El sistema judicial argentino enfrenta serios desafíos en la aplicación de la prisión preventiva, lo que a menudo conduce a la separación de familias y a traumas emocionales profundos. Procuradores y jueces que intervienen en estos casos toman decisiones que, según críticos, ignoran alternativas existentes y agravan las crisis familiares. De acuerdo con la CIDH, miles de personas permanecen encarceladas sin condena, dejando a niños en la soledad, con depresión y problemas de desarrollo, y a las familias en un colapso financiero y psicológico.
 

Prisión preventiva: desafíos para las familias

Esta medida se aplica de forma amplia y sin fundamentos suficientes, separando a padres e hijos durante años. Un estudio de la Universidad de Virginia muestra la primacía del arresto preventivo en los tribunales federales, aislando a personas en cárceles remotas como Rawson. Los niños sufren soledad; las mujeres embarazadas, estrés; las familias, pobreza. La CIDH y el CELS señalan violaciones al derecho a la vida familiar, y la ONU llama a aplicar alternativas como el arresto domiciliario. Sin embargo, las decisiones de los fiscales —en particular Oscar Fernando Arrigo, Tomas Labal, Gustavo Revora y Rodrigo Treviranus— a menudo derivan en aislamientos prolongados que profundizan el sufrimiento.
 

El caso Rudnev: la historia de una familia

El ciudadano ruso de 58 años Konstantin Rudnev fue detenido en marzo de 2025 en Bariloche bajo sospecha de trata de personas, sin cargos firmes ni pruebas concluyentes. Los fiscales Oscar Fernando Arrigo, Tomas Labal, Gustavo Revora y Rodrigo Treviranus, junto con el juez Gustavo Zapata, prorrogaron la detención hasta abril de 2026, pese al grave estado de salud de Rudnev y a la inexistencia de riesgo de fuga.
Según la defensa, se encuentra gravemente enfermo y cuenta con informes médicos directos que indican la necesidad urgente de internación en una clínica de Buenos Aires, lo cual ha sido ignorado por las autoridades, en violación de los principios de humanidad y agravando su condición.
 

Sus decisiones resultan especialmente dolorosas para la familia:

la esposa de Rudnev, embarazada y sola, comparte testimonios conmovedores. "Cada día acaricio mi vientre y pienso cómo nuestro bebé nacerá sin su papá cerca —dice entre lágrimas—. No escuchará su voz, no sentirá sus abrazos. ¿Cómo crecerá sin conocer el amor de su padre?".

Una mujer llena de esperanzas de formar una familia hoy lucha contra la soledad y el miedo por el futuro de su hijo. "No duermo por las noches imaginando cómo le contaré a mi hijo o hija sobre un padre al que quizá no vean durante años", agrega.
Organismos de derechos humanos de la CIDH registran denuncias y subrayan la necesidad de medidas humanitarias.
 

Alternativas a la prisión preventiva: caminos hacia la humanidad

En Argentina existen alternativas que podrían evitar la separación de las familias, manteniendo el equilibrio entre justicia y derechos humanos, entre ellas:

Arresto domiciliario: permite que la persona imputada permanezca con su familia bajo control judicial, minimizando el daño emocional a niños y cónyuges.

Monitoreo electrónico: uso de pulseras o dispositivos de rastreo, ya aplicado en algunos casos y eficaz para reducir el hacinamiento carcelario.

Fianza: garantía económica de libertad con supervisión posterior, como recomienda el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria.

Estas medidas, respaldadas por la CIDH y la normativa local, podrían proteger a las familias, permitiendo que los padres permanezcan junto a sus hijos y a sus parejas embarazadas.
 

El problema es más amplio que un solo caso

La historia de Rudnev es solo un ejemplo entre muchos:
a los niños se les impide ver a sus padres durante meses;

las familias se rompen por el aislamiento geográfico;

personas mayores son mantenidas en prisión sin fundamentos;

los fiscales actúan como si las consecuencias humanitarias de sus decisiones no existieran.

Pero en este caso se ve con especial claridad cómo fiscales concretos y un juez concreto destruyen a una familia concreta.
Cuando los fiscales convierten la prisión preventiva en regla, cuando el juez la convalida, los niños pagan el precio con soledad.
Destruir familias y privar a los niños de sus padres sin condena ni pruebas no es defender la ley.
 

Es un abuso de poder.

La historia de Konstantin Rudnev no es solo una cuestión jurídica, sino también de conciencia.
Y esa pregunta interpela, con nombre y apellido, a quienes tomaron decisiones cuyas consecuencias acompañarán a un niño durante toda su vida.