La escena política argentina sumó este jueves un nuevo foco de tensión tras la media sanción de la reforma laboral en el Senado. En un movimiento coordinado, los gobiernos de Buenos Aires, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones y Tierra del Fuego elevaron un pedido formal y urgente al Ejecutivo nacional encabezado por el presidente Javier Milei. La exigencia es clara: la convocatoria inmediata al Consejo Federal del Trabajo (CFT) para analizar los pormenores de una iniciativa que, según denuncian, impactará de manera directa en sus estructuras territoriales.
El planteo fue dirigido específicamente al secretario de Trabajo de la Nación, Julio Cordero, a través de una nota firmada por las máximas autoridades laborales de las seis jurisdicciones. En el documento, los ministros y secretarios provinciales subrayaron que una discusión de tal magnitud no puede quedar circunscripta exclusivamente a las paredes del Congreso Nacional. Por el contrario, sostuvieron que es imperativo incorporar la visión técnica y política de cada distrito antes de que el proyecto continúe su camino legislativo en la Cámara de Diputados.
El rol de las provincias como actores imprescindibles
El reclamo, plasmado en un comunicado titulado "El peso de un reclamo federal", pone el foco en la relevancia institucional de las provincias en la gestión de la conflictividad laboral. Los firmantes —entre los que destaca el ministro de Trabajo bonaerense, Jorge Walter Correa— argumentaron que sus administraciones son actores imprescindibles en el diseño de cualquier modelo nacional. Según explicaron, son las provincias quienes enfrentan día a día la realidad del empleo y los conflictos en sus territorios, además de poseer las facultades de inspección que la nueva ley podría alterar de forma significativa.
Para dar sustento legal a su exigencia, las provincias recordaron la vigencia del Pacto Federal del Trabajo (Ley 25.212). Dicha normativa establece que el CFT tiene la obligación de sesionar al menos una vez cada tres meses. Las autoridades provinciales indicaron que este plazo debe respetarse a rajatabla, especialmente cuando se debaten reformas que comprometen intereses laborales, fiscales y los esquemas de inspección que dependen directamente de las órbitas jurisdiccionales. "El CFT no puede ser una mera caja de resonancia; es una herramienta de solución a problemáticas concretas", sentenciaron en la misiva presentada ante la Secretaría de Trabajo.
El pedido de convocatoria presencial ocurre en un momento de alta sensibilidad política, donde la media sanción en el Senado dejó al descubierto las diferentes estrategias de los mandatarios. Mientras que los senadores que responden directamente a los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego) votaron en bloque contra la reforma, el caso de Misiones presenta una particularidad que añade complejidad al reclamo.
A pesar de que el área laboral misionera firmó el pedido ante Nación, los senadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut —quienes responden al exgobernador Carlos Rovira, jefe político del actual mandatario Hugo Passalacqua— fueron piezas fundamentales para que la iniciativa del Gobierno nacional lograra la aprobación en la Cámara Alta.
Con este pedido de sesión exclusiva en el CFT, los gobernadores intentan trasladar el debate al plano federal y generar una instancia de presión institucional antes de la votación definitiva, remarcando que es absolutamente necesario que la realidad de cada región sea escuchada ante la magnitud de la reforma propuesta.
