En una jornada marcada por la incertidumbre y el despliegue de fuerzas especiales para suplir la falta de patrullaje, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, brindó una conferencia de prensa desde la Sala Walsh de la Sede de Gobierno en Rosario para intentar desactivar la crisis institucional. El mandatario buscó calmar las aguas al calificar el reclamo de los efectivos policiales como "justo y genuino", asegurando que tanto el personal en actividad como los agentes retirados merecían ser escuchados por las autoridades. Con este giro discursivo, Pullaro intentó tender un puente tras días de protestas que pusieron en jaque la seguridad pública en la región.
El anuncio central de la convocatoria oficial apuntó directamente al bolsillo del uniformado. El Gobernador garantizó que ningún policía de la provincia percibirá un sueldo inferior a 1.400.000 pesos, una cifra que intenta dar respuesta a la movilización que se mantenía activa frente a la Jefatura de la Unidad Regional II. En ese lugar, ubicado en Ovidio Lagos al 5200, la tensión se mantuvo latente con patrulleros estacionados y quemas de cubiertas que se repitieron durante toda la jornada previa, obligando a una reestructuración de los operativos de vigilancia urbana.
Recomposición de haberes y el impacto de los beneficios
El Ejecutivo provincial detalló de forma pormenorizada cómo se estructurará el nuevo esquema de ingresos. El gobernador explicó que, si bien hoy el sueldo promedio oscila entre los 960.000 y 1.002.000 pesos, el incremento se logrará mediante la incorporación al sueldo de la garantía de canasta básica y un aumento sustancial en la Tarjeta Alimentaria Policial (TAP). De esta manera, se estipuló que ningún efectivo que desempeñe funciones operativas ganará menos de 1.438.835 pesos, un monto que busca compensar la falta de crecimiento económico general del país con un esfuerzo fiscal enfocado en superar los niveles de inflación.
Pullaro subrayó que estas decisiones se tomaron en el marco de una situación financiera compleja, pero bajo la premisa de dignificar la labor de quienes patrullan las calles. La medida busca no solo el alivio económico de los agentes, sino también el cese inmediato de las medidas de fuerza.
Por su parte, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, reforzó este pedido instando a los uniformados a reincorporarse al servicio para garantizar la seguridad de los ciudadanos, prometiendo además que aquellos que retomen sus funciones saldrán de forma inmediata de la condición de disponibilidad.
Crónica de una madrugada de tensión y violencia
La resolución del conflicto se produjo tras una madrugada crítica en la que se realizó una reunión entre referentes de los ministerios de Seguridad y Economía con el vocero policial Gabriel Sarla. Aunque el encuentro concluyó cerca de la una de la mañana sin detalles oficiales de avances, la hostilidad en las calles no cesó. Uno de los episodios más graves ocurrió cuando el jefe de la Policía en Rosario, Luis Maldonado, fue agredido y escupido por efectivos que participaban de la protesta. Maldonado intentó entablar un diálogo al salir de la Jefatura, pero debió reingresar al edificio ante los empujones y agresiones de sus propios subordinados.
Debido al repliegue de los agentes en huelga, el servicio de patrullaje debió ser compensado por un esquema de emergencia coordinado por la Casa Gris. Para sostener la presencia en el territorio, se dispusieron 130 móviles operativos que fueron tripulados por jefes policiales, personal de la Policía de Investigaciones (PDI), fuerzas especiales y fuerzas federales. Mientras tanto, la custodia de la Jefatura quedó bajo la responsabilidad exclusiva de unidades especiales para evitar nuevos desbordes contra la cúpula policial.
A pesar del anuncio salarial, el Gobierno provincial confirmó que no habrá impunidad para los actos de indisciplina más graves. En paralelo a la oferta económica, se ratificó que al menos 20 efectivos policiales se encuentran bajo investigación por su participación en los incidentes y en las manifestaciones que incluyeron el bloqueo de sedes policiales. El objetivo del Ejecutivo es restablecer el orden interno de la fuerza de manera simultánea a la recomposición de los haberes, dejando claro que el derecho al reclamo no convalida la agresión a los superiores ni el abandono total de las tareas de seguridad.
Finalmente, la administración provincial espera que el anuncio del nuevo piso salarial sirva como el punto de inflexión definitivo para que los efectivos levanten las protestas frente a la Unidad Regional II. La mirada está puesta en la recuperación total de la operatividad en las calles de Rosario y Santa Fe, en un contexto donde la seguridad pública sigue siendo la prioridad máxima de la gestión de Pullaro.
