A un año de la detención del gendarme argentino Nahuel Gallo en Venezuela, el caso sigue sin avances concretos y sin información oficial sobre su paradero. La situación genera preocupación en todo el país, incluso en provincias como Catamarca, donde familiares de miembros de fuerzas de seguridad siguen de cerca el impacto político e internacional de situaciones como esta.
Gallo fue detenido el 8 de diciembre del año pasado cuando ingresaba a Venezuela por uno de los puentes fronterizos que conectan Cúcuta (Colombia) con Táchira. Viajaba con toda la documentación en regla para visitar a su pareja y a su hijo, que residían en Caracas desde hacía meses. Desde entonces, el régimen chavista utilizó su caso con fines políticos, mientras Argentina y diversos organismos internacionales denuncian una desaparición forzada.
Actualmente, el gendarme permanece detenido sin abogado, sin contacto con su familia y sin que existan datos oficiales sobre dónde se encuentra. "Hace un año que no escuchamos su voz", expresó su pareja, María Gómez, el fin de semana en declaraciones a TN.
En este escenario, el Gobierno de Javier Milei reconoce que tiene pocas herramientas para gestionar la liberación de Gallo por sí solo. No existe un canal diplomático abierto con Venezuela, lo que dificulta cualquier intento de negociación.
La principal apuesta argentina se concentra ahora en el rol de Estados Unidos. La presión diplomática y militar de Washington volvió a ubicarse en el centro de las expectativas, dados los antecedentes recientes. Ya hubo un intento coordinado entre Italia, Israel y Bélgica.
Mientras destructores, aviones de combate y marines estadounidenses se posicionan en el Caribe, Argentina busca que el caso Gallo sea incorporado a las negociaciones en curso con el régimen venezolano. En situaciones anteriores, Estados Unidos logró la liberación de ciudadanos propios en condiciones similares. Apenas días después de regresar a la Casa Blanca, el enviado especial de Donald Trump, Richard Grenell, viajó a Caracas, se reunió con Nicolás Maduro y regresó con un grupo de estadounidenses detenidos.
Washington también intervino en la evacuación de los cinco asesores de María Corina Machado que permanecían asilados en la residencia argentina en Caracas. Agentes de inteligencia de Estados Unidos continúan operando en distintos puntos del país caribeño, y Argentina considera que allí puede estar la clave para avanzar en el caso.
Durante el último año, Argentina elevó denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solicitando medidas cautelares; ante la Corte Penal Internacional (CPI), por detención arbitraria y desaparición forzada; y ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Los principales interlocutores del Gobierno nacional son el Ministerio de Seguridad y la Cancillería. Desde ambos organismos se coordinó la salida en secreto de María Gómez y su hijo de territorio venezolano. En su testimonio televisivo, Gómez fue contundente: "Nahuel no está preso, está en desaparición forzada. Eso es un crimen de lesa humanidad".