El miércoles, pasada la medianoche, cuando el oficialismo celebraba la aprobación general de la Ley de Presupuesto, un colaborador central del círculo presidencial recibió un mensaje que anticipaba tormenta. Un dirigente peronista con experiencia y confianza le escribió por WhatsApp: "¿132 a 97? Andá llamando a la cochería". La advertencia aludía a un resultado que parecía cómodo, pero que podía convertirse en antesala de un desastre al momento de votar la ley en particular.
El asesor se inquietó, aunque en los 80 minutos que transcurrieron entre la votación general y la discusión por capítulos no hubo señales de alarma. No sonaron teléfonos ni hubo consultas urgentes. Todo parecía marchar según el plan que habían articulado Martín Menem y Diego Santilli con gobernadores y diputados.
Desde el círculo chico del poder aseguran que no previeron lo que finalmente ocurrió a la 1.35 de la madrugada, cuando la Cámara de Diputados rechazó en su totalidad el capítulo XI, el núcleo de mayor interés para la Casa Rosada. Recién entonces comenzaron a sonar los celulares.
A partir de ese momento, las malas noticias se encadenaron. Mientras el oficialismo intentaba asimilar el resultado y lo que Martín Menem definió luego como "la traición" de varios gobernadores aliados —entre ellos los de Catamarca y Tucumán—, el presidente de la Cámara quedó envuelto en otro conflicto de alto voltaje político.
Se trataba de avanzar con un acuerdo que había comenzado el día anterior y se consolidó el miércoles por la tarde, cuando Menem le comunicó a Germán Martínez, jefe del bloque kirchnerista, la decisión de designar a los representantes de Diputados en la Auditoría General de la Nación (AGN), un organismo clave en materia de control y transparencia que permanecía paralizado por falta de nombramientos.
En ese esquema apareció un nuevo foco de tensión: la provincia de Salta reclamó una silla en la AGN que inicialmente estaba destinada al PRO, el aliado más consistente del Gobierno hasta ese momento. Un diputado cercano al oficialismo cuestionó la lógica del acuerdo: conceder a un gobernador un cargo por cinco años cuando las demandas suelen ser inmediatas. "Los gobernadores viven de lo que necesitan hoy", resumió, en una lectura cruda de la negociación política.
El encadenamiento de errores dejó al Gobierno expuesto en varios frentes: un acuerdo con el kirchnerismo, llevado adelante al límite del reglamento —ya que las designaciones no figuraban en el temario y requerían una mayoría agravada— y una fuerte fricción con el PRO, que llevó a Mauricio Macri a preguntarle a Cristian Ritondo: "¿Dónde estamos parados?".
La madrugada sumó un episodio insólito cuando se aprobó finalmente la designación de los auditores. Ritondo denunció la maniobra, pero la diputada salteña Cinthia Pamela Caletti no aparecía en el recinto. Su ausencia, vinculada a la silla más disputada, alimentó versiones de todo tipo mientras se sucedían discursos críticos del acuerdo hasta que finalmente se hizo presente.
El desgaste con el PRO fue evidente y fortaleció su capacidad de daño político. Patricia Bullrich lo sintió de inmediato: se desmoronó la estrategia para la reforma laboral, se aceleró un dictamen y se prorrogó la discusión para febrero. Además, el oficialismo terminó aceptando que el dictamen del Presupuesto se trate después de Navidad tal como llegó desde Diputados.
En el capítulo XI también se incluía el pago de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, un punto que Jorge Macri utilizó para garantizar el respaldo unánime del PRO. Ritondo estalló en la sesión al advertir que ese artículo había sido incorporado en el apartado más conflictivo del proyecto. Su cálculo fue certero: al caer la derogación del Financiamiento Universitario y de la Emergencia en Discapacidad, también se caían esos fondos. Por eso, Macri recurrió al ministro de Economía para exigir el cumplimiento del fallo de la Corte sin necesidad de incorporarlo al Presupuesto.
El núcleo del conflicto
El capítulo XI concentraba temas sensibles y estratégicos: la reducción de subsidios a la zona fría, el pago de deudas a generadoras de energía, la actualización presupuestaria del Poder Judicial y la derogación de dos leyes rechazadas por el Gobierno. Ambas normas habían sido vetadas por el Presidente, pero quedaron vigentes tras el rechazo parlamentario a esos vetos. La estrategia oficial había sido prorrogar su aplicación hasta derogarlas vía Presupuesto.
Ese objetivo debía concretarse el miércoles por la noche. No ocurrió. El resultado fue el opuesto al esquema de compensaciones que el oficialismo había diseñado: de un esperado win win pasaron a un lose lose, con consecuencias todavía inciertas.
Pese a ello, desde la Casa Rosada intentan sostener un discurso optimista. Diego Santilli y Patricia Bullrich coincidieron en destacar que la aprobación general del Presupuesto es "un paso muy importante" tras tres años sin ley de gastos.
Sin embargo, puertas adentro, la calma es frágil. En el entorno de Santiago Caputo se multiplicaron las reuniones para detectar el punto exacto de la falla. Volvieron las críticas cruzadas con el sector que responde a los Menem. ¿Falló Martín Menem o la estrategia que le bajaron? El presidente de la Cámara responsabilizó a los gobernadores de Catamarca y Tucumán, pero varios diputados aseguran que no hubo instrucciones claras y que el oficialismo avanzó sin consensos en la derogación de leyes socialmente sensibles.
Son tensiones internas de un poder que, tras un inicio errático, buscaba mostrar una nueva etapa más ordenada luego del triunfo electoral. Pero los números siguen siendo una limitación: aunque el bloque creció, todavía no le alcanza ni siquiera para garantizar quórum propio.