El Gobierno de Javier Milei enfrentará este jueves una nueva movilización de las universidades públicas, en un conflicto que continúa abierto pese a las protestas, los paros y las decisiones judiciales que ordenan aplicar la Ley de Financiamiento Universitario. Se trata de la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada luego de que el Congreso ratificara la norma que el Presidente había vetado.

La concentración confluirá frente al Congreso de la Nación, donde la oposición buscará avanzar ese mismo día con el rechazo del DNU 70/2023. La coincidencia de ambas convocatorias podría ampliar la presión política sobre la Casa Rosada, mientras Milei se encuentre en Washington, con actividades previstas junto a empresarios y en la Embajada argentina.

A diferencia de otros conflictos sectoriales, la disputa universitaria excede los reclamos salariales y presupuestarios. La defensa de la educación pública reúne a estudiantes, docentes, autoridades académicas y organizaciones de distintas pertenencias políticas, una amplitud que dificulta al Gobierno desactivar las protestas y alcanzar un acuerdo con las universidades.

La tensión se profundizó durante la última semana, cuando los rectores trasladaron una reunión del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) al Cabildo de Buenos Aires para reclamar fondos. En paralelo, representantes de centros de estudiantes ingresaron al Palacio Pizzurno para exigir respuestas de las autoridades educativas. La protesta terminó con la intervención de las fuerzas de seguridad, luego de una reunión frustrada con el secretario de Educación, Carlos Torrendell.

"Nos cansamos de mendigar lo que nos corresponde. Ya marchamos, ya hicimos clases públicas, cortamos las calles, presentamos petitorios, el Congreso ya se posicionó y la Justicia ya sentenció", expresaron los manifestantes en el edificio educativo.

De las calles a la Justicia: un conflicto que sigue abierto

La disputa sumó un nuevo capítulo cuando el juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional la cláusula del decreto 759/2025 que condicionaba la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario a la disponibilidad de recursos presupuestarios. El magistrado ordenó su cumplimiento inmediato, aunque el Gobierno apeló la sentencia de primera instancia.

La norma fue aprobada en agosto de 2025 y posteriormente vetada por Milei. Sin embargo, ambas cámaras del Congreso reunieron los dos tercios necesarios para insistir con su sanción. El Ejecutivo la promulgó, pero suspendió su ejecución bajo el argumento de que los legisladores debían establecer las fuentes de financiamiento.

La decisión de mantener suspendida una ley ratificada por el Congreso abrió un frente judicial que se suma al desgaste político provocado por las reiteradas movilizaciones. Durante la conferencia de prensa de los rectores en el Cabildo, el presidente del CIN, Franco Bartolacci, cuestionó esa postura: "Hoy puede ser la ley de financiamiento universitario, mañana cualquier otra. No está bien que la ley se cumpla solamente cuando te gusta".

La discusión presupuestaria también se refleja en los ingresos del sector. Según un estudio del Centro de Investigación de Economía Nacional de la UBA, los recursos universitarios registraron en julio una caída real del 40,5% respecto del mismo mes de 2023. Por su parte, las casas de estudio y los gremios calculan una pérdida salarial acumulada del 31,2%.

El Gobierno sostiene que los aumentos salariales otorgados superaron la inflación del período considerado en sus presentaciones judiciales y defiende la necesidad de preservar el equilibrio fiscal. También reclama mayores auditorías y modificaciones en los mecanismos de distribución de recursos, aunque esas propuestas no lograron acercar posiciones con las autoridades universitarias.

El respaldo sindical y la disputa por el Presupuesto 2027

La quinta marcha contará con el acompañamiento de la Confederación General del Trabajo (CGT) y del Frente de Sindicatos Unidos (Fresu), integrado por las dos CTA, ATE y gremios que mantienen una postura confrontativa con el Gobierno. También participarán federaciones docentes y no docentes y organizaciones estudiantiles.

La convocatoria coincidirá con una sesión especial de la Cámara de Diputados, prevista para las 14, en la que la oposición buscará rechazar el DNU 70/2023 y tratar iniciativas vinculadas con el endeudamiento familiar y la emergencia en discapacidad.

Para la Casa Rosada, la confluencia de estos reclamos representa un desafío político que va más allá de la cantidad de manifestantes. La jornada podría aumentar la presión sobre los legisladores aliados que el oficialismo necesita para sostener el decreto y avanzar con su agenda parlamentaria.

El financiamiento universitario también será uno de los puntos centrales de la discusión por el Presupuesto 2027. Mientras el Gobierno propuso destinar $7,3 billones al sector, el CIN reclama $11 billones para garantizar su funcionamiento. La diferencia anticipa una nueva disputa en el Congreso, donde el oficialismo deberá negociar con bloques que ya respaldaron los reclamos universitarios.

La posición presidencial, por el momento, no muestra señales de flexibilización. En un mensaje publicado el viernes, Milei volvió a cuestionar lo que considera un uso político de las causas vinculadas con las universidades, las jubilaciones y la discapacidad. "No defienden derechos. Defienden cajas", escribió en su cuenta de X, al reclamar controles sobre el destino de los recursos públicos.

La quinta Marcha Federal Universitaria volverá a poner en evidencia un conflicto que combina reclamos en las calles, cuestionamientos judiciales y negociaciones presupuestarias. La movilización de este jueves se desarrollará en un escenario de tensión entre el Ejecutivo y las universidades, con la discusión por los fondos para 2027 como otro de los ejes de la disputa.

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