La quinta Marcha Federal Universitaria se realizará este jueves frente al Congreso de la Nación, con el objetivo de reclamar la aplicación "inmediata" de la Ley de Financiamiento Universitario, una normativa que, según los organizadores, fue ratificada cinco veces en el Parlamento y cuyo cumplimiento continúa siendo exigido por la comunidad educativa.

La convocatoria reunirá a docentes, trabajadores estatales, centrales sindicales y organizaciones políticas que coinciden en la necesidad de defender el financiamiento de las universidades públicas. El reclamo principal apunta a que el Gobierno nacional implemente de manera "efectiva e inmediata" la ley, en un escenario marcado por las denuncias sobre el deterioro de los ingresos docentes y la pérdida de poder adquisitivo.

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA) sostuvo que el Gobierno "acumula una deuda salarial del 32%" con los docentes. La organización formuló esa denuncia pese a que, según la información difundida, este miércoles la Justicia sancionó económicamente al Gobierno por el incumplimiento sistemático de la normativa.

La movilización tendrá como ejes centrales la aplicación de la ley, la recomposición de los salarios docentes, el aumento de las becas estudiantiles y la actualización del presupuesto universitario. Los organizadores plantean que estos reclamos están vinculados con las condiciones necesarias para sostener el funcionamiento de las instituciones, la enseñanza y la investigación científica.

La brecha entre los salarios docentes y lo establecido por la ley

La secretaria general de AGD-UBA, Laura Carboni, describió la situación salarial a partir del cargo testigo utilizado por la organización para exponer la diferencia entre lo percibido y lo que, según sostiene, corresponde de acuerdo con la Ley de Financiamiento Universitario.

"El cargo testigo que tenemos, que es el de ayudante de primera con dedicación semiexclusiva, percibió en octubre un salario básico bruto de $561.659, cuando según la Ley de Financiamiento Universitario le corresponde haber cobrado $741.111", señaló.

La diferencia entre ambos montos es de $179.452. Para AGD-UBA, esa brecha refleja el incumplimiento de la recomposición salarial prevista en la normativa y el deterioro de los ingresos de quienes trabajan en las universidades públicas. Carboni advirtió que la situación llegó a un punto crítico y vinculó la pérdida de poder adquisitivo con las dificultades que enfrentan miles de docentes que sostienen cotidianamente las aulas y los laboratorios.

"El nivel de asfixia salarial al que nos están sometiendo llegó a un límite insostenible. Nos deben un 32% de aumento salarial fijado por ley y la pérdida del poder adquisitivo destruye el ingreso de miles de docentes que todos los días sostienen las aulas y los laboratorios de la universidad pública", afirmó.

La dirigente también relacionó el reclamo salarial con las condiciones necesarias para garantizar la continuidad de las tareas académicas y científicas. Desde la organización gremial consideran que la pérdida de ingresos no constituye un problema aislado, sino una situación que compromete la estabilidad de los equipos docentes y de investigación.

Inflación acumulada y pérdida del poder adquisitivo

Los datos difundidos por la organización muestran una diferencia entre la evolución de los precios y los aumentos salariales docentes durante la actual gestión nacional.

Luego de la publicación del índice de inflación de septiembre, que se ubicó en el 1,9%, la inflación acumulada durante la gestión del Gobierno nacional alcanzó el 344,15%. En el mismo período, los salarios docentes aumentaron un 236,6%. La distancia entre ambos porcentajes representa una pérdida del poder adquisitivo, según los datos consignados en la convocatoria. El planteo de los docentes es que los incrementos salariales quedaron por debajo de la inflación acumulada y que, por ese motivo, reclaman la recomposición prevista por la ley.

Para Carboni, el impacto de esta situación también se refleja en la salida de trabajadores del sistema universitario. La secretaria general de AGD-UBA señaló que más de 1.200 docentes e investigadores de la Universidad de Buenos Aires dejaron sus puestos, un dato que utilizó para advertir sobre las consecuencias de la pérdida salarial.

"No estamos ante un hecho aislado, sino ante un plan deliberado de vaciamiento de la universidad pública. El éxodo masivo de más de 1.200 docentes e investigadores en la UBA demuestra que sin salarios dignos no hay continuidad posible para la investigación científica ni para la enseñanza de calidad en nuestro país", concluyó.

Quiénes se suman a la marcha

La convocatoria contará con la participación de distintas organizaciones políticas y gremiales. Entre ellas se encuentran las dos CTA —la de los Trabajadores y la Autónoma—, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Confederación General del Trabajo (CGT), La Cámpora y el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT), entre otras agrupaciones.

Desde la CTA de los Trabajadores señalaron que la movilización expresa una defensa de la educación, la soberanía y la democracia. La central anticipó que confluirán en la Plaza del Congreso diferentes sectores de la sociedad que, según su posición, son afectados por las políticas de ajuste impulsadas por la administración de Javier Milei.

"Nos movilizamos al Congreso por la educación, la soberanía y la democracia. Confluiremos en la Plaza del Congreso las distintas expresiones y sectores de nuestra sociedad que vienen siendo blanco de las políticas de ajuste y destrucción impulsadas por la gestión de Javier Milei", indicó la CTA-T.

La participación sindical amplía el alcance de la protesta más allá de las demandas específicas del sistema universitario. Las organizaciones que confirmaron su adhesión vincularon la defensa de la educación pública con otros reclamos relacionados con las condiciones laborales, los derechos sociales y las decisiones económicas del Gobierno nacional.

La CTA Autónoma reclama derogar el DNU 70/23

El secretario general de la CTA Autónoma, Hugo Godoy, destacó la importancia de la movilización y sostuvo que resulta fundamental continuar la lucha por la derogación del DNU 70/23.

"Es un decreto que avanza sobre derechos conquistados por nuestro pueblo", afirmó. Godoy cuestionó los efectos que, según su interpretación, tiene la norma sobre las relaciones laborales y la organización económica. Sostuvo que debilita la protección de los trabajadores y busca imponer un modelo que beneficia a los sectores concentrados de la economía en detrimento de las mayorías populares.

"Debilita la protección de los trabajadores y busca imponer un modelo de país que beneficia a los sectores concentrados de la economía mientras castiga a las mayorías populares. No podemos naturalizar que se gobierne por decreto, pasando por encima del debate democrático y de la responsabilidad del Congreso", expresó.

El dirigente agregó que, a partir del DNU 70/23, el país avanzó hacia la desregularización de la economía y la flexibilización laboral. También advirtió que esas medidas dejan a millones de argentinos y argentinas expuestos a los intereses del mercado.

De esta manera, la CTA-A incorporó a la convocatoria universitaria un reclamo más amplio contra el decreto, al que considera una amenaza para derechos conquistados y para el debate democrático en el Congreso.

Horarios, punto de encuentro y principales reclamos

La concentración de este jueves comenzará a las 13:30 en la intersección de avenida de Mayo y Sáenz Peña, punto desde el cual iniciará su marcha AGD-UBA. También habrá concentraciones en otras intersecciones de las inmediaciones del Congreso de la Nación.

La consigna central será exigir la aplicación "efectiva e inmediata" de la Ley de Financiamiento Universitario, junto con la recomposición de los salarios docentes, el aumento de las becas estudiantiles y mayores recursos para el presupuesto universitario. La jornada reunirá a sectores de la comunidad educativa y organizaciones sindicales y políticas que coinciden en reclamar el cumplimiento de la normativa. A ese eje se sumarán los cuestionamientos de las centrales sindicales al DNU 70/23 y las demandas vinculadas con los derechos laborales y la política económica nacional.

La quinta Marcha Federal Universitaria se desarrollará así en un escenario de tensión por el financiamiento de las instituciones, los ingresos de los trabajadores y la continuidad de las tareas de enseñanza e investigación. Para AGD-UBA, la diferencia entre los aumentos salariales y la inflación, la deuda del 32% denunciada y la salida de más de 1.200 docentes e investigadores de la UBA constituyen señales de una situación que requiere respuestas.

El objetivo inmediato de los convocantes será hacer visible el reclamo frente al Congreso y exigir que el Gobierno aplique la ley. La movilización también buscará reunir las distintas expresiones sindicales y políticas que decidieron acompañar la protesta, con la defensa de la universidad pública como punto de encuentro.