La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó que Cristina Fernández de Kirchner deberá continuar utilizando la tobillera electrónica en el marco del cumplimiento de su prisión domiciliaria, que lleva adelante en su departamento ubicado en la calle San José 1111, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La resolución se conoció luego de que el máximo tribunal desestimara el pedido presentado por la defensa de la expresidenta para apartar a los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti de la causa. Los magistrados cuestionados habían intervenido previamente y ratificado la condena en junio del año pasado, motivo por el cual el planteo buscaba su recusación.

Con esta decisión, la Corte rechazó los argumentos de la defensa y ratificó la validez de las actuaciones de los jueces, dejando firme la continuidad de las condiciones establecidas para el cumplimiento de la prisión domiciliaria. Entre ellas, se encuentra la obligatoriedad del uso de la tobillera electrónica como mecanismo de control judicial.

El fallo reafirma la postura del máximo tribunal respecto a la imparcialidad de sus integrantes y consolida el criterio ya adoptado en instancias anteriores. De esta manera, se mantiene sin cambios el esquema de control impuesto a la exmandataria, que seguirá siendo monitoreada mediante el dispositivo electrónico.

La resolución judicial volvió a generar repercusiones en el escenario político y judicial a nivel nacional, dado el peso institucional y simbólico de la figura de Cristina Fernández de Kirchner. En ese contexto, el fallo también fue seguido con atención en provincias como Catamarca, donde el devenir de las decisiones de la Corte Suprema suele tener impacto en el debate público y político local.

El rechazo al pedido de apartamiento de los jueces Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti refuerza, además, el rol de la Corte como instancia final en el sistema judicial argentino. La ratificación de la condena, ya confirmada en junio del año pasado, y la continuidad de las medidas de control forman parte de un proceso que sigue marcando la agenda política del país.

En Catamarca, como en otras provincias, el fallo fue analizado desde distintos sectores políticos y jurídicos, en un contexto en el que las decisiones del máximo tribunal suelen ser interpretadas en clave institucional. La confirmación de la tobillera electrónica se suma así a una serie de resoluciones que mantienen vigente el debate sobre el alcance de la Justicia y su relación con la dirigencia política.

Con esta decisión, la Corte Suprema cerró una nueva instancia de discusión planteada por la defensa de la expresidenta y dejó firme el cumplimiento de las condiciones judiciales impuestas, reafirmando su posición en una causa de alto impacto nacional.