El gobierno de Donald Trump se prepara para revocar las visas de negocios y turismo de hasta 200.000 extranjeros que han solicitado o están solicitando asilo en Estados Unidos. De concretarse, la decisión constituiría la mayor revocación masiva de visas en la historia del país y, previsiblemente, enfrentaría impugnaciones legales.

Salvo que exista una impugnación o una modificación de la iniciativa, el Departamento de Estado prevé anunciar en las próximas semanas la revocación de visas B1 y B2 emitidas entre 2016 y 2026 cuyos titulares hayan solicitado asilo o estén en proceso de hacerlo. La operación se desarrollará en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

"Estamos coordinando con el DHS para identificar y revocar las visas de no inmigrante de los extranjeros que han llegado a Estados Unidos alegando ser visitantes de corta duración, pero que luego solicitan asilo para quedarse aquí de forma permanente", declaró el vocero del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

Pigott evitó precisar cuántas visas podrían ser revocadas. Explicó que el número seguirá siendo dinámico porque el proceso estará en curso y las revocaciones se realizarán de manera continua.

La revocación no significaría una deportación inmediata

La medida no implicaría necesariamente la deportación inmediata de quienes pierdan sus visas. Según funcionarios estadounidenses, la mayoría de las personas que tienen casos de asilo pendientes serían reclasificadas, aunque dejarían de tener el estatus correspondiente a viajeros por negocios o turismo.

Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato debido a que las revocaciones todavía no son definitivas.

Las visas involucradas tienen finalidades diferenciadas:

• B1: suelen expedirse para viajes de negocios.
• B2: suelen utilizarse para turismo, visitas familiares o atención médica.

No quedó claro de inmediato, ni en los documentos ni en las declaraciones de los funcionarios, cuántos titulares de visas B1 y B2 han solicitado o están solicitando asilo y, por lo tanto, resultarían alcanzados por las revocaciones.

A los actuales solicitantes de visas B1 y B2 se les exige confirmar que no solicitarán asilo en Estados Unidos y demostrar que tienen intención de regresar a sus países de origen.

Una ofensiva que se amplía

La posible revocación se inscribe en una política más amplia de endurecimiento migratorio desde que Trump asumió su segundo mandato el año pasado. Su administración ha incrementado progresivamente las restricciones para quienes solicitan visas.

Entre las medidas adoptadas figuran exigencias de mayor información sobre el historial de los solicitantes en las redes sociales, el requerimiento de fianzas costosas para la tramitación de visas y la prohibición directa de emitir visas a ciudadanos de determinados países.

La ofensiva también alcanza los permisos destinados a trabajadores extranjeros. Este lunes, el gobierno volvió a proponer una tasa de 103.265 dólares para los empleadores que contraten trabajadores extranjeros mediante visas H-1B, un programa utilizado ampliamente por empresas estadounidenses para incorporar profesionales especializados, entre ellos científicos, médicos, ingenieros y desarrolladores informáticos.

El Departamento de Seguridad Nacional justificó el nuevo cargo como un "mecanismo de ingresos" destinado a recuperar los costos de administración del sistema de inmigración legal.

El nuevo frente de las visas H-1B

La propuesta recupera una medida que Trump había intentado aplicar en septiembre de 2025, cuando estableció una tasa de 100.000 dólares con el argumento de combatir lo que su gobierno describió como un "abuso sistémico" del programa H-1B.

Sin embargo, en junio, un juez federal bloqueó aquella orden después de una demanda presentada por 20 estados gobernados por demócratas. Los estados sostuvieron que el cobro constituía un impuesto ilegal que eludía la autoridad del Congreso.

Mientras esa decisión continúa bajo revisión en una instancia de apelación, la Casa Blanca busca ahora imponer la tasa mediante otra vía regulatoria. Actualmente, Estados Unidos concede alrededor de 85.000 visados H-1B por año, lo que coloca a este programa en otro de los puntos centrales de la ofensiva migratoria de la administración.

La acusación contra el uso de visas de turismo

El subsecretario de Estado, Christopher Landau, cuestionó el lunes en redes sociales a quienes, según su interpretación, intentan utilizar visas de turista y de negocios para ingresar a Estados Unidos y posteriormente solicitar asilo.

"La gente en Estados Unidos y en todo el mundo está harta de las solicitudes de asilo fraudulentas", escribió Landau en X. "El asilo no debería ser una laguna legal para eludir la ley de inmigración".

Como ejemplo, Landau mencionó el caso de un ciudadano colombiano que llegó a Estados Unidos en 2015 con una visa de turista y posteriormente solicitó asilo.

El argumento refleja el eje sobre el cual se articula la nueva revisión de las visas B1 y B2: determinar si personas que ingresaron bajo la condición de visitantes de corta duración terminaron utilizando ese ingreso para iniciar procesos destinados a permanecer de manera permanente en Estados Unidos.

175.000 visas revocadas en 18 meses

La escala potencial de la nueva medida se produce después de un período en el que el Departamento de Estado ya ha realizado un número significativo de revocaciones.

Durante los últimos 18 meses, el organismo revocó alrededor de 175.000 visados a personas condenadas o acusadas de delitos que incluyen conducir ebrias, violación y robo, así como a personas que se manifestaron públicamente contra políticas estadounidenses, particularmente en relación con Medio Oriente.

La administración también endureció su postura frente al denominado turismo de maternidad, una práctica que, según sostiene el gobierno, es utilizada por mujeres extranjeras embarazadas que viajan a Estados Unidos para dar a luz y lograr que sus hijos se beneficien de la ciudadanía por derecho de nacimiento.

Trump ha intentado en varias ocasiones poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, pero esos recursos fueron rechazados por los tribunales, incluida la Corte Suprema.

El origen de la revisión

Los documentos del Departamento de Estado obtenidos por AP permiten reconstruir el origen inmediato del procedimiento. Según esos documentos, la revisión de los actuales titulares de visas B1 y B2 comenzó después de que el Departamento de Estado recibiera información del Servicio de Ciudadanía e Inmigración sobre solicitudes de asilo.

Ese intercambio de información abrió el proceso que ahora podría desembocar en una revocación masiva de visas emitidas durante una década, entre 2016 y 2026.

La cifra final todavía no está determinada. El propio Departamento de Estado sostiene que el proceso será dinámico y continuará de manera permanente. Pero el alcance potencial —hasta 200.000 visas— coloca la iniciativa en una escala inédita y la convierte, si finalmente se concreta en esos términos, en una de las decisiones más amplias adoptadas por la administración Trump sobre los permisos de ingreso al país.