El oficialismo retiró el proyecto de ley que proponía reducir la edad de imputabilidad penal a 13 años y acordó con sus aliados presentar una nueva iniciativa que fija el piso en 14 años, tal como impulsaba la oposición. La decisión fue confirmada por fuentes parlamentarias y el Gobierno prevé debatir el tema el próximo jueves en una sesión de la Cámara de Diputados.
Uno de los motivos centrales del repliegue fue la falta de consenso en torno a la edad mínima. En el dictamen inicial, La Libertad Avanza había incluido el límite en 13 años, pese a que el acuerdo previo con los bloques aliados establecía los 14, como había quedado plasmado en el texto trabajado durante el año pasado. Actualmente, la edad de imputabilidad en la Argentina es de 16 años.
El nuevo proyecto es similar al que obtuvo dictamen en mayo de 2025, aunque incorpora una modificación clave: la asignación explícita de fondos a la Defensoría General de la Nación y al Ministerio de Justicia, con el objetivo de garantizar el financiamiento necesario para la implementación de la ley en caso de ser sancionada.
Desde los bloques aliados adelantaron que la iniciativa ingresará formalmente luego de la integración de la comisión de Justicia de la Cámara Baja, que quedó a cargo del diputado Álvaro Martínez, de La Libertad Avanza. Si bien el texto original proponía bajar la imputabilidad a 13 años, señalaron que el consenso político siempre estuvo centrado en establecer el piso en 14, cambio que el Gobierno decidió aceptar para acelerar el tratamiento legislativo.
Desde el oficialismo explicaron que el retiro del proyecto respondió a una objeción administrativa y que continúa vigente el dictamen de 2024, al cual se le sumarían las partidas presupuestarias contempladas en la nueva redacción. El proyecto retirado preveía un financiamiento superior a los 23 mil millones de pesos.
Según el detalle, más de 20 mil millones de pesos estaban destinados a la Defensoría General de la Nación y más de 3 mil millones al Ministerio de Justicia. Esta previsión contrasta con el dictamen de 2025, que establecía que los gastos derivados de la ley se cubrirían con los recursos incluidos en las leyes de presupuesto de cada ejercicio.
Ese texto señalaba que, para su implementación durante el año de entrada en vigencia, el jefe de Gabinete de Ministros debía disponer la reasignación de las partidas necesarias para el cumplimiento de la norma.
