La administración de los recursos provenientes de la actividad minera volvió al centro de la discusión en Catamarca tras las críticas formuladas por la abogada y exdiputada provincial Silvana Carrizo, quien cuestionó la falta de transparencia del Gobierno en el manejo del Fideicomiso de Regalías Mineras y reclamó explicaciones sobre el destino de los fondos públicos.

El planteo surgió luego de conocerse que el Poder Ejecutivo provincial dispuso, mediante el Decreto 970/2026, un nuevo aporte de $7.751.931.506,57 destinado a afrontar el pago de certificados de obra pendientes. Para Carrizo, la reiteración de estas transferencias extraordinarias obliga a conocer cómo se planificaron los ingresos, de qué manera se asumieron los compromisos de infraestructura y cuáles son los mecanismos de control aplicados a los recursos.

La exlegisladora recordó que en octubre de 2024 se había dispuesto una transferencia de $6.000 millones con una finalidad similar. Un mes después, en noviembre de ese mismo año, se anunció otro aporte de $7.000 millones, vinculado entonces con la caída del precio internacional del litio.

Al considerar esos antecedentes junto con la nueva disposición, Carrizo señaló que se trata de tres aportes extraordinarios anunciados o dispuestos en un período de dos años, por un total superior a $20.750 millones nominales.

"Estamos hablando de tres aportes extraordinarios anunciados o dispuestos en apenas dos años, por más de $20.750 millones nominales. Esto obliga a formular una pregunta elemental: ¿cómo se proyectaron los ingresos, cómo se comprometieron las obras y por qué el fideicomiso necesita reiteradamente nuevos recursos para cumplir con obligaciones asumidas?", planteó.

El cuestionamiento apunta a la necesidad de conocer la planificación financiera que sostiene el funcionamiento del fideicomiso, especialmente ante la acumulación de certificados de obra pendientes y la decisión de recurrir nuevamente a aportes extraordinarios para afrontar obligaciones ya asumidas.

Obligaciones de rendición de cuentas

Carrizo sostuvo que la discusión sobre el manejo de los fondos no puede separarse de las obligaciones legales que regulan el funcionamiento del Fideicomiso de Regalías Mineras. En ese sentido, recordó que el artículo 5 de la Ley Provincial 5.642 establece responsabilidades específicas para el Poder Ejecutivo.

Entre ellas, mencionó la constitución de fondos fiduciarios con la totalidad de los ingresos correspondientes a regalías mineras, respetando la distribución y el destino establecidos por la legislación, y la presentación de rendiciones de cuentas semestrales ante las comisiones de Hacienda de ambas cámaras legislativas.

A partir de ese marco normativo, la exdiputada respaldó los cuestionamientos formulados por el diputado provincial Mamerto Acuña respecto de la falta de control legislativo sobre el funcionamiento del fideicomiso.

"Cuando el diputado Mamerto Acuña reclama control legislativo, no estamos frente a una simple diferencia política. Estamos hablando de una obligación expresamente establecida por ley. El Gobierno debe acreditar que presentó las rendiciones correspondientes, ponerlas a disposición de los legisladores y explicar cómo se administraron los recursos", afirmó.

La exlegisladora también advirtió que la existencia de un fiduciario y de un Comité de Administración no reemplaza las facultades de fiscalización de la Legislatura ni la intervención de los organismos de control competentes.

"Un fideicomiso público no puede transformarse en una estructura de administración de recursos por fuera del escrutinio institucional. La herramienta financiera no puede estar por encima de la ley ni debilitar los controles sobre el dinero de todos los catamarqueños", sostuvo.

La diferencia de $3.250 millones que reclama esclarecer

Otro de los puntos señalados por Carrizo es la diferencia entre las regalías mineras recaudadas y los ingresos registrados en el fideicomiso, una cuestión que había sido expuesta públicamente por el diputado Francisco Monti.

Según las cifras presentadas por el legislador para el período comprendido entre julio de 2025 y junio de 2026, la recaudación por regalías mineras habría alcanzado los $17.900 millones, mientras que los ingresos al fideicomiso habrían sumado $14.650 millones.

La diferencia entre ambos montos asciende a $3.250 millones, una cifra equivalente aproximadamente al 18,2% de la recaudación mencionada. Carrizo consideró que esa brecha requiere una explicación técnica y documentada, aunque aclaró que no corresponde afirmar que existe un desvío sin conocer previamente los registros contables y la documentación respaldatoria.

"Es una diferencia significativa que merece una explicación técnica y documentada. No corresponde afirmar que existe un desvío sin conocer los registros contables, pero tampoco corresponde que el Gobierno guarde silencio frente a cifras de esta magnitud", expresó.

La exdiputada contempló que podrían existir diferencias temporales de registración, transferencias pendientes u otras circunstancias contables que expliquen la brecha. Sin embargo, insistió en que es responsabilidad del Poder Ejecutivo presentar una conciliación documentada que permita establecer el origen y el destino de cada peso.

"La transparencia no consiste en pedirle a la sociedad que confíe. Consiste en mostrar los números, respaldarlos con documentación y permitir que sean controlados", remarcó.

Obras comprometidas y falta de información pública

La crítica de Carrizo también se concentra en la ausencia de información pública sistematizada sobre las obras financiadas mediante el fideicomiso. Para la exlegisladora, la discusión no debe limitarse al monto de los aportes extraordinarios, sino que debe incluir los criterios de planificación, la ejecución de los proyectos y las obligaciones financieras pendientes.

En particular, reclamó conocer con qué proyecciones de ingresos se comprometieron las obras, qué criterios se utilizaron para establecer prioridades, cuántas se encuentran terminadas, cuántas continúan en ejecución y cuál es el monto total de los certificados que todavía no fueron pagados.

También planteó la necesidad de informar cuánto recibió cada departamento, qué compromisos financieros asumió el fideicomiso y qué partidas presupuestarias fueron utilizadas o reasignadas para afrontar los diferentes aportes extraordinarios.

"Si las obras se comprometieron sobre proyecciones de ingresos que después no se cumplieron, el Gobierno debe explicar cómo evaluó esos riesgos. Y si los recursos fueron insuficientes, también debe informar qué decisiones se adoptaron para evitar que esa situación se repitiera. Lo que no puede ocurrir es que se anuncien obras, se acumulen obligaciones y después se recurra nuevamente a fondos públicos sin una rendición integral de lo ejecutado", señaló.

El planteo vincula la disponibilidad de recursos con la necesidad de conocer los resultados concretos de su aplicación. Para Carrizo, los anuncios de inversión y las obligaciones asumidas deben poder contrastarse con información sobre las obras realizadas, los pagos efectuados y los compromisos que continúan pendientes.

El antecedente legislativo

Carrizo recordó que sus cuestionamientos al esquema de administración de las regalías mineras mediante fondos fiduciarios no son nuevos. Durante su mandato legislativo ya había planteado objeciones al sistema y promovido, junto con el diputado Mamerto Acuña, una alternativa para modificar el régimen vigente.

Según recordó, en 2025 propusieron derogar los fideicomisos Salar del Hombre Muerto y de Regalías Mineras, derogar la Ley Provincial 5.642 y restablecer el régimen de distribución previsto en la Ley 5.128, con el objetivo de recuperar la transferencia directa de los recursos a los municipios beneficiarios.

"No empezamos a cuestionar este sistema ahora. Lo hicimos desde la Legislatura y presentamos una alternativa concreta. Entendíamos que la administración de las regalías debía garantizar previsibilidad, distribución territorial, transparencia y control. Los problemas que hoy se conocen demuestran que aquella discusión sigue plenamente vigente", afirmó.

Para la exdiputada, el debate excede la continuidad de un instrumento financiero y comprende también la autonomía de los municipios y la forma en que se distribuyen territorialmente los beneficios generados por la minería.

"Las regalías deben traducirse en infraestructura, servicios y oportunidades para las comunidades. No pueden quedar atrapadas en un esquema donde los municipios desconocen cuánto les corresponde, las obras dependen de decisiones centralizadas y la ciudadanía no dispone de información suficiente para evaluar los resultados", expresó.

Los pedidos de rendición de cuentas y control efectivo

Frente a los cuestionamientos planteados, Carrizo reclamó que el Gobierno provincial presente y haga públicas las rendiciones semestrales previstas en el artículo 5 de la Ley 5.642 desde la constitución del fondo, acompañadas de la documentación respaldatoria.

Además, solicitó una serie de medidas para facilitar el seguimiento de los recursos y de las obras financiadas:

Rendiciones de cuentas: publicación de las presentaciones semestrales exigidas por la Ley 5.642, junto con sus respaldos documentales.

Conciliación de ingresos: explicación pública de las diferencias entre las regalías recaudadas y los fondos efectivamente ingresados al fideicomiso.

Información sobre las obras: detalle por departamento de los proyectos financiados, sus montos, sus estados de avance y los certificados pagados y adeudados.

Origen de los aportes extraordinarios: identificación de las fuentes presupuestarias utilizadas para afrontar las transferencias.

Intervención de los organismos de control: participación de las instancias competentes en la fiscalización de la administración de los recursos.

"No alcanza con informar cuánto dinero se destina al fideicomiso. Es necesario conocer cuánto ingresó, cuánto se comprometió, cuánto se pagó, qué obras se ejecutaron y cuáles son las obligaciones pendientes. Sin esa información, el control público se vuelve imposible", sostuvo.