La crisis política y social en Bolivia sumó un nuevo capítulo este sábado, cuando el presidente Rodrigo Paz decretó el estado de excepción en todo el país y ordenó el despliegue de las fuerzas de seguridad para recuperar el control de las rutas bloqueadas.

La medida fue anunciada luego de más de seis semanas de protestas encabezadas por indígenas aimaras, campesinos y sectores afines al expresidente Evo Morales, quienes exigen la renuncia del mandatario.

El viernes, el Gobierno había alcanzado un acuerdo con la Central Obrera Boliviana (COB) para intentar desactivar el conflicto. Sin embargo, organizaciones como la Federación Túpac Katari y grupos cocaleros vinculados a Morales decidieron mantener los cortes de ruta y profundizar las protestas.

El Gobierno denuncia un intento de golpe

En un mensaje difundido por el canal estatal desde el Palacio de Gobierno, Paz confirmó la declaración del estado de excepción en todo el territorio boliviano.

"Los bolivianos no pueden seguir siendo rehenes de bloqueos que impiden trabajar, estudiar, recibir atención médica, abastecerse y llevar sustento a sus hogares", expresó el mandatario a través de sus redes sociales.

Asimismo, justificó la medida al sostener que el país enfrenta "un intento de golpe de Estado desde el narcoterrorismo".

El Gobierno, que asumió en noviembre tras dos décadas de administraciones de izquierda, acusa a Evo Morales de promover las movilizaciones y financiarlas con recursos provenientes del narcotráfico, aunque hasta el momento no presentó pruebas públicas que respalden esa denuncia.

Morales, por su parte, permanece en la región cocalera de Chapare para evitar una orden de captura vinculada a una causa por presunta trata de una menor, acusación que rechaza.

Protestas, crisis económica y desabastecimiento

Las manifestaciones comenzaron a principios de mayo, cuando distintos sectores sociales impulsaron una huelga y cortes de rutas para reclamar medidas frente a la crisis económica más severa que atraviesa Bolivia en cuatro décadas.

Entre los reclamos también figuró el rechazo a la comercialización de combustibles de baja calidad, una situación que generó malestar en distintos puntos del país.

Con el paso de las semanas, la falta de acuerdos derivó en una ampliación de las demandas y los sectores movilizados comenzaron a exigir la renuncia del presidente.

La Paz y El Alto se transformaron en algunos de los focos más conflictivos, con enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, además de problemas de abastecimiento de alimentos, medicamentos y combustibles.

Militares y policías en las calles

Paz informó que instruyó a la Policía Boliviana y a las Fuerzas Armadas a ejecutar las acciones necesarias para garantizar la libre circulación, recuperar las carreteras y preservar la seguridad de la población.

El decreto, publicado posteriormente en la Gaceta Oficial, tendrá una vigencia máxima de 90 días y habilita restricciones a los derechos de circulación y reunión cuando las autoridades lo consideren necesario.

La medida deberá ser ratificada por el Congreso en las próximas horas.

Acuerdo con la COB y rechazo de sectores movilizados

La declaración del estado de excepción se produjo apenas un día después del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana.

El dirigente sindical Mario Argollo anunció el levantamiento de las medidas de fuerza impulsadas por la organización y destacó el compromiso oficial de avanzar con los puntos acordados.

Tras la firma del convenio, Paz aseguró que "el diálogo es más fuerte que la propia fuerza" y valoró la negociación como una vía para superar la crisis.

No obstante, los sindicatos campesinos y las organizaciones cocaleras rechazaron el acuerdo y confirmaron que mantendrán los bloqueos, que ya superan el medio centenar en distintos puntos del país.

El dirigente campesino Antonio Mallku advirtió que se resolvió profundizar las protestas, mientras que los cocaleros calificaron el entendimiento alcanzado con la COB como una "traición".

Más de 100 detenidos

Entre los compromisos asumidos por el Gobierno durante las negociaciones figura el análisis de la situación de las personas detenidas en el marco de las protestas y bloqueos.

Según datos de la Defensoría del Pueblo, los arrestados ya superan el centenar.

Además, la administración de Paz prometió no avanzar con procesos de privatización de empresas estatales, uno de los principales reclamos planteados por los sindicatos.

Mientras continúan los bloqueos y crece la presencia de efectivos en las calles, Bolivia atraviesa uno de los momentos de mayor tensión política de los últimos años, con un escenario marcado por la incertidumbre sobre la evolución del conflicto.