La Conferencia de Cambio Climático de las Naciones Unidas, la COP30 realizada en Belém, concluyó tras dos semanas de intensas negociaciones con la aprobación de un documento final que desató fuertes cuestionamientos por parte de organizaciones ambientales y varios países latinoamericanos. El texto, que requería consenso total para su validación, finalmente se adoptó sin incluir una mención explícita a los combustibles fósiles —petróleo, gas y carbón—, un reclamo central de amplios sectores de la sociedad civil y también del propio presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.
A pesar de las expectativas generadas, la declaración final evitó referirse de manera directa a la eliminación progresiva de los combustibles fósiles. Esta ausencia se debió en gran parte a la presión ejercida por naciones productoras como Arabia Saudita y Rusia, que lograron bloquear la incorporación del término fossil fuels en el documento. No obstante, la declaración reconoce que el cambio climático causado por los gases de efecto invernadero constituye una preocupación global y que los países tienen la responsabilidad de actuar frente a este desafío.
El resultado fue catalogado como insuficiente por organizaciones ambientales internacionales. Kumi Naidoo, presidente de la Fossil Fuel Treaty Initiative, expresó su descontento al señalar que la COP30 estuvo "muy por debajo de lo que el mundo necesita en estos tiempos de múltiples crisis". Enfatizó que el reglamento de la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático "está roto" y cuestionó la falta de señales políticas contundentes mientras "comunidades se queman y se ahogan".
Durante los días de la cumbre, la presión social fue constante: desde movilizaciones multitudinarias hasta un simbólico "funeral de los combustibles fósiles", al que asistieron alrededor de 50 mil personas. El objetivo era lograr que la conferencia estableciera un compromiso firme y detallado para avanzar hacia energías renovables. Incluso una coalición encabezada por Colombia insistió en la necesidad de una hoja de ruta concreta con plazos y mecanismos de transición energética.
Carolina Sánchez Naranjo, coordinadora de la Red del Gran Caribe Libre de Fósiles, también criticó el resultado al recordar que los países del Sur Global enfrentan costos altísimos por los impactos del cambio climático, del orden del 5% al 10% del PIB anual en la región del Caribe. Reclamó además que la transición sea justa, equitativa y acompañada por financiamiento libre de deuda para adaptación y mitigación.
Pese a la falta de avances en el texto final, la presidencia de la COP30 —a cargo del diplomático brasileño André Corrêa do Lago— se comprometió a encabezar durante el próximo año dos iniciativas clave: una hoja de ruta para combatir la deforestación y otra destinada a organizar la transición energética lejos de los combustibles fósiles. Corrêa do Lago prometió que ambos procesos serán "respalados por la ciencia e inclusivos", una afirmación que fue recibida con aplausos en el plenario.
Sin embargo, el cierre estuvo marcado por una fuerte controversia procedimental. Para aprobar el texto, ningún país debe manifestar objeciones antes del golpe del martillo que oficializa el consenso. Pero delegaciones de Panamá, Colombia y Uruguay denunciaron que intentaron levantar la mano para rechazar secciones del documento, sin que la presidencia les concediera la palabra.
La representante panameña, Ana Aguilar, tomó el micrófono visiblemente molesta y expresó: "Estoy muy decepcionada de este proceso. Levanté mi bandera antes de que baje el martillo y usted me ignoró". Panamá cuestionó especialmente el retroceso en la aprobación de los 100 indicadores de la Meta Global de Adaptación (GGA), un conjunto de métricas que buscaba ordenar la preparación de los países ante los efectos climáticos. Durante la madrugada del viernes, Brasil decidió reemplazar esos 100 indicadores por 59 nuevos puntos, alineándose con demandas de países africanos y generando un abrupto cambio que, según varias delegaciones, no fue debidamente consultado.
Colombia se sumó a los reclamos y denunció que su pedido de palabra tampoco fue atendido. Su representante, Diana Mejía, sostuvo que sin incluir expresamente la transición "más allá de los combustibles fósiles", el texto no era aceptable para su país y debía revisarse. La situación llevó a un cuarto intermedio, tras el cual Corrêa do Lago admitió estar "cansado y viejo" y aseguró no haber visto las objeciones, aunque dejó firme la aprobación del documento y se limitó a registrar las quejas.
Así, la COP30 culminó con una mezcla de avances limitados, tensiones diplomáticas y una creciente sensación de que la ambición climática continúa lejos de lo necesario para enfrentar la emergencia global.