Reforma de la Ley de Glaciares: arranca una audiencia clave con 200 oradores
La Cámara de Diputados inicia el debate con un esquema mixto de participación que genera cuestionamientos de la oposición y organizaciones ambientalistas. Más de 100 mil inscriptos reflejan la magnitud del interés y la controversia en torno a la iniciativa.

La Cámara de Diputados dará inicio este miércoles a las 10 de la mañana a la primera audiencia pública sobre la reforma de la Ley de Glaciares, aprobada previamente por el Senado, en un contexto marcado por la alta participación y las tensiones políticas.

El esquema diseñado por La Libertad Avanza (LLA) contempla un formato mixto, que combina instancias presenciales y virtuales. En total, se prevé la participación de unos 400 oradores, distribuidos en dos jornadas consecutivas:

  • Miércoles: 200 expositores en modalidad presencial.
  • Jueves: otros 200 participantes mediante sistema remoto.

El interés por el debate quedó reflejado en una cifra contundente: más de 100 mil inscriptos para participar, lo que obligó a implementar un sistema de selección que dejó a muchos fuera de las exposiciones orales.

El formato mixto, eje de la controversia

La modalidad definida por el oficialismo fue uno de los puntos más cuestionados. El sistema mixto —presencial y virtual— fue rechazado por organizaciones ambientalistas y sectores de la oposición, que consideran insuficiente el espacio de participación.

Además de los 400 oradores habilitados, el resto de los inscriptos podrá intervenir únicamente a través de presentación de escritos y envío de videos mediante plataforma digital.

Esta limitación generó críticas sobre el alcance real del proceso participativo, en un debate que involucra a actores de todo el país.

Restricciones y organización del debate

Los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales, José Peluc y Nicolás Mayoraz, ratificaron las condiciones de la audiencia.

Entre los aspectos organizativos más relevantes se destacan:

  • El ingreso al edificio se habilitará a las 9:00, por la intersección de Mitre y Riobamba.
  • Solo podrán acceder a la sala quienes hayan sido fehacientemente notificados por correo electrónico.
  • La actividad será transmitida por los medios oficiales de la Cámara y contará con cobertura de prensa acreditada.

Asimismo, se estableció que:

  • Los diputados tendrán acceso pleno a la sala.
  • Los bloques deberán limitar la cantidad de asesores según lo previamente comunicado.

Uno de los puntos más sensibles será el tiempo de exposición: cada orador contará con un máximo de cinco minutos, lo que obligará a una estricta coordinación para permitir la participación de casi 200 expositores en una sola jornada.

Reclamos de la oposición y organizaciones

La dinámica del debate ya anticipa conflictos en su desarrollo. Desde bloques como Provincias Unidas, Unión por la Patria y sectores de la izquierda, se adelantó que reclamarán la extensión de las audiencias públicas, al considerar insuficiente el tiempo asignado.

Este pedido también fue impulsado por organizaciones ambientalistas, que buscan ampliar la participación y garantizar que más voces puedan ser escuchadas en un tema de alto impacto. Sin embargo, el oficialismo decidió mantener las fechas originales, fijadas para el 25 y 26 de marzo, sin modificaciones.

Intervención judicial y cautelares en disputa

El proceso legislativo también se encuentra atravesado por presentaciones judiciales. Un grupo de particulares solicitó la suspensión de las audiencias públicas mediante una medida cautelar, pero el pedido fue rechazado por el juez Enrique Regeuira, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 5.

La demanda había sido presentada por el abogado Jonatan Baldiviezo, junto con la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad y la ingeniera María Eva Koutsovitis.

En paralelo, existe otra cautelar impulsada por organizaciones ambientalistas —entre ellas:

  • Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)
  • Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas
  • Red Universitaria por la Crisis Climática
  • Greenpeace

Este planteo recayó en el Juzgado Contencioso N° 7, a cargo de Enrique Lavié Pico, quien aún no se ha expedido sobre el pedido.

Las organizaciones solicitaron que se ordene al Congreso garantizar la participación oral de todos los inscriptos, ampliando así el alcance de las audiencias.