El Senado debatirá en los próximos días el proyecto de Inocencia Fiscal, una reforma del Régimen Penal Tributario promovida por el Gobierno nacional que busca otorgar un marco de protección legal a los contribuyentes que decidan exteriorizar dólares no declarados. La iniciativa, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, tendrá alcance en todo el país y efectos directos sobre personas físicas y empresas, incluidas las radicadas en provincias como Catamarca.
El proyecto apunta a favorecer la remonetización en moneda dura en el marco del esquema de competencia de monedas y, al mismo tiempo, actualiza los montos a partir de los cuales la evasión tributaria pasa a ser considerada delito penal.
Según el texto, el piso para que la evasión simple sea tipificada como delito se elevaría de $1,5 millones a $100 millones. Ese monto, calculado en base al tipo de cambio vendedor del Banco Nación de $1475, equivale a aproximadamente 68.000 dólares. De aprobarse la ley, las operaciones por debajo de ese umbral dejarían de configurar un delito penal.
En paralelo, la iniciativa eleva el mínimo para la evasión agravada de $15 millones a $1000 millones. Además, crea un esquema simplificado del Impuesto a las Ganancias para personas físicas con ingresos anuales de hasta $1000 millones y patrimonios inferiores a $10.000 millones. En estos casos, el tributo se determinará en función de la facturación y no del patrimonio, según explicó el Gobierno.
El plan incorpora también un mecanismo que extingue la acción penal si el contribuyente cancela el capital y los intereses antes de que se formalice la denuncia. A su vez, introduce modificaciones en los plazos con los que cuenta el fisco para requerir información y en las vías administrativas para resolver conflictos tributarios.
Desde el Ejecutivo sostienen que el objetivo central de la reforma es brindar seguridad jurídica, reducir la litigiosidad y estimular la incorporación al sistema formal de los dólares que hoy se encuentran fuera del circuito financiero. La propuesta es presentada como una pieza clave del programa económico orientado a consolidar la estabilidad y ordenar los incentivos tributarios.
El proyecto también reconoce que muchos de los montos previstos en la legislación vigente quedaron desactualizados tras años de inflación, lo que derivó en procesos penales por cifras que hoy resultan bajas en términos reales. La iniciativa busca corregir esa distorsión mediante una suba significativa de los umbrales, aunque la actualización comenzaría a regir más adelante.
Las figuras más graves, como las maniobras dolosas, la insolvencia fiscal fraudulenta o la alteración de registros, se mantienen vigentes, al igual que sus sanciones, independientemente de los montos involucrados. En el caso de la evasión agravada, el esquema contempla penas más severas cuando se utilicen estructuras para ocultar identidades o se aprovechen beneficios fiscales de manera fraudulenta.
Multas y presentación fuera de término
El proyecto incluye, además, un sistema de multas automáticas para quienes presenten declaraciones juradas fuera de término. Tras críticas y consultas públicas, el ministro de Economía, Luis Caputo, aclaró cómo se aplicará este esquema.
Caputo explicó que, una vez vencido el plazo de presentación, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) no aplicará la sanción de manera inmediata. En su lugar, enviará un recordatorio otorgando un plazo adicional de entre 10 y 15 días hábiles. Recién una vez transcurrido ese período se procederá a la intimación formal y a la aplicación de la multa.
Según el ministro, el organismo tendrá en cuenta la cantidad de días de demora para graduar la sanción y distinguir entre incumplimientos ocasionales y conductas reiteradas, evitando así una aplicación automática e inflexible del castigo.
No obstante, el valor de las multas se incrementará de manera significativa. Las sanciones mínimas actuales, de $200 para personas humanas y $400 para empresas, pasarán a $220.000 y $440.000, respectivamente.