, se va conociendo el saldo de la represión contra el levantamiento popular, multitudinario e inédito, que comenzó el domingo por todo el país”, afirmó.
El reclamo por la seguridad de los periodistas llega en momentos en que la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) y la Agrupación de Periodistas de UGT reclaman la “inmediata” puesta en libertad de la corresponsal de ABC en Cuba, Camila Acosta, detenida tras informar de las manifestaciones.
En un comunicado, la FAPE exigió la retirada de los cargos contra Acosta, que puede ser procesada por presuntos delitos contra la seguridad del Estado, y pide al gobierno español que se interese por la situación de la corresponsal y “haga todas las gestiones que sean necesarias para que sea puesta en libertad sin cargos”.
Asimismo la federación instó al gobierno cubano a que “se responsabilice de la seguridad de los periodistas y respete el libre ejercicio del periodismo, un elemento fundamental para garantizar el derecho de información de los ciudadanos”.
