En la madrugada del sábado, 17 presos políticos fueron excarcelados en el centro de detención conocido como Zona 7, en Caracas, según informó el titular de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Este anuncio, difundido a través de sus redes sociales, detalló que estas liberaciones se enmarcan en el proceso vinculado a la "Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática y la Paz", impulsada por el oficialismo. En su mensaje, Rodríguez afirmó que se trataba de un paso en "una ruta de paz para la construcción de una convivencia democrática entre hermanos".

Rodríguez acompañó su publicación con fotografías en las que se le ve conversando con familiares de los detenidos, escenas que se replicaron en diferentes puntos de la capital venezolana mientras otros allegados aguardaban noticias.

El contexto de la Ley de Amnistía

La excarcelación de este sábado se produce en un momento de intenso debate legislativo sobre la Ley de Amnistía, proyecto que propone la liberación de personas detenidas por hechos relacionados con protestas y violencia política ocurridos en años recientes. Sin embargo, el texto aún no ha sido aprobado definitivamente: la Asamblea Nacional pospuso la discusión final tras diferencias internas sobre su alcance y aplicación.

Puntos clave de este contexto legislativo:

La ley busca otorgar amnistía a quienes fueron detenidos por hechos políticos, como parte de una supuesta reconciliación nacional.

Existen discrepancias dentro del mismo oficialismo acerca de los términos y el alcance de la normativa.

Sectores opositores y organizaciones de derechos humanos han señalado que el proyecto no contempla la liberación plena de todas las personas encarceladas por causas políticas ni ofrece garantías de no repetición.

Estas tensiones han generado una atmósfera de debate público y presión social, mientras voces dentro y fuera del país reclaman mayores avances en la protección de los derechos civiles.

El proceso de excarcelaciones y la presión social

La liberación de los 17 presos políticos se suma a un proceso que se ha intensificado en las últimas semanas. Organizaciones como Foro Penal han documentado centenares de liberaciones totales o condicionales desde principios de enero de 2026, en medio de una fuerte presión social y de grupos de familiares que mantienen vigilias y protestas exigiendo la libertad de todos los detenidos por causas políticas.

No obstante, a pesar de estos avances, todavía existe un número significativo de presos políticos que no han sido liberados. Familias de los detenidos han iniciado huelgas de hambre y movilizaciones frente a centros de detención como Zona 7 para reclamar la excarcelación de sus seres queridos, denunciando que el ritmo de liberaciones es insuficiente respecto a sus demandas.

Organizaciones civiles han resaltado varios aspectos en estas excarcelaciones recientes:

La diversidad de los liberados —incluyendo hombres y mujeres— y sus historias particulares de detención.

Las medidas adoptadas, que en algunos casos han sido calificadas como liberaciones "condicionales" y no absoluciones plenas.

La persistencia de protestas y vigilias, que reflejan el clamor de las familias por una liberación más amplia e inmediata.

Críticas y desafíos en la transición política

Las excarcelaciones y el avance del debate sobre la ley de amnistía ocurren en un contexto de tensiones políticas en Venezuela, marcado por reclamos de sectores opositores y organizaciones de derechos humanos. Estos actores han criticado que la normativa actual puede dejar fuera a personas que aún enfrentan procesos judiciales bajo imputaciones políticas, lo que, según ellos, limitaría su impacto real.

Además, la expectativa en torno a la aprobación definitiva de la ley de amnistía ha generado un clima de incertidumbre: mientras algunos sectores la ven como un paso hacia la reconciliación, otros advierten que sin garantías claras de libertad plena y no repetición, el instrumento podría quedar corto frente a los desafíos reales de la situación venezolana.

En este escenario, Venezuela transita un momento de profundas tensiones políticas y reclamos sociales, con excarcelaciones que alimentan expectativas pero también plantean interrogantes sobre el alcance de las reformas y la protección concreta de los derechos civiles en el país.