En una resolución de alto impacto para el mapa del fútbol argentino, la Justicia Federal ha decidido avanzar con firmeza en la causa penal que tiene como principal imputado a Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). A pesar de los denodados esfuerzos de su equipo legal por suspender el procedimiento, el juez Diego Amarante ratificó que el dirigente deberá presentarse a prestar declaración indagatoria este jueves, en el marco de una investigación por la presunta retención indebida de aportes a la seguridad social y otros tributos nacionales. Esta decisión judicial representa un duro golpe a la estrategia de la entidad madre del fútbol local, que intentó sin éxito frenar el avance de un expediente que amenaza con complicar seriamente la situación procesal de su cúpula directiva.
El rechazo al pedido de nulidad y el cronograma judicial
La defensa de Tapia había presentado el pasado viernes un escrito ante la Cámara argumentando la inexistencia de delito y sosteniendo que la deuda reclamada ya había sido cancelada en su totalidad por parte de la institución. No obstante, el juez Amarante desestimó estos fundamentos este martes, manteniendo la convocatoria para que el titular de la calle Viamonte declare bajo la figura de imputado. El escenario judicial para la dirigencia de la AFA se presenta sumamente complejo, ya que el cronograma establece que Tapia debe comparecer el jueves 5 de marzo. Por su parte, la indagatoria del tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, quien también se encuentra bajo la lupa judicial en esta misma causa, estaba prevista para el día siguiente, aunque finalmente ese trámite puntual fue postergado por el juzgado.
El origen de la denuncia: el rol de ARCA y la mecánica del presunto delito
La causa penal tuvo su génesis en una denuncia impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), organismo que detectó maniobras sistemáticas de apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social que superan los $19.353 millones. La investigación se centra en retenciones impositivas y aportes que la AFA habría efectuado sobre terceros pero que no depositó en las arcas estatales dentro del plazo legal de 30 días corridos posteriores al vencimiento. Los períodos bajo análisis son extensos, abarcando desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025, e incluyen maniobras con el Impuesto al Valor Agregado (IVA), Ganancias y contribuciones previsionales.
Desde el punto de vista técnico, el organismo recaudador sostiene que estas acciones encuadran en el delito de omisión por parte de un agente de retención. El argumento central de ARCA es que los importes en cuestión no constituyen fondos propios del contribuyente, sino recursos ajenos que pertenecen al Estado desde el momento mismo de la retención, por lo que su no ingreso implica una indebida apropiación de caudales públicos. En términos penales, esta figura prevé castigos que oscilan entre los dos y los seis años de prisión para el agente que no deposite el tributo percibido, siempre que el monto no ingresado supere el umbral de los $100.000 por mes.
Pruebas contables y el factor administrativo bajo la lupa
Para fundamentar la citación a indagatoria, el magistrado Amarante valoró informes técnicos que exponen la solvencia y el flujo de caja de la entidad, lo que contrastaría con la falta de pago de las obligaciones denunciadas. Los documentos revelan cifras astronómicas: en diciembre de 2024 la AFA registró acreditaciones por más de $45.072 millones, mientras que durante el año 2025 los ingresos superaron los $453.449 millones, sumado a la constitución de varios plazos fijos en pesos y dólares.
A este complejo panorama financiero se suma el testimonio de la contadora Mónica Bouvet, gerente de Administración y Control de la AFA. Bouvet explicó que la responsabilidad contable recae sobre el Presidente, el Secretario y el Tesorero, quienes firman los estados contables. En su declaración, detalló que su área confecciona las declaraciones juradas a través del sistema SIRE y que todos los vencimientos son informados vía mail a la conducción, tras lo cual recibe la instrucción directa de pagar, lo que vincula directamente a la presidencia con el manejo de estos fondos.
Restricciones y cauciones para el viaje al exterior
En paralelo al avance de la causa, el juez dictó la prohibición de salida del país para los imputados, una medida cautelar habitual en expedientes de esta magnitud. Sin embargo, ante un pedido reciente de Tapia para asistir a compromisos institucionales —específicamente un partido de la Conmebol en Brasil y un evento de la Federación Colombiana de Fútbol—, el magistrado habilitó una salida excepcional por tres días. Para ello, el juez Amarante fijó una caución real de 5 millones de pesos como garantía necesaria para suspender temporalmente la restricción, reafirmando que el proceso penal sigue su curso natural a pesar de las autorizaciones administrativas.