El Gobierno nacional avanzó en una nueva readecuación de partidas presupuestarias que impacta en organismos previsionales, el sistema de salud, las Fuerzas Armadas y las administraciones provinciales y municipales. La decisión contempla refuerzos financieros para la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), la Fuerza Aérea Argentina, la Armada Argentina y transferencias a las jurisdicciones subnacionales para atender gastos corrientes.
Según lo dispuesto, se realizaron ajustes en las cuentas financieras de la ANSES con el objetivo de reflejar correctamente las operaciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Este instrumento cumple un rol clave dentro del sistema previsional, ya que respalda el pago de jubilaciones y pensiones y participa en distintas inversiones financieras y productivas. La adecuación de estas partidas busca ordenar los registros contables del organismo en un contexto de reconfiguración del esquema fiscal impulsado por el Ejecutivo.
En paralelo, el Gobierno también adecuó los créditos presupuestarios vinculados a las obligaciones del Tesoro Nacional destinados a cubrir las necesidades de financiamiento del PAMI. El organismo, que brinda cobertura médica y social a jubilados y pensionados, atraviesa históricamente tensiones financieras asociadas al aumento de la demanda de prestaciones, el envejecimiento poblacional y la evolución de los costos del sistema de salud. En ese marco, el refuerzo presupuestario apunta a garantizar el normal funcionamiento del instituto y la continuidad de los servicios para sus afiliados.
Otro de los puntos relevantes de la reasignación de partidas fue el fortalecimiento del presupuesto destinado a las Fuerzas Armadas. En concreto, se asignó un refuerzo de $7.500 millones a la Fuerza Aérea Argentina, mientras que la Armada Argentina recibió $5.515 millones. Estas partidas se inscriben en un escenario de recomposición de recursos para el área de Defensa, que en los últimos años sufrió un deterioro sostenido en materia de equipamiento, mantenimiento y capacidad operativa. Si bien no se detallaron los destinos específicos de los fondos, se estima que podrían estar orientados a gastos de funcionamiento, logística y sostenimiento de las estructuras operativas.
Por último, el Gobierno dispuso transferencias por $8.000 millones a provincias y municipios para financiar gastos corrientes. Este tipo de envíos resulta clave para las administraciones locales, que enfrentan dificultades para cubrir compromisos básicos como salarios, servicios y funcionamiento general, en un contexto de restricción fiscal y caída de recursos propios.
Si bien en la normativa no se especifica el mecanismo exacto de asignación, distintas fuentes señalan que esta partida podría estar vinculada al reparto de fondos discrecionales conocidos como Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Estos recursos, administrados por el Ministerio del Interior, suelen utilizarse para asistir financieramente a las provincias ante situaciones de emergencia o desequilibrios fiscales.
En ese sentido, trascendió que durante el mes de diciembre el Gobierno aceleró el reparto de estos fondos entre los gobernadores considerados aliados, en el marco de las negociaciones políticas y legislativas de fin de año. La distribución de los ATN suele generar debate, ya que su asignación no responde a criterios automáticos de coparticipación, sino a decisiones discrecionales del Poder Ejecutivo.
La nueva readecuación presupuestaria se inscribe así en una estrategia más amplia de administración del gasto público, que combina el ajuste fiscal con reasignaciones selectivas de recursos hacia áreas consideradas prioritarias por el Gobierno. En un contexto de fuerte control del déficit y tensiones con las provincias, estas decisiones adquieren una relevancia política y económica central.