Este lunes vence el plazo de dos semanas que la Argentina le otorgó al Reino Unido para que suspenda las actividades de explotación petrolera en las aguas circundantes a las Islas Malvinas. Ante la falta de expectativas de que Londres modifique su posición, el Gobierno de Javier Milei se prepara para concretar una presentación ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, Alemania.
La iniciativa constituye una nueva apuesta diplomática de la administración nacional en torno a la disputa por las islas, una cuestión que el oficialismo incorporó con especial énfasis a su agenda. La intención es que el organismo internacional se pronuncie sobre la pertinencia del reclamo argentino frente a las actividades petroleras que desarrollan las empresas Rockhopper, de origen británico, y Navitas, de origen israelí, en el marco del proyecto Sea Lion.
La misión de la Cancillería estará a cargo de Mario Oyarzábal, diplomático de carrera que tuvo destinos anteriores en Países Bajos y Naciones Unidas y que actualmente se desempeña como director de la consejería legal internacional. Su tarea será llevar adelante el reclamo ante el tribunal, cuya sede se encuentra en la ciudad alemana de Hamburgo, a orillas del río Elba.
La decisión de avanzar con la presentación ya está tomada, pese a que experimentados diplomáticos consultados por LA NACION advirtieron sobre los riesgos que podría implicar una estrategia de estas características. Según señalaron, recurrir unilateralmente a un tribunal internacional podría generar consecuencias negativas para la posición argentina en la disputa por la recuperación de las islas por la vía diplomática.
El objetivo argentino y la respuesta británica
La administración nacional, a través de la Cancillería que encabeza Pablo Quirno, sostiene que la Argentina tiene derecho a recurrir a un tribunal independiente para que examine la controversia. La intención oficial es que el organismo se pronuncie sobre la legalidad de las actividades cuestionadas sin ingresar directamente en la discusión de fondo sobre la soberanía de las Malvinas.
El Tribunal Internacional del Derecho del Mar está integrado por 21 miembros y fue creado en 1982, en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. El Gobierno considera que ese organismo es el ámbito adecuado para analizar el planteo argentino y espera que pueda disponer, al menos de manera provisoria, la suspensión de las actividades de las empresas involucradas.
La posición de Londres es opuesta. El Reino Unido sostiene que las actividades relacionadas con los hidrocarburos en las islas están reguladas por la legislación británica de Malvinas y que se desarrollan en "plena conformidad con el derecho internacional".
Además, el Gobierno británico rechazó el ultimátum argentino y atribuyó a Buenos Aires la intención de "socavar la prosperidad y la seguridad económica de un pueblo con autogobierno". El malestar británico fue transmitido, antes de hacerse público, a la embajadora argentina en Londres, Mariana Plaza.
La subsecretaria parlamentaria de Estado para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, ratificó que el Reino Unido continuará defendiendo los derechos de "autonomía" de los isleños. También cuestionó los esfuerzos por obstaculizar lo que calificó como actividad económica lícita en las islas e insinuó que la Argentina se había convertido en un "socio poco confiable".
La controversia enfrenta así dos interpretaciones opuestas: mientras el Gobierno argentino considera ilegítima la explotación de los recursos naturales en el área disputada, Londres defiende la legalidad de esas operaciones bajo su propia legislación y el argumento de la autonomía de los habitantes.
Quirno defendió la vía judicial
El canciller Pablo Quirno ya había expuesto la postura oficial durante la cena anual del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), realizada el lunes anterior a la presentación prevista.
"La confiabilidad se demuestra al honrar los compromisos internacionales asumidos, incluidos los procedimientos de solución pacífica de controversias. Si Londres sostiene que sus actividades se ajustan al derecho internacional, tendrá la oportunidad de demostrarlo ante un tribunal compuesto por árbitros independientes", afirmó.
El discurso tuvo una repercusión inmediata en el ámbito diplomático. El embajador británico en la Argentina, David Cairns, se retiró de la gala una vez finalizada la intervención, con gesto adusto y visiblemente incómodo.
En la Cancillería, según fuentes oficiales citadas por LA NACION, existe confianza en que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar terminará respaldando el reclamo argentino y ordenará la suspensión de las actividades petroleras, al menos de manera provisoria. Sin embargo, también reconocen que los procedimientos ante ese organismo pueden prolongarse durante varios años.
Como fundamento de su estrategia, funcionarios argentinos se apoyan en publicaciones del propio tribunal, que establecen que las controversias vinculadas con la Convención pueden abarcar distintos asuntos relacionados con el uso y la protección de los espacios marítimos.
Entre ellos se encuentran:
La delimitación de zonas marítimas.
La navegación.
La conservación y ordenación de los recursos vivos del mar.
La protección y preservación del medio marino.
La investigación científica marina.
La Cancillería considera que estas competencias ofrecen un marco para plantear la controversia vinculada con las actividades petroleras, sin pedir que el tribunal resuelva directamente la cuestión de soberanía.
Los antecedentes
Otro de los argumentos que utiliza el Gobierno para justificar la elección del tribunal es el antecedente de la fragata Libertad, retenida y embargada en Ghana por un reclamo de los fondos buitre.
En 2012, el equipo de la Cancillería encabezado por la entonces representante legal, la diplomática y excanciller Susana Ruiz Cerruti, presentó un reclamo ante el mismo organismo y consiguió un fallo favorable en dos meses. Esa resolución permitió recuperar la embarcación, un antecedente que el Gobierno considera relevante para respaldar la decisión de recurrir a esa instancia internacional.
La Cancillería también tiene presente la reciente elección de la jurista argentina Frida Armas Pfirter como vicepresidenta del tribunal. Sin embargo, fuentes diplomáticas descuentan que deberá excusarse de intervenir en el caso, dada su nacionalidad y la naturaleza de la controversia.
El antecedente de 2012 es utilizado por el oficialismo como una muestra de que el organismo puede emitir decisiones favorables en plazos relativamente breves. No obstante, los diplomáticos que cuestionan la estrategia advierten que el conflicto por Malvinas tiene características propias y que el resultado de una eventual presentación no puede darse por garantizado.
Las advertencias diplomáticas
El optimismo oficial contrasta con las reservas expresadas por tres fuentes diplomáticas con conocimiento del caso, que definieron la iniciativa como "arriesgada". Según recordaron, los sucesivos gobiernos argentinos, independientemente de su orientación ideológica, evitaron recurrir a tribunales internacionales para resolver cuestiones relacionadas con Malvinas.
El motivo principal de esa cautela fue el temor a que una decisión adversa pudiera fortalecer la posición británica y habilitar a los isleños a avanzar en la exploración y explotación de los recursos naturales de las islas.
Los diplomáticos también señalaron que el caso podría terminar involucrando a otros organismos internacionales, como la Corte Internacional de Justicia de La Haya o, si se solicitaran sanciones contra empresarios, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). En ambos escenarios, afirmaron, el resultado para la Argentina sería incierto.
"Es un tema muy delicado, y no está claro el resultado final", sostuvo uno de los diplomáticos consultados, que expresó sus reservas fuera de micrófono. Otro advirtió que el tribunal suele buscar algún tipo de equilibrio entre las partes.
La preocupación también está vinculada con el argumento británico de la autodeterminación de los pueblos, que, según uno de los especialistas consultados, suele encontrar receptividad en instancias internacionales. "Ir a un tribunal internacional puede ser muy tramposo, y el argumento de la autodeterminación de los pueblos (esgrimido por Gran Bretaña) suele ser muy escuchado", advirtió.
Estas objeciones apuntan a un aspecto central de la estrategia: aunque la Argentina busque limitar su reclamo a las actividades petroleras y evitar una decisión directa sobre la soberanía, existe preocupación por las posibles consecuencias jurídicas y diplomáticas de abrir un nuevo frente de controversia internacional.
La ofensiva diplomática
La decisión de recurrir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar forma parte de una serie de medidas anunciadas por el presidente Javier Milei el 3 de septiembre, cuando presentó por cadena nacional una batería de iniciativas vinculadas con el reclamo argentino sobre Malvinas.
Entre los anuncios figuró el envío al Congreso del denominado proyecto de defensa de la soberanía nacional, que propone endurecer las sanciones contra las empresas vinculadas con la explotación de recursos en las islas. Milei también anunció la creación de una base naval integrada en Ushuaia y de un Consejo de Seguridad Nacional, medidas que integraron el conjunto de decisiones vinculadas con la política de soberanía y seguridad.
Posteriormente, el 28 de septiembre, el Presidente comunicó formalmente la intimación al Reino Unido para que suspendiera las actividades de explotación petrolera. En su cuenta de X, planteó el plazo de dos semanas y anticipó el paso que ahora se dispone a concretar.
"Si en dos semanas el Reino Unido no frena la explotación ilegítima, vamos a ir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar", escribió.
El ultimátum fue rechazado inmediatamente por el Gobierno británico, que ratificó su postura sobre los derechos de autonomía de los isleños y cuestionó la intervención argentina en las actividades económicas que se desarrollan en el territorio.
Los isleños también cuestionan el reclamo argentino
La oposición a la iniciativa argentina también se expresó entre los habitantes de las islas. En el sitio especializado Diplomacy & Law, donde los isleños presentan la perspectiva de especialistas británicos para fundamentar sus argumentos, se sostiene que cualquier reclamo ante el tribunal debería ajustarse a las competencias previstas por la Convención sobre el Derecho del Mar.
El portal plantea que "la Argentina tendría que formular reclamaciones que puedan resolverse bajo la convención sin exigir que el tribunal decida, expresa o implícitamente, la soberanía sobre las Islas Falkland".
Además, señala que "si el problema de fondo es la soberanía, cualquier resolución no implica reconocimiento alguno". Desde esa perspectiva, los habitantes de Malvinas consideran que el tribunal podría limitarse a formular un llamado al diálogo entre las partes, sin adoptar una decisión concreta en lo inmediato.
La posición expuesta en ese sitio coincide con la defensa británica de la autonomía de los isleños y con su rechazo a la intervención argentina sobre las actividades petroleras. Al mismo tiempo, refleja uno de los puntos más sensibles de la presentación que prepara la Cancillería: la posibilidad de que el caso sea analizado sin que el tribunal ingrese en la cuestión de fondo sobre la soberanía.