La Cámara de Diputados se dispone a abrir el debate sobre la modificación de la Ley de Glaciares, en el inicio del período de sesiones ordinarias del Congreso. La iniciativa, que ya obtuvo media sanción en el Senado, comenzará su tratamiento en la Cámara Baja impulsada por la bancada de La Libertad Avanza, con un esquema de trabajo que apunta a llevarla al recinto el jueves 12 de marzo.

El proyecto modifica la Ley de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial y se inscribe en una discusión que combina definiciones productivas, ambientales e institucionales. Mientras el oficialismo busca sostener los acuerdos alcanzados en la Cámara alta, desde la oposición y desde organizaciones ambientales reclaman mayores instancias de participación pública.

Cronograma legislativo y estrategia oficial

El tratamiento quedará en manos de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, presididas por los diputados libertarios José Peluc y Nicolás Mayoraz, respectivamente.

El cronograma definido por el oficialismo establece una secuencia precisa:

Inicio del análisis del proyecto: hoy.

Audiencias públicas: martes 10 de marzo, durante toda la jornada.

Firma de dictámenes: miércoles 11 de marzo.

Sesión en el recinto: jueves 12 de marzo, convocada por la presidencia de la Cámara Baja.

De concretarse esa convocatoria, se trataría de la primera sesión del período ordinario.

En la Casa Rosada confían en mantener en Diputados los acuerdos con los gobernadores que acompañaron la sanción en el Senado. Sin embargo, el antecedente en la Cámara alta dejó en evidencia diferencias dentro de algunos espacios aliados.

En aquella votación, parte del PRO se manifestó en contra del proyecto. También votó negativamente la senadora por Chubut Edith Terenzi, cercana al gobernador Ignacio Torres. Por su parte, la neuquina Julieta Corroza se abstuvo con el aval del mandatario provincial Rolando Figueroa. Estos matices marcan un escenario donde el oficialismo deberá consolidar apoyos para repetir el resultado obtenido el jueves 26 de febrero, cuando logró aprobar los cambios en el tramo final de las sesiones extraordinarias.

Objeciones desde la oposición

Desde la Coalición Cívica, el diputado Maximiliano Ferraro, junto a legisladores de Provincias Unidas, solicitó formalmente a las autoridades de las comisiones la realización de audiencias públicas para el tratamiento del proyecto.

El pedido fue acompañado por los diputados: María Inés Zigarán; Carolina Basualdo; Pablo Juliano; Pablo Farías; Juan Brügge y Nicolás Massot.

Ferraro fundamentó la solicitud al advertir que se trata de una reforma que "podría implicar una reducción en los niveles de protección ambiental actualmente vigentes". En ese sentido, sostuvo: "Entendemos imprescindible garantizar una instancia de participación pública amplia, plural y efectiva". Además, agregó: "La modificación de un régimen de presupuestos mínimos ambientales, más aún cuando involucra reservas estratégicas de agua, no puede avanzar sin debate técnico, transparencia institucional y respeto por el principio de no regresión ambiental".

Las expresiones del legislador colocan en el centro de la discusión el alcance de la reforma y sus eventuales efectos sobre los estándares de protección ambiental vigentes.

El reclamo de las organizaciones ambientales

Diversas organizaciones ambientales también reclamaron la realización de audiencias públicas para debatir el proyecto. Entre las entidades que impulsaron el pedido se encuentran: Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN); Círculo de Políticas Ambientales; Greenpeace Argentina; Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas; Fundación Biodiversidad y Aves Argentina.

Las organizaciones remarcaron que la Ley de Glaciares constituye un instrumento de ordenamiento ambiental del territorio, destinado a proteger ecosistemas estratégicos para la provisión de agua y la regulación climática.

En ese marco, recordaron que el artículo 21 de la norma establece que la participación ciudadana debe garantizarse en los planes y programas de ordenamiento ambiental del territorio, especialmente en las etapas de planificación y evaluación.

También señalaron que el artículo 7 del Acuerdo de Escazú, ratificado por la Argentina mediante la Ley 27.566, obliga a garantizar la participación pública en los procesos de toma de decisiones, revisiones o actualizaciones en asuntos ambientales que puedan tener un impacto significativo. En particular, el inciso 5 de ese artículo dispone que los procedimientos deben contemplar plazos razonables que permitan una participación efectiva e informada.

El alcance de la modificación

El oficialismo logró aprobar los cambios en el Senado el jueves 26 de febrero. La modificación apunta a priorizar actividades productivas como la minería y la explotación hidrocarburífera en provincias como Mendoza, San Juan, Catamarca, Jujuy y Salta, además de facilitar la llegada de proyectos mineros internacionales.

El proyecto habilita la posibilidad de realizar explotación de recursos naturales en glaciares que no sean considerados hídricamente relevantes o que no cumplan una función hídrica. En la legislación vigente, esa posibilidad está prohibida.

Así, el debate en Diputados no solo pondrá en discusión el contenido técnico de la reforma, sino también el alcance de la participación pública y el equilibrio entre desarrollo productivo y protección ambiental. Con un cronograma acelerado y posiciones ya expresadas, la definición en el recinto del 12 de marzo se proyecta como un punto de inflexión en la política ambiental argentina.