El Gobierno nacional confirmó este martes que presentó ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, una solicitud de medidas provisionales para impedir la explotación de hidrocarburos por parte del Reino Unido en la plataforma continental de la Cuenca Malvinas Norte.

La presentación fue realizada por los abogados de la Procuración del Tesoro y la Consejería Legal de la Cancillería, como parte de la estrategia jurídica y diplomática de la administración de Javier Milei para defender la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y los recursos naturales existentes en los espacios marítimos circundantes.

El anuncio se conoció mediante un comunicado de la Oficina del Presidente, en el que el Ejecutivo explicó que la solicitud tiene como propósito preservar los derechos soberanos argentinos sobre su plataforma continental y evitar que las actividades autorizadas unilateralmente por el Reino Unido agraven la controversia reconocida por las Naciones Unidas.

El objetivo concreto del planteo es que el tribunal haga lugar a una medida cautelar que suspenda las operaciones de las empresas petroleras que desarrollan proyectos en las aguas próximas al archipiélago, específicamente en la denominada Cuenca Norte.

La iniciativa abre un nuevo capítulo en la disputa diplomática y jurídica por la soberanía de las Malvinas. El Gobierno busca que el reclamo argentino tenga un efecto inmediato sobre las actividades hidrocarburíferas cuestionadas, mientras continúa el procedimiento arbitral iniciado a fines de septiembre.

La presentación se apoya en la Convención del Derecho del Mar

El pedido presentado ante el tribunal internacional se encuentra enmarcado en el procedimiento arbitral que el Gobierno nacional inició el 28 de septiembre de 2026, conforme al Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).

Según explicó la administración nacional, ese procedimiento tiene como finalidad defender la soberanía argentina y los recursos naturales del país. La solicitud de medidas provisionales busca actuar mientras se encuentra pendiente la constitución del tribunal arbitral correspondiente.

El fundamento jurídico invocado por el Estado argentino es el artículo 290, inciso 5, de la CONVEMAR, que contempla la posibilidad de solicitar medidas provisionales durante ese período, bajo determinadas condiciones. La disposición establece que, mientras esté pendiente la constitución de un tribunal arbitral, cualquiera de las partes involucradas en una controversia puede solicitar al Tribunal Internacional del Derecho del Mar que prescriba medidas provisionales para preservar los derechos respectivos de las partes o prevenir daños graves al medio marino, cuando la urgencia de la situación así lo requiera.

A partir de ese argumento, la Argentina pretende que el tribunal intervenga para evitar que las actividades petroleras autorizadas por el Reino Unido continúen avanzando mientras se desarrolla el proceso de resolución de la controversia.

La solicitud no se limita, por lo tanto, a reiterar el reclamo histórico de soberanía, sino que busca obtener una medida concreta destinada a suspender las operaciones cuestionadas en la Cuenca Malvinas Norte.

El artículo 290, inciso 5, como eje del pedido argentino

La presentación oficial destacó expresamente el alcance de la norma internacional utilizada como sustento del reclamo. De acuerdo con el comunicado, el artículo 290, inciso 5, de la CONVEMAR permite solicitar medidas provisionales para proteger los derechos de las partes durante el período previo a la constitución del tribunal arbitral.

El planteo argentino se apoya en tres objetivos principales:

Preservar los derechos soberanos: proteger los derechos que el país reivindica sobre su plataforma continental.

Evitar el agravamiento de la controversia: impedir que las actividades autorizadas unilateralmente por el Reino Unido profundicen el conflicto reconocido por las Naciones Unidas.

Prevenir daños graves al medio marino: recurrir a las medidas provisionales contempladas en la convención cuando la urgencia de la situación lo requiera.

La utilización de este mecanismo jurídico constituye el instrumento elegido por el Ejecutivo para intentar frenar las operaciones petroleras mientras se sustancia el procedimiento arbitral.

En ese contexto, la solicitud procura que el tribunal internacional examine la necesidad de adoptar medidas preventivas frente a los proyectos de hidrocarburos en la Cuenca Norte, sin esperar a que concluya la instancia arbitral iniciada por la Argentina.

Qué dijo Pablo Quirno

El canciller Pablo Quirno definió la presentación argentina como un "hecho sin precedentes" y señaló que la iniciativa busca que el Reino Unido cese las acciones unilaterales en la Cuenca Norte de las Islas Malvinas. La declaración se inscribe en la estrategia diplomática del Gobierno para cuestionar las actividades británicas relacionadas con la explotación de hidrocarburos en los espacios marítimos cuya soberanía reclama la Argentina.

El Ejecutivo considera que las autorizaciones unilaterales del Reino Unido agravan la controversia y, por esa razón, procura que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar disponga medidas que impidan la continuidad de las operaciones mientras se encuentra pendiente la constitución del tribunal arbitral.

La intervención del canciller también pone de relieve el papel de la Cancillería en la articulación de los argumentos jurídicos que sustentan la presentación, junto con los abogados de la Procuración del Tesoro. De esta manera, el reclamo combina la defensa diplomática de la soberanía con la utilización de mecanismos previstos en la normativa internacional sobre el derecho del mar.

Una nueva etapa en la estrategia argentina por las Malvinas

El reclamo ante el tribunal con sede en Hamburgo constituye un nuevo capítulo de la política de la administración libertaria para sostener la reivindicación argentina sobre el archipiélago y los recursos naturales de los espacios marítimos circundantes.

La estrategia mencionada por el Gobierno incluye, además de la presentación internacional, sanciones económicas y un proyecto de ley orientado a reforzar la seguridad, la defensa y el control de los recursos del país. Estas iniciativas forman parte del conjunto de acciones con las que el Ejecutivo busca respaldar el reclamo de soberanía y responder a las actividades británicas que considera unilaterales e ilegales.

En el caso específico de la explotación petrolera, el planteo ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar apunta a detener las operaciones proyectadas en la Cuenca Malvinas Norte mediante una medida provisional. El Gobierno procura que la actividad hidrocarburífera no avance mientras continúa la controversia sometida al procedimiento arbitral.

El resultado de la solicitud será relevante para el objetivo inmediato planteado por la administración nacional: obtener una resolución que suspenda las operaciones de las petroleras en las aguas circundantes a las islas.