El presidente Javier Milei ha tomado una postura firme sobre el tema de los traslados penitenciarios vinculados a la identidad de género, anunciando que las personas privadas de libertad no podrán solicitar un cambio de penal basándose en este criterio. Esta decisión surge tras el escándalo generado por la solicitud de "Guille" Cantero, líder de la banda narco "Los Monos", quien pidió cambiar su identidad de género para recibir visitas de otros hombres. En este artículo, analizamos las implicancias de esta medida y su impacto en el sistema penitenciario y la sociedad.

Milei anuncia medidas restrictivas ante el abuso de la identidad de género en la cárcel

El presidente Javier Milei expresó su intención de terminar con lo que calificó como una "estupidez", refiriéndose a las solicitudes de traslados basadas en la identidad de género de los reclusos. En una declaración tajante, aseguró que se prohibiría esta práctica y que su gobierno impulsaría una normativa para que los sistemas penitenciarios provinciales adopten esta nueva directriz. Según Milei, aquellos que no se adhieran a la ley estarán "premiando la creatividad de los criminales" y faltando el respeto a las víctimas.

El escándalo de "Los Monos" y los hábeas corpus presentados

El desencadenante de esta medida fue la revelación de que "Guille" Cantero, líder de "Los Monos", había solicitado a través de más de diez hábeas corpus un cambio de género, lo que le permitiría recibir visitas de otros hombres. Aunque los detalles sobre los motivos de estas solicitudes no se conocen completamente, se especula que Cantero intentaba ampliar su círculo de visitas dentro de la prisión. Esta situación provocó un debate sobre la posibilidad de que los reclusos abusaran del derecho a la identidad de género para obtener beneficios dentro del sistema penitenciario.

Propuesta legislativa: impedir que los condenados cambien de género

En respuesta a este tipo de incidentes, el diputado Álvaro Martínez de La Libertad Avanza presentó un proyecto de ley para prohibir que las personas condenadas por la Justicia puedan solicitar un cambio de género. La iniciativa no solo se aplica a aquellos que ya han sido condenados, sino también a menores de 18 años. Martínez argumentó que, si bien todos los ciudadanos tienen derecho al reconocimiento de su identidad, los derechos individuales no deben vulnerar los derechos de los demás. En su intervención, explicó que las acciones de algunos reclusos que afectan a otros internos deben ser limitadas para evitar situaciones que pongan en riesgo la seguridad y el bienestar de los demás.

El caso del penal de Bouwer y sus implicancias

El debate sobre los traslados por identidad de género se intensificó luego de que se conociera el caso de un recluso del penal de Bouwer, en Córdoba, que solicitó ser trasladado al pabellón de mujeres tras cambiar su género. Tras algunos años en esa situación, fue acusado de abusar de una compañera de celda, dejándola embarazada. Este incidente provocó un fallo judicial que ordenó el traslado del recluso a una celda sin contacto con otros internos, argumentando que sus derechos no debían estar por encima de los derechos de las 481 mujeres que habitan en la prisión.

Impacto y reacciones frente a las nuevas medidas

La decisión del presidente Milei y la propuesta legislativa presentada por el diputado Martínez han generado un debate en la sociedad argentina sobre el balance entre los derechos individuales y la seguridad en el sistema penitenciario. Los críticos argumentan que esta medida podría ser un paso atrás en el reconocimiento de los derechos de las personas trans, mientras que los defensores consideran que es necesario regular la aplicación de estos derechos en contextos específicos como el penal.