Rige en Venezuela un estado de excepción, denominado oficialmente estado de conmoción exterior, que marca un fuerte endurecimiento del control estatal tras la captura del depuesto gobernante Nicolás Maduro en Caracas, luego de una serie de ataques estadounidenses contra instalaciones militares. La medida ya se traduce en controles reforzados, detenciones, patrullajes armados y revisión de teléfonos celulares en distintos puntos del país, especialmente en la capital.
En las últimas horas, comenzaron a multiplicarse puestos de control en barrios y avenidas de Caracas, donde efectivos de seguridad detuvieron a peatones y conductores, los obligaron a descender de sus vehículos y procedieron a inspeccionar sus pertenencias y dispositivos móviles. Según testimonios recogidos en el lugar, los uniformados revisaron mensajes, audios y publicaciones en busca de expresiones de apoyo a los ataques de Estados Unidos o a la captura y posterior extracción de Maduro, en una de las primeras señales visibles del nuevo esquema de control.
El decreto que habilita el régimen de excepción fue publicado en la Gaceta Oficial el 3 de enero, el mismo día en que se confirmó la captura del exmandatario. El texto declara un Estado de Conmoción Exterior por un plazo inicial de 90 días, con posibilidad de prórroga por un período igual, y ordena la movilización total de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Además, dispone la militarización de infraestructuras críticas, entre ellas los servicios públicos, el sistema eléctrico y la industria petrolera.
La norma otorga facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo, como la posibilidad de requisar bienes, cerrar fronteras, restringir la circulación y suspender manifestaciones públicas. Bajo este marco, el Estado queda habilitado a detener a personas que incumplan las restricciones vigentes, participen en concentraciones no autorizadas o sean consideradas sospechosas de alterar el orden público o afectar instalaciones estratégicas ahora bajo control militar.
La tensión escaló pasada la medianoche del lunes, cuando el ministro del Interior, Diosdado Cabello, difundió un video rodeado de agentes armados con fusiles de asalto y anunció el inicio de patrullajes intensivos en todo el país para "garantizar la paz". En paralelo, vecinos de Caracas reportaron el despliegue de tanques de la Guardia Nacional Bolivariana y un control estricto de la movilidad urbana, una postal que profundizó el clima de incertidumbre.
En otras ciudades, como Maracaibo y Barquisimeto, se registró un aumento del despliegue policial, aunque sin la presencia de blindados. El gobierno interino justificó el estado de excepción como una respuesta necesaria para "proteger los derechos de la población y el funcionamiento pleno de las instituciones republicanas" frente a lo que calificó como una agresión externa.
El decreto se ampara en el artículo 338 de la Constitución de 1999, que habilita la declaración de estados de excepción cuando un conflicto ponga en riesgo la seguridad nacional. Si bien el texto establece límites y aclara que no pueden suspenderse derechos intangibles —como el derecho a la vida, el debido proceso, la prohibición de la tortura o el derecho a la información—, organizaciones de derechos humanos advirtieron graves inconsistencias institucionales.
La ONG Acceso a la Justicia señaló que el mismo día de la firma del decreto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró la ausencia temporal de Maduro y designó a Delcy Rodríguez como presidenta encargada. Sin embargo, el decreto aparece suscripto por el propio Maduro, lo que abre interrogantes sobre su validez formal y legal.
Detenciones de periodistas y denuncias internacionales
Al clima de control reforzado se sumaron denuncias por detenciones de periodistas. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) informó que 14 trabajadores de medios fueron detenidos y luego liberados durante un operativo desplegado en las inmediaciones del Palacio Legislativo, mientras se juramentaba la nueva directiva de la Asamblea Nacional y Rodríguez asumía como presidenta interina. Entre los afectados había 11 corresponsales y colaboradores de medios internacionales.
Los comunicadores fueron interrogados y sometidos a la revisión forzada de sus teléfonos móviles. Aunque recuperaron la libertad horas después, uno de ellos fue deportado a Colombia. El SNTP advirtió además que las fuerzas de seguridad prohibieron transmitir en vivo, grabar o tomar fotografías, y recordó que 23 periodistas continúan detenidos en Venezuela de manera prolongada.
En paralelo, el periodista italiano Stefano Pozzebon, corresponsal de CNN, fue detenido y expulsado del país al arribar al aeropuerto de Caracas. Según la agencia ANSA, permaneció retenido durante varias horas antes de ser deportado a Colombia, pese a contar con permiso de residencia.
En este contexto, la Asociación de Editores de Medios de Comunicación de la Unión Europea, América Latina y el Caribe (EditoRed) exigió el cese inmediato de la persecución contra la prensa y la restitución de las garantías constitucionales. En un comunicado, la entidad advirtió que "la libertad de prensa es el termómetro de la salud democrática de una nación" y denunció una violación del derecho internacional, al señalar que las acciones contra periodistas vulneran el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros tratados vigentes.
