El Gobierno prepara la incorporación de cambios en la Ley de Financiamiento Universitario dentro del Presupuesto 2027, en un contexto marcado por la necesidad de reunir los votos suficientes para sancionar el proyecto. En el Poder Ejecutivo todavía trabajan sobre los detalles de la fórmula que propondrán para el próximo ejercicio y sobre la manera de encauzar el remanente del conflicto judicial generado alrededor de la Ley 27.795.

El proyecto referido a la evolución de los gastos y los ingresos deberá ingresar a la Cámara de Diputados a más tardar el 15 de septiembre. La Casa Rosada descarta postergar ese tratamiento y sostiene que, una vez remitida la iniciativa, comenzará inmediatamente la negociación con los bloques.

La fecha está establecida por la Ley de Administración Financiera, que dispone que el texto debe ingresar antes de ese día. Por eso, el oficialismo busca acelerar durante las próximas semanas buena parte de la agenda que todavía permanece pendiente en el Congreso.

Entre las iniciativas que aparecen en la agenda de Balcarce 50 figuran:

• Zonas Frías.
• Hojarasca.
• Súper RIGI.
• Reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.
• Inocencia Fiscal.
• Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT).
• Reforma de la Ley General de Sociedades.

Sin embargo, en el Ejecutivo aseguran que el Presupuesto no quedará condicionado a que todas esas iniciativas sean aprobadas previamente. La intención es avanzar todo lo posible antes del 15 de septiembre y concentrar después una parte importante de la negociación política en la ley que define los gastos y recursos del Estado.

En los despachos oficiales muestran, además, mayor confianza que a fines de 2025 respecto de la posibilidad de construir una mayoría que permita aprobar el Presupuesto.

Universidades: el capítulo más sensible

Uno de los puntos que promete generar mayor tensión será el financiamiento universitario. En Nación anticipan nuevas diferencias con los gremios, los rectores y sectores estudiantiles, aunque sostienen que se trata de un frente que pretenden "resolver".

El conflicto volvió a escalar durante agosto a partir de paros y protestas vinculados con el cumplimiento de la Ley 27.795, mientras continúa abierta una instancia judicial. La disputa comenzó luego de que el Congreso sancionara la Ley de Financiamiento Universitario y el Poder Ejecutivo dictara el Decreto 759/2025, que condicionó la ejecución de la norma a la identificación de las fuentes de financiamiento y a la incorporación de las partidas correspondientes.

Frente a esa decisión, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) inició un amparo. La controversia llegó posteriormente a la Corte Suprema, aunque la intervención del máximo tribunal no implicó una resolución sobre el fondo de la cuestión.

La Corte intervino sobre la medida cautelar que había alcanzado a los artículos 5 y 6 de la ley, relacionados principalmente con la actualización de los salarios docentes y no docentes y con programas destinados a estudiantes.

El 25 de junio, el máximo tribunal rechazó el recurso extraordinario presentado por el Estado porque consideró que la cautelar no constituía una sentencia definitiva. De esta manera, la Corte no resolvió el fondo del amparo y devolvió el expediente para que continuara su trámite en las instancias inferiores.

El acuerdo del 10 de junio y el nuevo escenario

Para el Gobierno existe un elemento que modificó parcialmente el escenario respecto del momento en que se dictó originalmente la medida cautelar: el acuerdo alcanzado el 10 de junio entre Nación, el CIN y los gremios.

El entendimiento contempló una serie de medidas destinadas a recomponer distintos componentes del financiamiento universitario. El acuerdo estableció:

• Una recomposición de la masa salarial del 24,33%.
• Un aumento del 20% para los gastos de funcionamiento.
• $50.000 millones adicionales para hospitales universitarios.
• Una suba del 50% en las Becas Manuel Belgrano.

En los despachos oficiales consideran que ese acuerdo absorbió una parte importante de la discusión que había dado origen a la cautelar. Sin embargo, reconocen que todavía existen diferencias vinculadas con la recomposición pendiente de 2024 y con distintos aspectos del financiamiento estudiantil.

La estrategia del Ejecutivo consiste ahora en continuar la negociación y utilizar el Presupuesto 2027 como herramienta para establecer las partidas y las reglas correspondientes al próximo ejercicio. La expectativa oficial es que un entendimiento más amplio permita también desactivar progresivamente el frente judicial. Para eso, los porcentajes y la fórmula que se aplicarán durante 2027 todavía deberán ser definidos.

La intención es negociar durante las próximas semanas el nuevo esquema y, al mismo tiempo, vincular esa discusión con lo que todavía resta resolver del período anterior. En Nación plantean como prioridad evitar que el próximo ejercicio vuelva a comenzar con una disputa alrededor de la ejecución de las partidas destinadas a las universidades.

Discapacidad, otro frente bajo análisis

El financiamiento universitario no será el único capítulo que el Gobierno analiza incorporar al debate presupuestario. Discapacidad aparece como un segundo eje, aunque con un menor grado de definición.

La Ley 27.793 declaró la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, con la posibilidad de una prórroga por un año. La norma fue reglamentada en febrero, luego de una sentencia judicial que ordenó su aplicación.

El régimen incluye pensiones no contributivas, prestaciones y medidas destinadas a los prestadores. Por ese motivo, cualquier modificación deberá contemplar un esquema que ya se encuentra en ejecución.

En el Ejecutivo evalúan sumar modificaciones a esta normativa dentro del proceso de discusión presupuestaria, aunque todavía no existe el mismo nivel de definición alcanzado en el capítulo universitario.

Las diferencias internas

El conflicto universitario también quedó atravesado por diferencias dentro del propio oficialismo, particularmente entre Santiago Caputo y los Menem. En ambos espacios existen reproches cruzados alrededor de la conducción de las negociaciones, el manejo de los votos y la manera en que se administró durante los últimos meses el frente judicial y político.

En la mesa política del Gobierno buscan evitar que esas disputas vuelvan a interferir en una negociación considerada sensible para la aprobación del Presupuesto.

La discusión, por lo tanto, no se limita al contenido de las partidas universitarias o a las eventuales modificaciones sobre discapacidad. También involucra la capacidad del oficialismo para ordenar su propia estrategia, construir acuerdos y sostener una mayoría durante un proceso legislativo que tendrá varios puntos de tensión.