Este jueves comenzará una audiencia clave en la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal para definir el futuro del decomiso de bienes en la causa Vialidad, que alcanza a Cristina Fernández de Kirchner y a Lázaro Báez.

El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) había fijado en $685.000 millones el total del daño a reparar, cifra equivalente a unos US$530 millones. La defensa de la expresidenta rechaza ese cálculo y sostiene que el monto debería reducirse a unos $42.000 millones, tomando como referencia la tasa pasiva promedio del Banco Central en lugar del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Además, insiste en que el trámite debería pasar al fuero civil y comercial federal.

La audiencia, a cargo de los jueces Mariano Hernán Borinsky, Gustavo M. Hornos y Diego G. Barroetaveña, reunirá a las defensas de Cristina Kirchner y Báez, quienes también objetan el decomiso. En el caso de Báez, argumenta que la cuestión ya es tratada en el marco de la causa "Ruta del Dinero K" por el TOF 4.

El presidente de la Sala IV, Borinsky, confirmó que los recursos de casación de la expresidenta se analizarán de manera conjunta. En tanto, el TOF 2, presidido por Jorge Gorini, había rechazado la nulidad planteada contra el índice de actualización utilizado para calcular el decomiso.

El 17 de junio pasado, la Corte Suprema dejó firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Cristina Kirchner por administración fraudulenta. A partir de esa decisión, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola quedaron a cargo de identificar los bienes a decomisar.

Entre las propiedades señaladas figuran al menos dos inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires, los departamentos del complejo Madero Center y unas 24 propiedades en el sur del país. Parte de esos bienes están embargados en la causa Hotesur-Los Sauces, lo que abre una nueva discusión jurídica. Los fiscales plantean que deben subastarse en el marco de Vialidad, la primera causa en llegar a sentencia.

La Corte Suprema, en una acordada reciente, habilitó la posibilidad de que los inmuebles decomisados sean destinados a programas sociales, educativos, de salud o asistencia, o incluso puestos a disposición del propio tribunal o del Consejo de la Magistratura.

Por lo pronto, la audiencia de este jueves se centrará en los cuestionamientos al monto y al fuero. Luego, la Cámara de Casación contará con cinco días hábiles para resolver.