La transparencia en la administración de los recursos destinados a los sectores más vulnerables de la sociedad ha quedado bajo un manto de sospecha tras la reciente resolución del juez federal Sebastián Casanello. El magistrado dictó el procesamiento de Diego Spagnuolo, quien se desempeñara como director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), junto a otras 18 personas, en el marco de una investigación que expone una trama de coimas y fraude al Estado.
La causa judicial, que ha generado un fuerte impacto en la opinión pública, se originó a partir de la difusión de audios que exponen supuestos negociados irregulares entre el organismo público y distintas empresas del sector farmacéutico. Según la resolución, la organización habría utilizado la estructura del Estado para obtener beneficios económicos espurios a través de maniobras sistemáticas que afectaron de manera directa los fondos destinados a personas con discapacidad.
Para el juez Casanello y el fiscal federal Franco Picardi, la investigación permitió identificar una organización con roles jerárquicos claramente definidos. En la cúspide de esta estructura delictiva se ubican cuatro figuras clave procesadas como presuntos jefes de la asociación ilícita.
Por un lado, la conducción política de la Andis está representada por Diego Orlando Spagnuolo y Daniel María Garbellini, exsubdirector del organismo. Por el otro, el sector privado aparece vinculado a través de Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian, ambos relacionados con el ámbito de las droguerías. La justicia sostiene que estos actores articularon un sistema de direccionamiento de contratos y pago de coimas utilizando intermediarios para defraudar a la administración pública en la compra de insumos críticos.
Cargos y delitos: el detalle de los procesados
La resolución judicial es taxativa al detallar las imputaciones para cada uno de los 19 involucrados, reflejando la complejidad de las maniobras investigadas.
- Diego Orlando Spagnuolo: Procesado por asociación ilícita, defraudación contra la administración pública, cohecho, negociaciones incompatibles e infracción a la Ley de Ética Pública.
- Daniel María Garbellini: Imputado por asociación ilícita, defraudación contra la administración pública, cohecho y negociaciones incompatibles.
- Miguel Ángel Calvete: Enfrenta cargos por asociación ilícita, defraudación contra la administración pública y cohecho.
- Pablo Atchabahian: Procesado por asociación ilícita, defraudación contra la administración pública y cohecho.
Asimismo, existe un segundo grupo de 15 personas procesadas bajo las figuras de asociación ilícita y defraudación contra la administración pública, quienes habrían cumplido funciones operativas en el andamiaje delictivo. Entre ellos se encuentran Diego Martín D'Giano, Roger Edgar Grant, Eduardo Nelio González, Lorena Vanesa Di Giorno, Luciana Ferrari, Federico Maximiliano Santich, Guadalupe Ariana Muñoz, Patricio Gustavo Rama, Ruth Noemí Lozano, Andrés Horacio Arnaudo, Silvana Vanina Escudero, Alejandro Gastón Fuentes Acosta, Ornella Calvete, Patricia Canavesio y Julio César Viera.
El modus operandi del fraude al Estado
La investigación judicial ha logrado desentrañar que la organización no se limitaba a hechos aislados, sino que operaba de manera coordinada para extraer recursos públicos. Las maniobras bajo la lupa incluyen el uso de la estructura de la ANDIS para favorecer a determinadas droguerías en las licitaciones de insumos.
El pago de coimas habría sido el motor para garantizar que los contratos fueran adjudicados a las empresas vinculadas a la red, evadiendo los mecanismos de control y competencia leal. Esta utilización de intermediarios y el direccionamiento sistemático no solo representan un grave perjuicio económico para las arcas estatales, sino que ponen en tela de juicio la ética en la gestión de servicios esenciales para la ciudadanía. Con el procesamiento ya dictado, la causa avanza hacia una etapa determinante para establecer las responsabilidades finales en este entramado de corrupción.
