En una decisión considerada histórica, el juez federal Daniel Rafecas resolvió este jueves avanzar con el juicio en ausencia contra los diez imputados por el atentado a la sede de la AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994 en Buenos Aires, y que dejó 85 muertos y más de 150 heridos.
La medida judicial, solicitada por la Unidad Fiscal de Investigación AMIA (UFI AMIA), fue celebrada por el Gobierno nacional y por organizaciones de familiares de víctimas, quienes reclamaban hace décadas una instancia judicial concreta para juzgar a los principales acusados, todos ellos prófugos y fuera del país.
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, destacó que "gracias a la ley de juicio en ausencia que impulsamos, la Justicia ahora tiene las herramientas para juzgar a los terroristas iraníes y libaneses de Hezbollah que planificaron y ejecutaron el peor atentado de nuestra historia".
La resolución de Rafecas se apoya en la nueva legislación nacional recientemente reglamentada y en tratados internacionales firmados por la Argentina. Permite avanzar en el proceso judicial sin la presencia física de los acusados, quienes serán representados por defensores oficiales, con garantías procesales y derecho a la defensa, conforme establece el derecho internacional.
El secretario de Justicia, Sebastián Amerio, subrayó que la ley "sienta un precedente fundamental" y remarcó que evita que crímenes de lesa humanidad o de terrorismo queden impunes. "Estamos dándole justicia a los familiares después de más de 30 años de espera", afirmó.
La implementación de este procedimiento contempla audiencias públicas, el intercambio de información con organismos internacionales y la intervención de familiares y representantes de las víctimas, quienes respaldaron la medida.
La Justicia avanzará con medidas probatorias y la citación formal de los imputados. Voceros judiciales señalaron que, en caso de incomparecencia injustificada, el proceso podrá continuar y desembocar en una sentencia firme.
Desde el Ejecutivo remarcaron que esta acción responde a una deuda pendiente del Estado argentino en materia de memoria, verdad y justicia, y reafirmaron su compromiso de profundizar la lucha contra el terrorismo y fortalecer la cooperación internacional.
Con este fallo, por primera vez se abre la posibilidad real de que los responsables señalados por la Justicia argentina enfrenten un proceso formal, más de tres décadas después del atentado que marcó a fuego la historia contemporánea del país.
