Durante los primeros dos años de la gestión de Javier Milei, los fondos fiduciarios que continúan en funcionamiento recaudaron más de $8,2 billones y acumularon un superávit cercano a los US$3.000 millones. Se trata de recursos que cuentan con un destino específico establecido por ley y que, principalmente, están vinculados con el financiamiento de obras de infraestructura.

Sin embargo, la administración nacional utiliza solamente una parte de esos fondos para cumplir con las metas originales. El resto de los recursos permanece disponible y, según surge del análisis de balances contables, planillas presupuestarias e informes oficiales de la Jefatura de Gabinete y de la Oficina Nacional de Presupuesto, termina siendo destinado en una proporción importante a colocaciones financieras.

De esta manera, los fondos fiduciarios pasaron a cumplir también un papel dentro de la estrategia financiera del Gobierno para sostener la premisa de déficit cero impulsada por la Casa Rosada.

El mecanismo implica que recursos originalmente asignados a finalidades específicas permanecen sin ejecutar en su totalidad y son colocados en instrumentos financieros. La estrategia permite preservar esos excedentes dentro del circuito financiero y, al mismo tiempo, contribuye a la administración de las cuentas públicas.

El superávit acumulado entre 2024 y 2025

Los datos oficiales muestran la magnitud de los excedentes generados por estos fondos fiduciarios. El superávit financiero alcanzó los $1,86 billones durante 2024 y los $1,23 billones en 2025.

Convertidos a dólares según el tipo de cambio oficial promedio correspondiente a cada año, esos montos representan:

• 2024: $1,86 billones, equivalentes a US$1.978 millones.
• 2025: $1,23 billones, equivalentes a US$973 millones.
• Acumulado: cerca de US$3.000 millones durante los primeros dos años de gestión.

El volumen de recursos no utilizados muestra una brecha entre la recaudación de los fideicomisos y la ejecución efectiva de las partidas destinadas a sus objetivos originales. Las planillas oficiales reflejan que durante 2024 se ejecutó solamente el 55,8% de lo recaudado. En 2025, el porcentaje de ejecución ascendió al 69,5%, mientras que durante el primer trimestre de este año llegó al 69,7%.

El dato permite observar que, pese al aumento del porcentaje ejecutado entre los períodos mencionados, todavía existe una porción considerable de los recursos que no se utiliza directamente en las finalidades para las cuales fueron establecidos los fondos.

De los plazos fijos a los títulos del Tesoro

El destino de los activos que no son utilizados en las obras y programas originales también refleja un cambio en la estrategia financiera. Según la información analizada, el dinero excedente es transferido a colocaciones financieras bajo la dirección del Ministerio de Economía. En este proceso se produjo una modificación respecto de la estrategia utilizada anteriormente.

El resguardo de los fondos mediante plazos fijos en el Banco Nación fue dando paso a la adquisición directa de instrumentos de deuda del Tesoro.

La transformación supone que los recursos fiduciarios que no son desembolsados para sus objetivos específicos pasan a formar parte de una estrategia de inversión financiera definida bajo la conducción de la cartera económica. El esquema contempla distintas alternativas de colocación:

• Letras.
• Bonos.
• Títulos públicos.
• Plazos fijos.

Para el ejercicio en curso, las planillas presupuestarias estiman que las colocaciones financieras alcanzarán los $1,33 billones.

Ese volumen habilitaría al Ministerio de Economía a disponer de aproximadamente US$880 millones adicionales provenientes de las cajas fiduciarias.

A cuánto llegará la proyección

La acumulación de recursos excedentes no se limitaría a los primeros dos años de la actual administración. Las proyecciones privadas y de centros de estudio señalan que, bajo este esquema financiero, la acumulación de excedentes fiduciarios podría alcanzar casi los US$4.000 millones al cabo de los primeros tres años de gobierno.

La estimación parte de la continuidad de una dinámica en la que los fondos recaudan recursos destinados a finalidades específicas, pero una parte de ellos no llega a ejecutarse en obras o programas y termina formando parte de colocaciones financieras.

Así, los fideicomisos se convierten en una fuente adicional de recursos disponibles para la estrategia financiera del Estado, mientras las partidas originalmente destinadas a infraestructura presentan distintos niveles de ejecución.

El Fondo de Integración Socio Urbana

Dentro del universo de fideicomisos existentes, uno de los casos que exhibe mayores restricciones en los desembolsos es el Fondo de Integración Socio Urbana.

De los 29 fideicomisos vigentes o en proceso de liquidación, este fondo aparece entre los que registraron una de las reducciones más importantes en las transferencias. Las transferencias destinadas al Fondo de Integración Socio Urbana se redujeron un 94%, una caída que tuvo como consecuencia la parálisis de 636 proyectos de infraestructura básica y vivienda en barrios populares.

El caso representa uno de los ejemplos más significativos de la distancia existente entre los recursos fiduciarios y la ejecución efectiva de proyectos para los cuales fueron establecidos. La reducción de las transferencias impactó directamente sobre iniciativas vinculadas con infraestructura básica y vivienda, dejando paralizados cientos de proyectos en barrios populares.

Transporte e infraestructura hídrica

Las restricciones en los desembolsos también se observan en otros fondos vinculados con infraestructura estratégica. Entre ellos aparecen el Sistema de Infraestructura del Transporte y el Fondo de Infraestructura Hídrica.

En ambos casos, la información señala que las inversiones financieras dispuestas por el Poder Ejecutivo superan ampliamente los montos destinados a la ejecución real de obras.

Se trata de fondos relacionados con áreas como:

• Obras viales.
• Mantenimiento de rutas.
• Saneamiento.
• Infraestructura hídrica.
• Sistema de transporte.

El contraste entre las colocaciones financieras y los recursos destinados efectivamente a obras muestra otra dimensión del esquema adoptado por la administración nacional.

Mientras parte de los fondos permanece invertida en instrumentos financieros, las partidas destinadas a la ejecución material de infraestructura representan una proporción menor dentro de los recursos disponibles.