La renuncia de Marco Lavagna al frente del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) marcó un punto de inflexión político para el gobierno de Javier Milei. Nadie lo desplazó formalmente: se fue solo, tras semanas de diferencias con el Presidente en torno a la metodología de medición de la inflación. El domingo mantuvo una conversación con Milei y el lunes presentó su dimisión. Desde entonces, optó por el silencio y se resguardó en su ámbito privado, transmitiendo a su entorno que cumplió su tarea con seriedad y que buscaba cerrar una etapa.

La salida abrupta dejó disconformes a todos los actores del sistema político y abrió un interrogante de difícil alcance sobre la reputación estadística del Gobierno libertario. En la discusión pública, la percepción cotidiana del deterioro del poder adquisitivo terminó imponiéndose al número oficial, en un debate que vuelve a poner en el centro la "sensación térmica" del bolsillo, especialmente sensible en provincias como Catamarca, donde los ingresos y el costo de vida tienen márgenes más estrechos.

Desde el entorno presidencial describen que Milei actuó por impulso y desconfianza. "Cuando se convence de algo, acelera", sintetiza un allegado. El Presidente habló de una posible "emboscada", aunque sin pruebas concretas. La salida de Lavagna se concretó en términos formales correctos, con el ministro de Economía, Luis Caputo, a cargo de la comunicación oficial.

Sin rodeos, Caputo expuso el desacuerdo del Gobierno con una metodología que hasta días antes defendía públicamente y admitió que se resolvió no modificarla para evitar un sobresalto inflacionario que pusiera en riesgo el plan económico. Reveló incluso que Lavagna lo llamó para desmentir versiones periodísticas, aunque el ex titular del INDEC optó por no hacer declaraciones.

En la oposición, particularmente en el massismo, el malestar fue evidente. Cuestionaron que Lavagna no haya brindado una conferencia pública para explicar lo sucedido. Dirigentes recuerdan que Sergio Massa no mantiene diálogo con él desde hace dos años. Su continuidad en el cargo durante el inicio del gobierno libertario había sido facilitada por Ramiro Marra y Eugenio Casielles, dirigentes del primer círculo de Milei que luego quedaron desplazados del núcleo de poder.

Estadísticas bajo sospecha y conflicto social en aumento

A partir de ahora, cada dato que difunda el INDEC quedará envuelto en disputas sin un árbitro claro, en un contexto de creciente conflictividad social. Esta semana, el Gobierno debió dictar la conciliación obligatoria en el conflicto salarial con los trabajadores ferroviarios, mientras los sindicatos comenzaron a poner en duda las cifras oficiales de inflación para sostener medidas de fuerza.

La falta de actualización de la canasta de precios reavivó el debate sobre otras estadísticas oficiales. El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) advierte sobre cuatro indicadores cuestionados: el crecimiento del empleo no registrado; la medición de la pobreza, donde la Canasta Básica Total subestima el peso de servicios y transporte; las estadísticas de turismo, tras la discontinuación de encuestas clave; y el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), luego de revisiones significativas aplicadas en septiembre de 2025 que evitaron el diagnóstico de recesión.

Ahorro fiscal y pérdida de poder adquisitivo

Un informe del Banco Provincia sumó otro elemento a la controversia. Según el estudio, la decisión de no actualizar la metodología del IPC implicaría un ahorro cercano a los 5 billones de pesos por la menor actualización de prestaciones sociales y pagos vinculados a títulos ajustados por CER. Esa cifra equivale a casi el 0,5% del PBI y supera el total de los depósitos del Tesoro Nacional en el Banco Central a fines de enero.

El documento sostiene que, en paralelo, la recaudación se ajusta automáticamente al nivel real de precios, lo que permitiría que los ingresos crezcan por encima del gasto por razones puramente estadísticas. Para un gobierno con fuerte énfasis en el equilibrio fiscal, el beneficio resulta evidente.

El atraso metodológico deja a la Argentina muy rezagada frente a la región: Uruguay utiliza consumos de 2022 y Chile de 2023. El impacto más sensible aparece en el poder adquisitivo. Según el mismo informe, la caída del salario real privado registrado entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 pasa de -1,2% a -7,7% si se actualiza la canasta, una diferencia que se siente con fuerza fuera del Área Metropolitana, en provincias como Catamarca.

Congreso, reformas y pulseada con los gobernadores

Mientras intenta cerrar el capítulo del INDEC, el Gobierno enfrenta semanas decisivas en el Congreso. La reforma laboral domina la agenda y el eje de la discusión no es técnico sino fiscal. El peronismo en el Senado apuesta a que Milei no retire el capítulo impositivo que reduce el impuesto a las Ganancias empresarias, clave para la coparticipación provincial. De mantenerse, el quórum podría complicarse.

La negociación con gobernadores es central. El Ejecutivo evalúa aplicar una baja tributaria gradual para moderar el impacto en las finanzas provinciales, alternativa que desplaza la opción de coparticipar el impuesto al cheque, considerada inviable por varias jurisdicciones.

En paralelo, el Gobierno activó un esquema de transferencias selectivas. En enero, las transferencias no automáticas a provincias cayeron 65,4% interanual en términos reales, aunque se registraron pagos extraordinarios a cajas previsionales provinciales, con desembolsos concentrados en Entre Ríos, Córdoba y La Pampa.

Conflictividad social y desafío económico

La CGT cuenta con apoyos limitados en el Senado y logró apenas convocar a una movilización. El paro general quedaría, por ahora, para el debate en Diputados. En la Casa Rosada buscan evitar el tratamiento artículo por artículo y proponen votar por capítulos para reducir riesgos políticos, en un contexto de protestas y tensión social creciente.

El mes comenzó con conflictos visibles: reclamos ferroviarios, paros sectoriales y la reaparición de medidas de fuerza en grandes plantas industriales. Para el Presidente, el foco se desplazó definitivamente a la microeconomía. El déficit fiscal dejó de ser el centro del debate, pero el deterioro del salario disponible, agravado por la quita de subsidios en transporte y servicios, se convirtió en el principal desafío político y social.

El Gobierno apuesta al crédito y a la obra pública financiada con capital privado como motores de reactivación, mientras busca cerrar la semana con dos victorias legislativas de alto impacto: la reforma laboral y el régimen penal juvenil.

Reordenamiento opositor

En paralelo, el peronismo inició un proceso de reordenamiento interno en la provincia de Buenos Aires. Axel Kicillof asumirá la presidencia del PJ bonaerense, secundado por Verónica Magario, tras un acuerdo que redistribuye el poder entre los distintos sectores. Desde La Cámpora bajan el tono del conflicto y hablan de una etapa de unidad, aunque persisten tensiones en distritos clave.

El reacomodamiento opositor aparece, por ahora, como un proceso incipiente frente a un Gobierno que avanza aprovechando la fragmentación política. Para Milei, el desafío ya no es solo sostener el ajuste, sino lograr que la economía cotidiana empiece a dar señales concretas en el bolsillo.