La Confederación General del Trabajo (CGT) presentó este lunes una acción de amparo colectivo ante la Justicia laboral con el objetivo de frenar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 340/2025, firmado por el presidente Javier Milei, que establece nuevas restricciones al derecho a huelga y amplía el listado de actividades consideradas servicios esenciales.
La presentación fue realizada ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N.º 3, a cargo de la jueza Moira Fullana. La acción legal fue elaborada por un equipo de abogados sindicales integrado por Federico West Ocampo (Sanidad), Hugo Moyano (h.) y Marta Pujadas (UOCRA), quienes consideran que el decreto representa "un ataque directo al derecho de huelga" y que es "inconstitucional".
La CGT recurrió al fuero laboral de manera estratégica, en virtud de antecedentes favorables como el fallo que suspendió parcialmente el DNU 70/23 a fines de 2023, cuando el actual gobierno llevaba pocas semanas en funciones y buscaba avanzar con una reforma laboral por decreto.
En el escrito, al que accedió LA NACION, la central obrera detalla siete argumentos clave en los que se basa su pedido de nulidad del decreto:
Ataque directo al derecho a huelga: se denuncia que el DNU amplía arbitrariamente la lista de actividades esenciales y fija niveles mínimos de prestación del 75% al 50%, lo que en la práctica impide la realización de medidas de fuerza legítimas.
Violación a normas constitucionales e internacionales: se menciona que el decreto vulnera el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como tratados internacionales que protegen la libertad sindical.
Uso inconstitucional del DNU: se cuestiona que el Ejecutivo haya recurrido a un decreto sin que existan razones de necesidad y urgencia, en un contexto de normal funcionamiento del Congreso, lo que torna inválido el instrumento.
Pedido de medida cautelar: se solicita la suspensión inmediata de los artículos 2° y 3° del DNU para evitar "perjuicios irreparables" al movimiento obrero mientras se resuelve la cuestión de fondo.
Regresividad normativa: la CGT denuncia que el decreto reemplaza por completo el artículo 24 de la Ley 25.877, endureciendo las restricciones al derecho a huelga y provocando un retroceso en los derechos adquiridos.
Afectación a la negociación colectiva: argumentan que limitar el derecho a huelga debilita el poder sindical en las negociaciones laborales, consolidando un esquema de relaciones desiguales entre empleadores y trabajadores.
Legitimación activa de la CGT: la acción judicial fue presentada en nombre de todos los trabajadores del país, en tanto la CGT cuenta con personería gremial de tercer grado y representación nacional.
Fuentes sindicales indicaron además que las dos vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) evalúan realizar presentaciones judiciales similares en los próximos días, en rechazo al mismo decreto.
